Juan Pablo Segura, recién nombrado subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, puso nuevamente bajo escrutinio la opacidad financiera de GAESA al recordar el caso de la excontralora general de Cuba Gladys Bejerano, quien reconoció públicamente en 2024 que el organismo encargado de fiscalizar las cuentas del Estado no auditaba al poderoso conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas.
En una publicación el miércoles desde la cuenta oficial en X @WHAAsstSecty, Segura vinculó además la salida de Bejerano de la Contraloría General con aquellas declaraciones, una interpretación que contrasta con la versión ofrecida en su momento por las autoridades cubanas.
«La exvicepresidenta del Consejo de Estado y contralora general de Cuba durante 14 años fue destituida por el régimen cubano por decir públicamente la verdad, que el Estado no tenía jurisdicción para auditar a GAESA. Esta es solo una de las muchas formas en que GAESA ha saqueado 18,000 millones de dólares del dinero del pueblo cubano», escribió.
El mensaje estaba acompañado por un gráfico con documentos financieros parcialmente censurados y una frase que resumía la acusación de Washington: «GAESA: INCLUSO EL PRINCIPAL ENTE AUDITOR DE CUBA NO PUDO AUDITARLES».
La confesión que expuso el blindaje de GAESA
Bejerano estuvo al frente de la Contraloría General de la República desde su creación en 2009 hasta julio de 2024, y durante parte de ese período también ocupó la vicepresidencia del Consejo de Estado.
En mayo de 2024, durante una entrevista con la agencia EFE sobre el caso de corrupción que involucraba al entonces exministro de Economía Alejandro Gil, Bejerano reconoció que GAESA quedaba fuera del alcance de las auditorías de la Contraloría.
La funcionaria justificó entonces esa situación alegando que el conglomerado militar tenía «disciplina y organización superior».
La declaración resultó especialmente significativa porque provenía de la máxima responsable del organismo que debía velar por el control de los recursos públicos y confirmaba que uno de los mayores entramados empresariales del país no estaba sometido a sus inspecciones.
Apenas dos meses después, la Asamblea Nacional sustituyó a Bejerano por Mirian Marbán González. Las autoridades cubanas presentaron el relevo como parte de un «proceso natural de renovación de los cuadros».
No se ha presentado públicamente evidencia que demuestre que aquellas declaraciones fueran la causa directa de su sustitución, pero la cercanía temporal entre ambos acontecimientos vuelve a colocar el episodio en el centro de las críticas sobre el secretismo que rodea las finanzas del conglomerado militar.
Los millones de GAESA fuera del escrutinio público
El señalamiento adquiere mayor dimensión tras la filtración de documentos financieros internos de GAESA que permitieron conocer parte del volumen de recursos manejados por el conglomerado.
La cifra de 18,000 millones de dólares mencionada por Segura remite a una investigación publicada por el Miami Herald en agosto de 2025 a partir de 22 documentos financieros internos filtrados.
Según esos registros, en marzo de 2024 las empresas del conglomerado —entre ellas Gaviota, TRD Caribe, CIMEX y Almacenes Universales— acumulaban cerca de 17,800 millones de dólares en activos corrientes. De esa cantidad, unos 14,467 millones de dólares estaban depositados en cuentas bancarias.
Los documentos ofrecieron una imagen hasta entonces desconocida de la magnitud de los recursos controlados por GAESA, mientras la economía cubana atravesaba una profunda crisis caracterizada por apagones, escasez de alimentos y medicamentos y deterioro de servicios públicos esenciales.
Una estructura protegida también por la legislación
La falta de fiscalización sobre las empresas militares no depende únicamente de prácticas internas.
La Ley 158/2022 de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial en febrero de 2023, modificó el marco bajo el cual pueden ser controladas las instituciones vinculadas a las estructuras armadas.
La normativa eliminó referencias anteriores a la fiscalización de esos organismos y dejó su control sujeto a mecanismos específicos bajo supervisión presidencial, reforzando las críticas sobre la ausencia de una auditoría pública e independiente de GAESA.
El conglomerado controla sectores estratégicos de la economía cubana, particularmente actividades relacionadas con el turismo, el comercio minorista, las remesas, la logística y las operaciones inmobiliarias, pero sus estados financieros no son publicados regularmente para conocimiento de la ciudadanía.
Washington aumenta la presión sobre GAESA
La publicación es uno de los primeros pronunciamientos de alto perfil sobre Cuba de Segura desde que asumió el cargo el pasado 14 de agosto, tras recibir la confirmación del Senado.
Su mensaje se inserta en la ofensiva de Washington contra GAESA, al que la administración de Donald Trump señala como uno de los pilares económicos del poder militar cubano.
En mayo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones directas contra el conglomerado y su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera. Posteriormente, Washington incrementó la presión sobre compañías extranjeras que mantienen relaciones comerciales con entidades vinculadas a GAESA.
A comienzos de agosto, el Departamento de Estado volvió a poner el foco sobre el dinero administrado por el conglomerado y cuestionó públicamente por qué GAESA no utiliza sus fondos para atender las necesidades básicas de los cubanos.
La pregunta adquiere particular peso en medio de una crisis en la que millones de personas padecen apagones prolongados y dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y otros productos esenciales.
El mensaje de Segura recupera ahora una contradicción que las propias declaraciones de Bejerano dejaron expuesta en 2024: durante años, la máxima autoridad encargada de auditar los recursos del Estado cubano reconocía que no podía fiscalizar uno de los conglomerados que concentra una parte sustancial de la actividad económica del país.
Preguntas frecuentes sobre el caso de GAESA y la opacidad financiera en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué GAESA no es auditada por la Contraloría General de Cuba?
GAESA no es auditada por la Contraloría General de Cuba debido a que el conglomerado militar está fuera del alcance de las auditorías de este organismo. Esta situación fue admitida públicamente en 2024 por la entonces contralora Gladys Bejerano, quien justificó la exclusión alegando una "disciplina y organización superior" de GAESA. La Ley 158/2022 también contribuyó a esta falta de fiscalización al eliminar referencias a la auditoría de organismos militares.
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¿Cuánto dinero maneja GAESA y cuál es su impacto en la economía cubana?
GAESA controla aproximadamente 18,000 millones de dólares en activos, según documentos financieros internos filtrados y analizados por el Miami Herald en 2025. Este conglomerado domina entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, controlando sectores como el turismo, el comercio minorista, y las remesas, lo que le otorga un dominio sobre las reservas de divisas del país.
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¿Cuál ha sido la reacción del gobierno cubano ante las acusaciones de saqueo por GAESA?
El gobierno cubano ha defendido a GAESA ante las acusaciones, señalando que el conglomerado no es una estructura opaca ni una vía de enriquecimiento para unos pocos. Sin embargo, no proporcionaron cifras ni auditorías independientes para respaldar sus afirmaciones. En respuesta a las sanciones y críticas internacionales, el gobierno publicó un artículo en el Granma defendiendo las contribuciones de GAESA a obras públicas, aunque sin ofrecer datos verificables.
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¿Cómo ha respondido Estados Unidos a las actividades de GAESA?
Estados Unidos ha impuesto sanciones directas contra GAESA y su presidenta ejecutiva, además de presionar a empresas extranjeras para cortar vínculos con el conglomerado bajo amenaza de sanciones secundarias. La administración de Trump ha descrito a GAESA como un pilar económico del régimen cubano, acusado de desviar activos ilícitos al extranjero mientras el pueblo cubano sufre escasez y apagones.
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