El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó este martes una guía actualizada sobre inadmisibilidad por carga pública que amplía los criterios con los que la agencia evaluará si un extranjero que solicita ajuste de estatus a residente permanente legal podría convertirse en una carga para el erario público.
Las nuevas directrices, incorporadas al Manual de Políticas de USCIS, son consecuencia de una regla final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciada el 16 de julio y publicada en el Registro Federal cuatro días después.
La norma entra en vigor el 18 de septiembre de 2026 y deroga los criterios de inadmisibilidad por carga pública establecidos en 2022 durante la administración Biden.
¿Qué cambia con la nueva regla?
El cambio más sustancial radica en qué beneficios públicos pueden ser tomados en cuenta al evaluar una solicitud de residencia permanente.
Bajo la normativa de la administración Biden de 2022, los funcionarios solo podían considerar la asistencia pública en efectivo y la institucionalización a largo plazo pagada por el gobierno.
Con la nueva regla, a partir del 18 de septiembre, USCIS podrá evaluar una gama más amplia de ayudas.
Entre ellas figuran «asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos, asistencia de vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para estudios universitarios o cualquier otro beneficio similar», según el texto oficial de la agencia.
Para los beneficios recibidos antes de esa fecha, USCIS mantendrá el criterio anterior.
Los recibidos a partir del 18 de septiembre quedarán sujetos al escrutinio ampliado.
La agencia subraya que las determinaciones se realizarán caso por caso y que haber recibido un beneficio público por sí solo no implica automáticamente el rechazo de la solicitud.
Los cinco factores que pesarán en la decisión
El Congreso ha establecido cinco factores que los oficiales de USCIS deben considerar obligatoriamente: edad del solicitante, estado de salud, situación familiar, bienes y recursos financieros, y nivel educativo y habilidades.
En ciertos casos, los funcionarios también podrán considerar el Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, presentado por una persona que acepta respaldar financieramente al solicitante.
Las guías actualizadas, según USCIS, «se alinean con la intención del Congreso de que los extranjeros en Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes».
¿Quiénes están sujetos y quiénes quedan exentos?
En términos generales, todos los extranjeros que solicitan ajuste de estatus a residente permanente están sujetos a esta evaluación, salvo que pertenezcan a una categoría expresamente exenta.
Entre quienes sí quedan sujetos figuran cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses; familiares de residentes permanentes; prometidos de ciudadanos; trabajadores prioritarios; profesionales con grados avanzados; e inversionistas, entre otros.
Quedan exentos los asilados y refugiados, las víctimas de trata (visa T), las víctimas de actividad criminal (visa U), los autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) y los jóvenes inmigrantes especiales.
Un dato relevante para la comunidad cubana: los solicitantes amparados por la Ley de Ajuste Cubano están expresamente exentos de esta causal de inadmisibilidad, al igual que los cubanos y haitianos que ajustan estatus bajo la sección 202 de la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986.
La fianza por carga pública
La nueva guía también detalla el mecanismo de fianzas.
Si un oficial concluye que el único motivo de inadmisibilidad es la probabilidad de convertirse en carga pública, podrá invitar formalmente al solicitante a presentar una garantía financiera mediante el Formulario I-945.
El abogado de inmigración Mauricio García explicó el proceso:
«Si el oficial determina que es probable que seas carga pública, tiene que considerar darte una carta de intento de negar, ofreciendo fianza de carga pública».
Los solicitantes no pueden presentar esta fianza por iniciativa propia; USCIS debe primero emitir una Notificación de Intención de Denegación. El monto se determina considerando cuánta asistencia gubernamental podría recibir la persona durante los próximos cinco años.
Nuevo formulario y fechas clave
Paralelamente, USCIS anunció que el 18 de septiembre publicará una nueva edición del Formulario I-485 adaptada a la nueva regla.
La agencia fue categórica: «Solo aceptaremos la edición del 09/18/26 de este formulario si está matasellada o se presenta electrónicamente en o después del 18 de septiembre de 2026».
Las versiones anteriores serán rechazadas sin periodo de gracia.
El DHS estima que alrededor de 588,000 solicitudes de ajuste de estatus quedarán sujetas anualmente a esta revisión.
La propia agencia reconoce un potencial «efecto disuasorio»: cerca de 950,000 personas en hogares inmigrantes podrían renunciar a beneficios públicos a los que tienen derecho legal por temor a perjudicar sus procesos migratorios.
Esta medida se enmarca en el endurecimiento migratorio de la administración Trump, que también impulsó un programa piloto de fianzas por carga pública para solicitantes de visas en el extranjero, con montos reportados de entre 100,000 y 250,000 dólares.
La regla de carga pública fue anunciada en julio como parte de esa misma política.
El director de USCIS, Joseph B. Edlow, justificó el cambio afirmando que «el gobierno federal reafirma la necesidad de la autosuficiencia, protege los recursos públicos y pone fin a las políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses».
Preguntas frecuentes sobre la nueva normativa de "carga pública" para la residencia permanente en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cambios introduce la nueva regla de "carga pública" del USCIS?
La nueva regla amplía los beneficios públicos que pueden considerarse al evaluar una solicitud de residencia permanente. Anteriormente, solo se podía considerar la asistencia en efectivo y la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno. Ahora, se incluyen ayudas como asistencia para vivienda, cupones de alimentos y ayuda financiera para estudios universitarios. Esta normativa entra en vigor el 18 de septiembre de 2026.
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¿Quiénes están exentos de la evaluación de "carga pública" en EE.UU.?
Están exentos los asilados, refugiados, víctimas de trata y ciertos jóvenes inmigrantes especiales. Además, los solicitantes amparados por la Ley de Ajuste Cubano y los cubanos y haitianos que ajustan estatus bajo la sección 202 de la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 también están exentos.
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¿Qué implica la fianza por "carga pública" según la nueva normativa del USCIS?
Si un oficial determina que un solicitante podría ser inadmisible por "carga pública", podrá solicitar una garantía financiera mediante el Formulario I-945. Esta fianza es una medida para asegurar que el solicitante no se convertirá en una carga para el erario público. El monto se determina en función de cuánta asistencia gubernamental podría recibir la persona durante los próximos cinco años.
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¿Qué cambios se han realizado al Formulario I-485 por la nueva regla de "carga pública"?
USCIS publicará una nueva edición del Formulario I-485 adaptada a la nueva regla de "carga pública" el 18 de septiembre de 2026. Solo se aceptará esta nueva edición si está matasellada o presentada electrónicamente a partir de esta fecha. Las versiones anteriores serán rechazadas sin periodo de gracia.
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