Una investigación de CiberCuba | Primera de cuatro entregas
La discusión sobre una eventual transición en Cuba suele concentrarse en una pregunta: ¿qué podría provocar el final del régimen? Pero ante la posibilidad de una crisis de gobernabilidad, una ruptura, una negociación o una apertura política, existe otra cuestión menos atendida: ¿está Cuba preparada para encauzar ese momento y evitar que una crisis de poder se convierta en un vacío de poder?
CiberCuba ha revisado un amplio corpus de documentos, hojas de ruta, proyectos jurídicos, programas, estudios académicos y propuestas de organizaciones de la sociedad civil independiente, dentro y fuera de la isla, para reconstruir qué se ha pensado sobre una eventual transición cubana, qué herramientas existen y qué sigue faltando.
Esta investigación se publicará en cuatro entregas.
La primera examina los distintos caminos planteados para llegar a la transición —plebiscito, negociación, ruptura, salida «de la ley a la ley», gobiernos provisionales y procesos constituyentes—.
La segunda analizará qué habría que hacer una vez iniciado el proceso: instituciones, justicia, seguridad, economía, infraestructura y servicios esenciales.
La tercera se ocupará de la brecha entre ese conocimiento acumulado y la existencia de una alternativa política con liderazgo, legitimidad y capacidad para gobernar.
La cuarta estudiará el ecosistema internacional que ha contribuido a esa preparación y el apoyo que una transición cubana podría necesitar.
La investigación no parte de que la caída del régimen sea inminente ni presupone una única vía de cambio. Examina escenarios de ruptura, negociación, apertura, crisis de gobernabilidad o combinaciones de ellos.
La pregunta es si, ante alguno de esos escenarios, existe ya suficiente pensamiento político, jurídico y técnico como para que el tránsito no tenga que comenzar desde cero.
Pensar no solo el destino, sino el camino
Una de las conclusiones más llamativas de este corpus es que la sociedad civil independiente cubana no se ha limitado a imaginar cómo debería ser el país después del castrismo.
También ha pensado cómo podría llegar Cuba hasta allí.
Algunas propuestas parten de un plebiscito; otras, de una negociación; otras, de una ruptura; algunas recurren inicialmente a mecanismos jurídicos existentes; otras plantean gobiernos provisionales, restauraciones constitucionales, procesos constituyentes o fórmulas híbridas.
Esa diversidad no equivale necesariamente a inmadurez. Las transiciones políticas rara vez siguen un itinerario completamente previsible. Pueden acelerarse, desviarse o combinar mecanismos distintos. Una parte de la reflexión cubana lleva años estudiando precisamente esa incertidumbre.
Manuel Cuesta Morúa advertía en 2016, en ¿Sabremos transitar en Cuba?, publicado por CADAL, que las transiciones no suelen desarrollarse enteramente bajo el control de sus protagonistas.
Su trayectoria constituye además uno de los hilos más largos de la reflexión opositora sobre concertación, constitucionalismo y cambio político, desde la Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada y Plataforma Común hasta Plataforma Nuevo País, Consenso Constitucional y el actual Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
El plebiscito como mecanismo de legitimidad
Cuba Decide, iniciativa impulsada por Rosa María Payá, propone desde hace años un plebiscito vinculante que permita a los ciudadanos decidir si quieren elecciones libres y un sistema basado en libertades políticas y civiles.
La propuesta concibe el plebiscito como el punto de partida de un proceso que desembocaría en una transición y posteriormente en elecciones competitivas.
Su aportación principal al mapa de la transición es responder a una cuestión fundamental: ¿de dónde sale el mandato ciudadano para iniciar el cambio?
Es un modelo diferente del que parte de una fractura dentro del poder, una negociación o una crisis de gobernabilidad.
La tradición de la salida «de la ley a la ley»
Otra corriente ha buscado utilizar, al menos inicialmente, mecanismos jurídicos existentes para abrir el proceso.
El Proyecto Varela, liderado por Oswaldo Payá, fue uno de los precedentes fundamentales. Sus promotores recurrieron a la iniciativa ciudadana prevista en la Constitución para reclamar un referendo sobre libertad de expresión y asociación, amnistía, una nueva legislación electoral y mayores espacios para la actividad privada.
El entorno de Payá desarrolló posteriormente un Programa de Transición con referendo, Gobierno transitorio, Ley Fundamental de Tránsito, Asamblea Constituyente y elecciones.
La idea de una transición «de la ley a la ley» reapareció después en otros ámbitos. Programa Cuba publicó en 2021 un trabajo de Yaxis Cires dedicado precisamente a explorar una salida jurídica capaz de reducir la incertidumbre y los costes sociales de la transición.
Una tradición más antigua de concertación
La reflexión sobre cómo organizar el cambio tampoco comenzó con las iniciativas actuales.
En 1995, Concilio Cubano reunió a numerosas organizaciones opositoras alrededor de un esfuerzo de concertación. Su declaración defendía una transición pacífica hacia un Estado democrático de derecho, amnistía para los presos políticos, reformas jurídicas y participación de todos los cubanos, incluida la diáspora.
En 1997, La Patria es de Todos, firmado por Félix Bonne, René Gómez Manzano, Vladimiro Roca y Martha Beatriz Roque, planteó una concepción pluralista de la nación y del futuro político cubano, junto con propuestas de apertura económica y participación social.
Después llegaron, entre otros, Otro18, D Frente, Proyecto Emilia y Cuba11J, con distintos grados de elaboración y diferentes estrategias para la movilización, la reforma electoral, la concertación y la democratización.
La cuestión que atraviesa buena parte de esa producción es la misma: cómo transformar una suma de organizaciones y demandas en un proceso político capaz de establecer reglas comunes para el cambio.
Estado de Sats y el problema de la ingobernabilidad
En 2018, Estado de Sats presentó un Programa para un nuevo ordenamiento político, jurídico y económico en una transición democrática en Cuba.
El documento abordaba organización del poder, derechos, justicia, propiedad, liberalización económica, libertad sindical, educación, salud y seguridad social, y partía de una preocupación directamente relacionada con el escenario que hoy se discute: la necesidad de reconstruir rápidamente determinadas instituciones para evitar ingobernabilidad y disfuncionalidad.
El programa dejaba además pendientes algunos asuntos para trabajos posteriores, entre ellos partidos políticos, justicia transicional y fuerzas armadas.
La transición empezaba así a ser concebida no solo como sustitución de un régimen, sino como un problema de continuidad institucional y administración del poder.
Cuesta Morúa y la búsqueda de reglas comunes
La trayectoria de Manuel Cuesta Morúa merece una atención particular porque conecta varias generaciones de esta reflexión.
Su trabajo en la Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada, Plataforma Común, Plataforma Nuevo País y Consenso Constitucional estuvo orientado a construir espacios plurales y a establecer reglas antes de decidir quién ocuparía el poder.
Ese enfoque reaparece en el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) con Por un nuevo comienzo, publicado en 2026. El documento distingue entre la transición democrática y el régimen que vendría después y propone una agenda mínima que incluye amnistía, despenalización del disenso, participación ciudadana y reformas institucionales.
La idea es que la transición necesita legitimidad política y reglas de juego, no solamente candidatos.
Ruptura, estabilización y democratización
Una formulación muy distinta es la del Acuerdo de Liberación, firmado el 2 de marzo de 2026 por Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana junto a más de 50 organizaciones.
Su hoja de ruta divide el proceso en tres etapas: Liberación; Estabilización y Reconstrucción; y Democratización.
El modelo parte de una ruptura con el sistema actual y coloca inmediatamente después una fase de estabilización destinada a recuperar servicios, seguridad y capacidades básicas, para conducir posteriormente a elecciones libres.
El documento contempla además comisiones sobre emergencia humanitaria, seguridad y orden público, recuperación económica, infraestructura, salud, educación, legislación, justicia y Constitución.
Es una propuesta relevante para el debate sobre el vacío de poder porque parte de una premisa sencilla: el cambio político no resuelve automáticamente la crisis de gobernabilidad; puede ser necesario estabilizar primero el país para poder democratizarlo después.
La «Apertura Acordada»
En el otro extremo de las estrategias aparece Cuba Próxima.
Su Apertura Acordada, publicada en abril de 2026, plantea una transición negociada mediante pasos recíprocos, verificables y respaldados internacionalmente.
El modelo combina un Diálogo Soberano Multiactor dentro de Cuba con una normalización estratégica con Estados Unidos y la comunidad internacional. Su secuencia incluye liberación de presos, estabilización de emergencia, cambios económicos, reformas institucionales, elecciones y un posterior proceso constituyente.
Cuba Próxima acompaña esta propuesta con trabajos específicos sobre ley electoral, Constitución provisional, proceso constituyente, Poder Judicial, municipios, función legislativa, empresa y comercio.
Es decir, la organización no se limita a proponer negociar: intenta desarrollar la arquitectura jurídica que debería sostener esa negociación y el orden que emergería de ella.
Comparar escenarios en lugar de apostar por uno solo
La Consulta a la Sociedad Civil Independiente sobre la Transición Democrática en Cuba, desarrollada por Cultura Democrática y Consorcio Justicia, aporta otra perspectiva.
El ejercicio estudió diferentes escenarios —reformista, negociado, de ruptura e híbrido— y analizó sus riesgos, oportunidades y necesidades.
Este trabajo es especialmente revelador porque muestra que una parte de la sociedad civil no está pensando en un único desenlace, sino en varias rutas plausibles de cambio.
Las diferencias aparecen en cuestiones como el papel de determinados actores, el alcance de la justicia transicional o el grado de presión internacional. Pero existe un núcleo importante de coincidencias en torno a libertades, participación ciudadana, elecciones y Estado de derecho.
La diversidad, por tanto, puede ser una expresión de fragmentación política, pero también de una reflexión que reconoce que la forma concreta de la transición no está predeterminada.
Pensar también el momento constituyente
El problema no termina con la sustitución del régimen.
El CTDC, Cuba Próxima, el Centro de Estudios Convivencia (CEC) y otras iniciativas han elaborado propuestas sobre gobiernos provisionales, legislación transitoria, Constitución, elecciones y procesos constituyentes.
La plataforma ENTRE TODOS reúne propuestas ciudadanas y organizativas sobre una eventual Constitución y una hoja de ruta nacional.
El Pacto Social y su propuesta de Constituyente Ciudadana Digital explora otra vía: construir legitimidad desde la ciudadanía y utilizar herramientas digitales para la participación constituyente.
Estas iniciativas responden a una pregunta decisiva: ¿cómo se transforma la legitimidad opositora en legitimidad democrática?
El corpus es más amplio que las grandes hojas de ruta
El Centro de Estudios Convivencia ha desarrollado durante años un itinerario de pensamiento y propuestas que cubre transición constitucional, Estado de derecho, gobernabilidad, economía, agricultura, educación, salud, infraestructura, seguridad, justicia transicional y diáspora.
Programa Cuba ha reunido trabajos de especialistas y organizaciones sobre transición «de la ley a la ley», memoria, justicia transicional, economía, agricultura, educación, pensiones y envejecimiento.
Pasos de Cambio ha funcionado como espacio de recopilación y concertación de propuestas sobre justicia, economía, salud, educación, vivienda, fuerzas armadas y orden interior.
Cubalex, desde la perspectiva de los derechos humanos, ha advertido que una transición política no garantiza por sí sola una democratización y ha planteado salvaguardas para evitar nuevas formas de concentración de poder, incluida independencia judicial, debido proceso, justicia transicional y mecanismos independientes de supervisión.
En paralelo, Programa Cuba, CADAL, elTOQUE, Ciudadanía y Libertad y otros espacios han producido análisis de escenarios, gobernabilidad, derecho, sociedad civil y experiencias comparadas.
Lo que existe, por tanto, no es un plan único de transición, sino un conjunto amplio y acumulativo de ideas, escenarios y propuestas que cubren buena parte de los problemas que plantearía el cambio. Lo que falta es convertir ese patrimonio intelectual en una arquitectura política común.
Más que un programa: un repertorio de escenarios
El mapa que surge de este recorrido no contiene una receta común.
Cuba Decide apuesta por el plebiscito.
El legado de Oswaldo Payá desarrolla fórmulas de transición «de la ley a la ley».
Estado de Sats estudió la reconstrucción institucional.
Cuba Próxima plantea una apertura negociada.
El Acuerdo de Liberación organiza una secuencia de liberación, estabilización y democratización.
El CTDC pone el acento en la legitimidad ciudadana y constitucional.
Cultura Democrática y Consorcio Justicia estudian escenarios múltiples.
CEC y Programa Cuba han acumulado un corpus de propuestas sectoriales y de transición.
Manuel Cuesta Morúa lleva décadas trabajando sobre concertación, reglas comunes y experiencias comparadas.
No existe acuerdo sobre el camino.
Pero sí existe una característica común mucho menos visible: la sociedad civil independiente cubana ha tratado la transición como un problema político susceptible de ser estudiado, comparado y preparado.
¿Está Cuba más preparada de lo que parece?
La respuesta debe ser prudente.
No existe un gobierno alternativo unificado, una autoridad opositora reconocida por todos los sectores ni una estructura política que pueda asumir automáticamente las funciones del Estado ante una crisis.
Pero tampoco parece sostenible la idea de que una eventual transición encontraría a la sociedad civil cubana sin pensamiento previo sobre cómo producir y encauzar el cambio.
Hay propuestas para plebiscitos, negociaciones, rupturas y fórmulas híbridas; proyectos para gobiernos provisionales; modelos jurídicos; procesos constituyentes; mecanismos de legitimación y décadas de reflexión sobre las experiencias comparadas de otras transiciones.
La madurez del corpus no está en que exista una receta única. Está en que existen respuestas pensadas para escenarios distintos.
La cuestión que queda abierta es otra: saber cómo podría comenzar una transición no equivale todavía a saber cómo gobernarla.
¿Quién asumiría la autoridad provisional? ¿Cómo se mantendrían operativos la electricidad, el agua, los hospitales, los alimentos y la seguridad? ¿Qué ocurriría con la justicia, las fuerzas armadas, la propiedad y la economía?
Esa será la segunda entrega de esta investigación de CiberCuba, dedicada a las propuestas existentes para gobernar y reconstruir Cuba durante una eventual transición.
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