Amnistía Internacional exige la liberación inmediata del preso político cubano Roberto Pérez Fonseca

Amnistía Internacional renovó su exigencia de libertad inmediata e incondicional para el preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, a quien la organización clasifica como preso de conciencia, tras las denuncias de su familia sobre un grave deterioro de su salud en la cárcel de Quivicán, en Mayabeque.

«Las autoridades cubanas deben liberar inmediata e incondicionalmente a Roberto Fonseca, preso de conciencia encarcelado únicamente por ejercer sus derechos humanos. Reiteramos este llamado ante las denuncias de su familia, que alertan sobre un preocupante deterioro de su estado de salud», publicó Amnistía Internacional Américas en su cuenta de X.

La organización fue más allá y advirtió que mantener a Pérez Fonseca privado de libertad sin acceso oportuno a atención médica «agrava aún más esta vulneración de sus derechos».

También exigió que, mientras permanezca bajo custodia estatal, las autoridades le garanticen asistencia médica «adecuada, inmediata y sin obstáculos».

Amnistía Internacional cerró su llamado con una frase sin ambigüedades: «¡Roberto tiene que estar libre!»

Pérez Fonseca, de 43 años, cumple una condena de 10 años de prisión impuesta por el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, Mayabeque, tras su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Fue detenido cinco días después en una redada con más de 20 policías en su casa.

Fue acusado por los cargos de atentado, desacato, instigación para delinquir y desórdenes públicos. Su principal «delito»: haber roto un cuadro del dictador Fidel Castro en plena calle junto a otros manifestantes.

Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, se encuentra preso en el municipio Quivicán en espera de un juicio previsto para celebrarse el martes 28 de septiembre.

Su hermano envió a CiberCuba copias de las conclusiones provisionales de la fiscalía, en las que le pide al acusado 12 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato, instigación para delinquir y desórdenes públicos.

Su madre, Lisset Fonseca, describió a Martí Noticias cómo comenzó el deterioro: «Desde el lunes, él me llamó que se sentía mal, con decaimiento. Fue como comenzó. Después le empezó a dar fiebre».

La situación se agravó en los días siguientes. «El viernes me llama y me dice que lo habían auscultado y que le habían dicho que tenía neumonía. Esto se lo dice un recluso que es médico, porque ahí en la prisión no había médico. Le empezaron a poner antibióticos, y como estaba con asma, le estaban dando el aerosol», relató.

El cuadro clínico -fiebre alta, insuficiencia respiratoria y marcado decaimiento físico- resulta especialmente preocupante dado el historial médico del recluso, que incluye asma, bronquitis crónica, esofagitis aguda, duodenitis eritematosa y congestiva, y úlceras bulboduodenales, padecimientos que se han agravado durante el encarcelamiento y tras haber sido sometido en varias ocasiones a celdas de castigo.

La organización Cubalex alertó además que otros reclusos de Quivicán presentan síntomas similares -fiebre, dolor de cabeza y diarrea- que apuntan a un posible brote de dengue sin diagnóstico confirmado, y que después de las cuatro de la tarde no hay médicos disponibles en la enfermería del penal.

El hermano de Roberto, el activista Alberto Ortega Fonseca, radicado en Canadá, fue directo: «Mi hermano está preso injustamente por ejercer sus derechos fundamentales. Pero incluso dejando a un lado la injusticia de su encarcelamiento, su precario estado de salud es razón suficiente para que hubiese sido liberado, y para que reciba atención médica especializada inmediatamente».

El caso acumula un historial de pronunciamientos internacionales ignorados por el régimen.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU declaró en 2023 que su encarcelamiento es arbitrario y exigió su liberación. Amnistía Internacional lo nombró preso de conciencia en octubre de 2024 junto a Félix Navarro, Sayli Navarro y Luis Robles, y en febrero pasado denunció que las autoridades retrasaban beneficios penitenciarios por razones de salud.

La cárcel de Quivicán arrastra un historial documentado de condiciones inhumanas: en diciembre de 2024 murió allí el preso Yosvany Sánchez por falta de atención médica, y en julio de este año una madre denunció que el penal carece de agua.

Cuba cerró julio de 2026 con 1,327 presos políticos, un récord histórico según Prisoners Defenders.

Por su parte, Cubalex documentó 19 muertes bajo custodia estatal hasta el 24 de agosto.