Los cubanos respondieron con sarcasmo a los inspectores municipales de Plaza de la Revolución que recorrieron el jueves establecimientos comerciales privados del municipio habanero y dejaron un saldo de 61 multas, siete proyectos de trabajo retirados y 25 ventas forzosas de mercancías.
El operativo abarcó 50 formas de gestión no estatal e incluyó tres establecimientos con infracciones documentadas: el Agro Mercado EJT de 17 y K, el Mercado Hurón Azul y el Punto de Venta Delfín, según el balance divulgado por el Consejo de la Administración Municipal y reproducido por Canal Habana en redes sociales.
La reacción ciudadana ante el operativo no tardó en expresarse con ironía: «Vayan a las TRD y a CIMEX», repiten muchos cubanos en redes sociales, señalando que las tiendas estatales —TRD Caribe y CIMEX— también comercializan productos a precios elevados o en divisas inaccesibles para la mayoría de la población.
La contradicción que subrayan los ciudadanos tiene un trasfondo concreto: el propio gobierno eliminó los precios máximos minoristas para pollo, aceite, leche en polvo, salchichas y pastas mediante la Resolución 150/2026, lo que disparó los valores de esos productos en el mercado no estatal.
Ahora sanciona a los comerciantes privados por los mismos precios que su propia política propició.
En el Agro Mercado EJT, los inspectores detectaron precios considerados especulativos en pollo y leche, ausencia de pasarelas nacionales de pago electrónico —exigidas por la Resolución 93/2023 del Ministerio del Comercio Interior— y el uso de cuentas bancarias personales para operaciones comerciales en lugar de cuentas fiscales.
Las multas sumaron 10,000 pesos por los precios, 36,000 por no disponer de pasarelas y 72,000 por el uso de cuentas personales.
En el Mercado Hurón Azul, ubicado en Humboldt y P, la situación fue similar: «los inspectores identificaron trabajadores ejerciendo la actividad sin contrato laboral y la venta de salchichas a un precio considerado violatorio de las regulaciones vigentes», según el comunicado oficial. Las sanciones ascendieron a 10,000 y 16,000 pesos al amparo del Decreto 30 y el Decreto Ley 91/2024.
El Punto de Venta Delfín, en la intersección de 21 entre 8 y 10, también registró cuentas no fiscales y un trabajador sin vínculo laboral formal. Como medida adicional, se ejecutó una venta forzosa de productos alimenticios.
Este operativo no es un hecho aislado. El miércoles, en un primer recorrido por Plaza de la Revolución, las autoridades ya habían realizado 20 acciones de control, aplicado 17 multas y ordenado tres ventas forzosas, con advertencia expresa de cierres temporales de hasta tres meses para los reincidentes.
La presión sobre el sector privado se ha intensificado de forma sostenida. Entre diciembre de 2024 y 2026 se acumulan más de 508,000 inspecciones en una sola semana a escala nacional, cientos de miles de multas y cierres masivos de negocios. Solo por incumplimiento de las normas de bancarización, en 2026 se registran 15,240 multas y 269 cierres en todo el país.
Mientras el régimen multiplica los operativos contra emprendedores privados, los cubanos siguen enfrentando una crisis económica aguda con escasez generalizada, y las tiendas estatales que el gobierno señala como alternativa operan con precios que la mayoría tampoco puede costear.
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