El Departamento de Estado de Estados Unidos convirtió en política migratoria permanente el programa de fianzas para visas de turismo y negocios, elevando el depósito máximo hasta $20,000 dólares y manteniendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua entre los 50 países afectados.
La norma, publicada como borrador en el Registro Federal el pasado viernes, entrará formalmente en vigor este lunes 3 de agosto, fecha en que el programa dejará de ser una prueba piloto para convertirse en regla definitiva.
El Gobierno advirtió que podrían sumarse más países a la lista.
¿Cuánto hay que depositar?
La norma permanente elimina la opción mínima de $5,000 del programa piloto y fija tres niveles de depósito a discreción del funcionario consular: $10,000, $15,000 ó $20,000 dólares.
El pago debe realizarse exclusivamente a través de Pay.gov, la plataforma del Departamento del Tesoro; queda prohibido el uso de sitios de terceros.
Un punto que la norma aclara de forma expresa: el depósito de la fianza no garantiza la emisión de la visa.
Además, los titulares de visa con fianza solo podrán ingresar y salir de Estados Unidos por aeropuertos comerciales; quedan prohibidos los puertos privados, terrestres o marítimos.
El dinero se reembolsará si la visa es denegada, si el solicitante no viaja antes de que expire el visado, o si el titular cumple todas las condiciones y abandona el territorio dentro del plazo autorizado.
De piloto a norma permanente
El programa nació el 20 de agosto de 2025 como un plan piloto de 12 meses, ordenado por Donald Trump mediante la Orden Ejecutiva 14159, y cubría inicialmente solo 13 países con altas tasas de sobreestadía.
Cuba fue incorporada a la lista en enero de 2026, cuando el programa se amplió de 13 a 38 países, junto con Venezuela y otras naciones del Caribe y América Latina.
En abril de 2026, una nueva expansión sumó 12 naciones más -entre ellas Nicaragua, Georgia y Etiopía- hasta completar los 50 países actuales, 30 de ellos africanos.
El efecto real: Una caída del 83% en visas emitidas
Los datos del pograma piloto revelaron -según ha destacado la agencia AP- que el impacto más profundo no fue sobre las sobreestadías, sino sobre la demanda misma de visados.
En 2024, casi 45,500 visitantes de los países incluidos se quedaron más tiempo del autorizado; en los primeros diez meses del piloto, esa cifra cayó a menos de 50 casos.
Sin embargo, se esperaba que unos 2,000 solicitantes tuvieran que pagar la fianza, pero terminaron siendo cerca de 20,000, y casi la mitad desistió de completar el pago.
El resultado fue una caída del 83% en la emisión de visas B-1/B-2 para los países afectados, con un total depositado de $115 millones de dólares durante el piloto.
Funcionarios del Departamento de Estado califican el plan como un «gran éxito», y señalan que esperan que la norma definitiva «contribuya a la reducción continua de la demanda de solicitudes de visados B1/B2 por parte de ciudadanos de países sujetos al programa».
Una carga adicional para los cubanos
Para los cubanos, esta medida se suma a una cadena de restricciones acumuladas desde 2025: en junio de ese año Trump firmó una proclamación que suspendió la entrada de cubanos con visas B-1, B-2, F, M y J.
En diciembre de 2025, amplió el travel ban sumando 20 países más, manteniendo a Cuba entre los países con restricciones parciales.
Cuba registra una tasa de sobreestadía del 17.08% según el reporte del Departamento de Seguridad Nacional para el año fiscal 2023, cifra que el gobierno estadounidense cita para justificar su inclusión en el programa.
Organizaciones defensoras de los migrantes denuncian que la fianza levanta un muro económico para las vías legales de entrada, y golpea con más fuerza a ciudadanos de países pobres, que buscan visitar familiares o acceder a oportunidades educativas y de negocios.
Para los cubanos, que ya enfrentan obstáculos económicos severos derivados de la crisis en la isla, reunir entre $10,000 y $20,000 sin garantía de obtener el visado, representa una barrera prácticamente insalvable.
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