El Departamento de Estado lanzó este jueves un programa piloto de fianzas por carga pública dirigido a ciertos solicitantes de visas de inmigrante, con montos que pueden alcanzar los 250,000 dólares, según confirmaron Bloomberg Law y el Washington Free Beacon.
El programa arrancó primero en la República Dominicana y aplica a quienes hayan sido declarados inadmisibles bajo la sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad —la causal de carga pública— pero que cumplan los demás requisitos para obtener la visa.
Los montos no son fijos: cada oficial consular los determina caso por caso bajo el reglamento federal 8 CFR 213.1(b), y pueden oscilar entre 100,000 y 250,000 dólares.
Si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aprueba la fianza, la visa de inmigrante previamente denegada puede ser emitida. El depósito se formaliza mediante el Formulario I-945 y permanece vigente de forma indefinida hasta que sea cancelado o se declare su incumplimiento, según el Manual de Políticas de USCIS.
Este programa es distinto —aunque complementario— al de fianzas para visas de turismo y negocios (B1/B2), que la administración Trump convirtió en política permanente el 3 de agosto, con depósitos de hasta 20,000 dólares fijados en tres niveles: 10,000, 15,000 o 20,000 dólares a discreción del funcionario consular.
Cuba permanece entre los 50 países afectados por ese programa de visas B1/B2, al que fue incorporada en enero de 2026 junto con Venezuela y otras naciones del Caribe, Asia y América Latina.
Los resultados del piloto B1/B2 —que nació en agosto de 2025 bajo la Orden Ejecutiva 14159— fueron el argumento central para hacerlo permanente: las violaciones de visado cayeron de casi 45,500 casos en 2024 a menos de 50 en los primeros diez meses.
Sin embargo, casi la mitad de las 20,000 solicitudes que requirieron depósito no completó el pago, lo que derivó en una caída del 83% en la emisión de visas para los países afectados.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, justificó estas medidas en julio pasado al señalar que «la administración Trump está restaurando la expectativa básica de que los inmigrantes a Estados Unidos deben contribuir a nuestra sociedad más de lo que reciben de ella».
La crítica más directa vino de Sharvari Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración: «Estamos haciendo que nuestro sistema sea de pago para jugar: solo los ricos pueden venir de visita, reunirse con su familia o buscar una vida mejor».
Para los cubanos, la barrera económica se acumula sobre una cadena de restricciones previas: la suspensión de visas B-1/B-2, F, M y J desde junio de 2025, la ampliación del travel ban y el memorando de USCIS de mayo de 2026 que convirtió el trámite consular en la vía predeterminada para obtener la residencia permanente.
El escenario podría endurecerse aún más: el Departamento de Seguridad Nacional publicó en julio una nueva regla de carga pública que entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026, permitiendo considerar el uso de Medicaid, cupones de alimentos y ayudas de vivienda como factores negativos para denegar la residencia permanente.
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