Una investigación de CiberCuba | Segunda de cuatro entregas
La primera entrega de esta investigación mostró que la sociedad civil independiente cubana no ha pensado únicamente en el destino de una eventual Cuba democrática, sino también en los caminos para llegar hasta ella: plebiscito, negociación, ruptura, salida «de la ley a la ley», gobierno provisional, proceso constituyente y fórmulas híbridas.
La pregunta que aparece ahora es más concreta: si alguno de esos escenarios llegara a abrir una transición, qué habría que hacer para que el Estado siguiera funcionando mientras se construye el nuevo orden.
CiberCuba ha revisado propuestas políticas, proyectos jurídicos, estudios económicos y trabajos sectoriales elaborados por organizaciones, centros de pensamiento, juristas, economistas y expertos de la sociedad civil independiente. El resultado no es un programa único, pero sí un conjunto bastante amplio de respuestas para buena parte de los problemas que aparecerían durante una transición.
Esta es la segunda de cuatro entregas. La primera examinó los caminos hacia el cambio; esta analiza las propuestas para gobernar y reconstruir; la tercera se ocupará de la brecha entre ese conocimiento y una alternativa política capaz de ejercer el poder; y la cuarta estudiará el apoyo internacional existente y el que requeriría una transición cubana.
El primer problema: quién ejerce la autoridad
Una transición no puede limitarse a declarar que ha terminado el régimen anterior. Alguien debe garantizar durante ese período la continuidad de los servicios públicos, la seguridad, los tribunales y la administración.
La Cuban American Bar Association (CABA) lleva años trabajando precisamente sobre ese problema. Su Ley Fundamental de Transición de la República de Cuba propone un marco jurídico para el período entre el fin del sistema actual y la formación de un Gobierno democrático.
El proyecto contempla un período transitorio de dos años y regula las autoridades públicas, el Poder Judicial, la defensa del territorio, la reforma política y las disposiciones transitorias.
Uno de sus objetivos explícitos es evitar el caos que puede producir un vacío de liderazgo. El planteamiento es conservar las leyes e instituciones que no entren en conflicto con los principios democráticos hasta que el Gobierno de transición pueda sustituirlas.
En junio de 2026, CABA y organizaciones vinculadas al Acuerdo de Liberación volvieron a poner este trabajo en circulación y comenzaron a reclutar abogados, jueces, académicos y estudiantes de Derecho para preparar las normas e instituciones que podrían necesitarse ante un cambio político.
El proyecto contempla precisamente ese período entre el fin del sistema comunista y las primeras elecciones generales.
Un gobierno provisional con funciones concretas
El Acuerdo de Liberación, firmado en marzo por Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana junto a más de 50 organizaciones, da un paso adicional: propone directamente un gobierno provisional de transición.
Ese Gobierno tendría un mandato limitado y debería atender la emergencia humanitaria, restablecer servicios básicos, garantizar derechos fundamentales, liberar a los presos políticos y preparar elecciones libres, justas y multipartidistas.
El acuerdo divide la transición en tres fases: Liberación; Estabilización y Reconstrucción; y Democratización. Para la primera etapa establece comisiones especializadas en emergencia humanitaria, seguridad y orden público, recuperación económica, desarrollo social e infraestructura, salud, educación, asuntos legislativos, justicia, Constitución y reunificación del exilio.
Más que un programa sectorial, el documento intenta responder a una cuestión de funcionamiento: quién se ocupa de qué cuando las instituciones actuales dejan de responder y todavía no existe un Gobierno elegido.
Cuba Próxima: instituciones antes que improvisación
La propuesta de Cuba Próxima parte de una transición diferente, basada en negociación y acuerdos verificables, pero también dedica considerable atención al problema institucional.
Su Apertura Acordada propone una Mesa de Negociación Política y, durante las primeras fases, medidas de estabilización económica, ayuda alimentaria y medicamentos, un plan de emergencia energética y garantías jurídicas para la inversión.
Ante unas futuras elecciones, plantea después un marco constitucional provisional, leyes de necesidad inmediata, una ley para regular la elección de una Asamblea Constituyente y una ley de tránsito constitucional.
El documento remite además a un archivo de propuestas específicas sobre elecciones, Constitución, proceso constituyente, función legislativa, Poder Judicial, municipios, empresas y comercio.
La propuesta intenta así evitar que la transición dependa exclusivamente de acuerdos políticos coyunturales: hay que saber también qué normas y qué instituciones entran en funcionamiento en cada etapa.
Justicia: qué hacer con un aparato represivo
La reconstrucción institucional no puede limitarse a cambiar leyes.
Cubalex ha advertido que la caída o transformación de un régimen no garantiza automáticamente la democracia. Una transición puede desembocar en nuevas formas de concentración del poder si no existen garantías desde el primer momento.
Su propuesta de 2026 plantea como piso mínimo la liberación de presos políticos, la despenalización del disenso, independencia judicial, debido proceso, prohibición de tortura, protección de grupos vulnerables, justicia transicional, reparación y garantías de no repetición.
La organización insiste además en una distinción importante: las organizaciones políticas pueden preparar programas para gobernar, pero las entidades de derechos humanos deben conservar su capacidad de vigilar y limitar a cualquier Gobierno, incluso a uno surgido de la oposición.
La justicia transicional también aparece en el trabajo del Centro de Estudios Convivencia, el CTDC, Programa Cuba, Estado de Sats y otras iniciativas. No existe una única fórmula sobre responsabilidades, amnistías, verdad o reparación, pero sí una conversación bastante desarrollada sobre cómo impedir que la transición se convierta en revancha o impunidad.
El problema militar y de seguridad
Es uno de los terrenos donde las propuestas son menos homogéneas.
El Acuerdo de Liberación dedica una comisión específica a seguridad, defensa y orden público y plantea la desmilitarización del poder político. CABA incorpora la defensa del territorio dentro de su ley transitoria.
Otros proyectos y trabajos jurídicos abordan la subordinación de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad a autoridades civiles, pero aquí el corpus es menos preciso que en materia constitucional o económica.
La cuestión es decisiva: una transición necesita mantener el orden público y, al mismo tiempo, impedir que las estructuras coercitivas del antiguo régimen conserven capacidad para bloquear el cambio.
Quién manda, sobre quién, con qué autoridad legal y bajo qué mecanismos de control civil es una de las preguntas que todavía requieren mayor desarrollo.
Estabilizar la economía antes de reconstruirla
La dimensión económica es probablemente una de las más trabajadas.
La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) plantea una hoja de ruta de 13 pilares que incluye propiedad privada, seguridad jurídica, reforma tributaria, banca, crédito, creación de empresas, inversión, comercio, infraestructura, educación, sanidad y protección social.
La propuesta pretende crear las condiciones institucionales para que el capital privado pueda entrar en Cuba y para que los cubanos participen también como propietarios.
El proyecto Cuba Transformación, elaborado en 2026 por reconocidos economistas cubanos, propone una secuencia explícita de estabilización, recuperación y desarrollo. El documento se presenta como un marco abierto y susceptible de revisiones, no como un programa cerrado.
El Cuba Study Group ha acompañado ese esfuerzo con trabajos específicos sobre cómo detener el deterioro económico, cómo definir las prioridades de estabilización, los principios de transformación y la relación entre economía social de mercado y Estado democrático de derecho.
Y la Association for the Study of the Cuban Economy (ASCE) mantiene para 2026 una agenda de investigación que incluye precisamente estabilización económica, reforma estructural, infraestructura y energía, gobernanza, seguridad e inversión internacional.
No existe, por tanto, una sola receta económica. Sí existe un volumen considerable de trabajo sobre qué habría que estabilizar primero y cómo pasar después a una economía funcional.
Propiedad, inversión y creación de empresas
Aquí aparece una cuestión que probablemente se convertirá en uno de los grandes problemas de cualquier transición: cómo pasar de una economía dominada por el Estado a otra basada en derechos de propiedad sin provocar un conflicto patrimonial inmanejable.
La hoja de ruta de la FNCA propone incentivar empresas con participación de capital cubano y proteger a sus accionistas minoritarios.
Cuba Próxima plantea institucionalizar el sector empresarial y comercial y ofrece propuestas específicas sobre empresas y comercio.
El CEC lleva años trabajando sobre propiedad y economía, mientras el Cuba Study Group ya planteaba en 2006 programas de microcrédito y apoyo a pequeños empresarios como forma de generar capital doméstico.
La cuestión de las propiedades confiscadas, los activos estatales y las reclamaciones patrimoniales es más compleja y no cuenta todavía con una solución consensuada. Es uno de los problemas que probablemente exigirá más ingeniería jurídica que cualquier otro capítulo de la transición.
Electricidad, agua, infraestructura: mantener vivo el país
Las grandes hojas de ruta coinciden en que la reconstrucción no puede esperar a la consolidación de una nueva Constitución.
El Centro de Estudios Convivencia (CEC) ha dedicado trabajos específicos a infraestructura. Su XVII Informe propone establecer prioridades, diversificar las fuentes de inversión, atraer capital extranjero, promover financiación extraordinaria y organizar mesas de trabajo entre Gobierno, sociedad civil y diáspora. Incluso plantea una inversión internacional extraordinaria comparable, en escala conceptual, a un «Plan Marshall».
En febrero, la conferencia «Cuba: The Day After Tomorrow» de Florida International University reunió a más de 75 académicos, especialistas, activistas y estudiantes en 23 paneles. Uno de sus espacios centrales se tituló precisamente «From a Transition Roadmap to Reconstruction» y abordó transición constitucional, justicia transicional y reconstrucción.
En julio, el Museo Americano de la Diáspora Cubana acogió además la «Iniciativa para una alternativa democrática y económica para Cuba», un foro dedicado específicamente a la reconstrucción de infraestructura. Participaron expertos de FIU, la Universidad de Miami y el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, entre otros, y se discutieron transporte, turismo, agua y alcantarillado.
Aquí aparece una evolución importante: la reflexión empieza a pasar de «hay que reconstruir» a cuánto cuesta, qué sectores son prioritarios, quién puede hacerlo y cuánto tiempo tomaría.
Salud, educación y protección social
La reconstrucción tampoco se concibe únicamente como liberalización económica.
El CEC tiene propuestas específicas sobre educación y salud, además de informes sobre envejecimiento, inclusión social y gobernabilidad. Su catálogo reúne trabajos que van desde economía, agricultura y marco jurídico hasta medios, gobernanza y cuidado de personas mayores.
La FNCA propone sistemas de vales para educación y sanidad, combinando financiación pública con pluralidad de proveedores.
Estado de Sats ya incluía educación, salud, pensiones y seguridad social en su programa de transición de 2018.
Programa Cuba ha reunido además propuestas de especialistas sobre educación, pensiones, envejecimiento y otros componentes del bienestar social.
El objetivo común no es simplemente desmontar el sistema estatal, sino responder a una pregunta más urgente: cómo garantizar servicios esenciales durante un período en el que el Estado estará sometido a una presión extraordinaria.
Gobernabilidad: la pieza que conecta todas las demás
Probablemente el corpus del Centro de Estudios Convivencia (CEC) sea el que más explícitamente intenta unir las distintas funciones del Estado.
Su itinerario de pensamiento incluye un informe específico sobre «Gobernabilidad y Gobernanza en el futuro de Cuba» y otros sobre economía, marco jurídico, salud, educación, agricultura, medios, seguridad, relaciones internacionales y diáspora.
El centro se define precisamente como un laboratorio de pensamiento, prospección estratégica y propuestas para una democracia con buena gobernanza.
Esa perspectiva es importante porque una transición no se sostiene solo con una Constitución correcta.
Necesita administraciones capaces, funcionarios, presupuestos, información, municipios que funcionen, sistemas de control, reglas claras y una sociedad civil con capacidad para vigilar al Gobierno.
Ahí es donde la pregunta deja de ser exclusivamente política y se convierte en administrativa.
La diáspora como capacidad de reconstrucción
Prácticamente todas las propuestas económicas recientes atribuyen algún papel a los cubanos del exterior.
La FNCA apuesta directamente por capital, conocimiento y empresas. CEC ha elaborado propuestas específicas sobre el aporte de la diáspora a la reconstrucción nacional.
Cuba Próxima contempla la participación de la diáspora dentro de su diseño institucional. Cuba11J planteó derechos de participación de los cubanos residentes fuera de la isla.
Y los trabajos de reconstrucción de infraestructura de Convivencia proponen explícitamente convocar a la diáspora a mesas de trabajo, conferencias de inversión y proyectos financiados por sus empresas.
La diáspora aparece así no solo como fuente de remesas o inversión, sino como reserva de capital humano, empresarial, técnico y profesional.
¿Hasta dónde llega esta preparación?
El balance del corpus es desigual.
En marco jurídico, derechos, economía y reconstrucción sectorial existe una producción considerable, acumulada durante años y ampliada notablemente en 2026.
En infraestructura están apareciendo incluso cálculos técnicos y propuestas de financiación. En gobierno provisional existen diseños concretos, especialmente en CABA, Cuba Próxima y el Acuerdo de Liberación.
En justicia transicional hay una discusión desarrollada, aunque no un consenso completo. En salud, educación, agricultura, envejecimiento y protección social existe un repertorio amplio de propuestas sectoriales.
Donde el panorama es claramente menos desarrollado es en la última milla operativa: quién ejecuta las decisiones, quién controla las estructuras de seguridad, cómo se coordinan las distintas autoridades, cómo se resuelven disputas entre actores políticos, cómo se protege la propiedad durante el tránsito y quién administra los grandes fondos de emergencia.
Es una diferencia importante.
Tener un plan para reconstruir el sistema eléctrico no equivale a tener una autoridad capaz de contratar, financiar y supervisar la reconstrucción del sistema eléctrico.
Un país con propuestas, pero todavía sin un sistema de gobierno alternativo
La revisión de este segundo conjunto de documentos deja una conclusión parecida a la de la primera entrega, aunque en un nivel distinto.
Cuba no parte de cero en cuanto a qué habría que hacer.
Existen propuestas para preservar la continuidad institucional, crear un Gobierno provisional, liberar presos, garantizar derechos, reorganizar la justicia, estabilizar la economía, atraer capital, reconstruir infraestructuras, recuperar la energía, reorganizar salud y educación y convocar elecciones.
Algunas son compatibles entre sí; otras reflejan modelos políticos y económicos diferentes. Pero el problema comienza precisamente donde termina el papel.
¿Quién convierte esas propuestas en decisiones?
¿Quién forma el Gobierno provisional? ¿Quién dispone de autoridad para ejecutarlas? ¿Quién selecciona a los responsables de cada área? ¿Quién mantiene bajo control civil a las fuerzas de seguridad? ¿Quién administra el dinero destinado a la reconstrucción? ¿Quién habla en nombre de la transición ante Estados Unidos, Europa y los organismos financieros?
Ahí aparece la frontera entre tener conocimiento sobre cómo gobernar una transición y estar realmente preparado para gobernarla.
La tercera entrega de esta investigación abordará precisamente esa brecha: qué falta para convertir el corpus de propuestas, expertos y capacidades existentes en una alternativa política reconocible, legítima y operativa.
Y una de las preguntas centrales será también quién podría aportar los recursos necesarios para dar ese salto desde el pensamiento y los documentos hacia una verdadera capacidad de gobierno.
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