Italia decreta suspensión temporal de acuerdo Schengen con España y activa verificaciones en fronteras por crisis migratoria

Italia decretó este viernes la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España, en una medida que el Gobierno de Roma presenta como una suspensión temporal del acuerdo de libre circulación Schengen, desencadenada por la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos.

De acuerdo con la información de la agencia EFE, la decisión fue adoptada por el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, tras una reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras.

Por el momento no se ha precisado cuánto tiempo durarán los controles ni qué implicará exactamente para los viajeros, aunque lo más probable es que la policía realice verificaciones aleatorias de documentos para evitar largas colas en los accesos.

Antonio Tajani, vicepresidente del Gobierno italiano y titular de Exteriores, respaldó la medida en sus redes sociales.

«La suspensión temporal del espacio Schengen con España es una decisión necesaria para salvaguardar la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas. Una medida prevista en los tratados y que hoy se ha vuelto inevitable», escribió.

Sin embargo, expertos jurídicos y figuras europeas de primer nivel advirtieron de inmediato que la retórica italiana va más allá de lo que permite el derecho comunitario. Josep Borrell, ex Alto Representante de la UE para Política Exterior, fue tajante en X: «Bajo la ley de la UE, ningún Estado miembro puede suspender unilateralmente la participación de otro en Schengen».

La profesora de derecho Marie-Laure Basilien-Gainche, de la Universidad Lyon 3, lo explicó con igual claridad a la AFP: «En el marco de Schengen no existe ninguna disposición para este tipo de acción. Un Estado no puede expulsar unilateralmente a otro del espacio».

Lo que sí contempla la normativa europea es la reintroducción temporal de controles fronterizos ante una amenaza grave para la seguridad interior o ante movimientos no autorizados, repentinos y de gran escala de nacionales de terceros países, que es precisamente lo que Italia ha activado, aunque su comunicado oficial habló de «cierre de fronteras», una formulación que el corresponsal de Radio Nacional de España en Roma, Jordi Barcia, calificó de imprecisa: «Italia no puede cerrar sus fronteras con otro país dentro de Schengen».

Finlandia y Dinamarca también se sumaron al debate. La ministra del Interior finlandesa, Mari Rantanen, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, plantearon la posibilidad de excluir a España del espacio de libre circulación, aunque tampoco tienen potestad legal para ello, según un análisis de la Cadena SER.

Paralelamente, Italia y Francia acordaron reforzar los controles en su frontera terrestre común. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, anunció el despliegue de recursos adicionales en la frontera con España, con planes de triplicar los efectivos y alcanzar 334 agentes, además de vigilancia con drones.

La crisis se desencadenó el miércoles tras la llegada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta. Las estimaciones policiales apuntan a más de 20,000 entradas en un solo día; medios marroquíes elevaron la cifra a más de 30,000.

El detonante jurídico fue una sentencia del Tribunal Supremo español del 29 de junio que prohibió las devoluciones en caliente para quienes entren a nado.

Al cierre de este viernes, el Ministerio del Interior español informó que unas 48,300 de las 50,000 personas estimadas ya habían retornado a Marruecos, mientras RTVE reportó al menos 19 muertos durante el episodio.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó las imágenes de Ceuta de «inaceptables» y ofreció apoyo a España a través de Frontex, mientras el canciller alemán Friedrich Merz expresó respaldo a la intención española de no permitir la entrada irregular en territorio europeo.

En la actualidad ya existen controles reforzados en las fronteras interiores de Austria, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Suecia, Dinamarca y Noruega por motivos de inmigración o seguridad, sin que ninguno de esos países haya quedado fuera del espacio Schengen ni haya excluido a sus vecinos.