La reunión que Miguel Díaz-Canel sostuvo el martes con «representantes» del sector privado cubano dejó al descubierto una contradicción estructural: el régimen ha expandido las reglas del juego para las MIPYMES, pero no ha creado las instituciones que ese sector necesita para funcionar con normalidad.
Un análisis publicado en redes sociales por el perfil «El Estado como tal», del economista Pedro Monreal, formuló la pregunta que la nota oficial del encuentro no respondió: «¿Qué norma define su estatus jurídico y regula su selección, mandato y rendición de cuentas? ¿Representan a propietarios, trabajadores o ambos?».
El texto propone dos medidas concretas para cerrar ese vacío: crear una cámara de comercio específica para las MIPYMES y autorizar sindicatos independientes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), de afiliación voluntaria y con capacidad real de negociación colectiva.
La propuesta sobre representación empresarial parte de un dato preciso: la Cámara de Comercio de la República de Cuba contaba en 2023 con 1,226 empresas afiliadas, de las cuales apenas 303 eran MIPYMES, una institución diseñada originalmente para gestionar el comercio exterior estatal y no para representar los intereses específicos de un sector privado emergente.
«Una cámara de comercio para las MIPYMES no sustituiría a la Cámara de Comercio de la República de Cuba; la complementaría. Su función sería concentrar voz, servicios e interlocución según las particularidades de un sector que necesita representación empresarial propia. Sin un interlocutor colectivo, sus demandas legítimas se diluyen», señala el análisis.
Un gremio especializado —organizado eventualmente por ramas— podría además ofrecer información en tiempo real sobre cierres, pérdidas y cuellos de botella, lo que permitiría diseñar políticas con menos ensayo y error y reducir la fricción regulatoria que hoy desalienta la inversión privada.
El argumento sobre representación laboral es igualmente directo. Desde su legalización mediante el Decreto-Ley 46 en agosto de 2021, las MIPYMES han superado las 10,000 unidades aprobadas y generan una relación laboral cualitativamente distinta a la de la empresa estatal: hay un empleador privado con ánimo de lucro y trabajadores que necesitan defender salario, descanso y estabilidad frente a ese empleador.
La CTC, sin embargo, fue diseñada bajo una lógica de «unidad» entre dirección empresarial, Partido Comunista y organización laboral que solo tiene sentido en el modelo de empresa estatal, explica Monreal.
En octubre de 2024, la CTC creó estructuras sindicales específicas para el sector privado —burós y secciones sindicales en comercio, gastronomía y servicios—, pero sin alterar su control centralizado.
El nuevo Código del Trabajo aprobado el 22 de agosto —apenas tres días antes de la reunión de Díaz-Canel con el sector privado— incorpora por primera vez a MIPYMES en un marco laboral unificado e introduce novedades como el seguro de desempleo obligatorio para empleadores privados.
Pero mantiene el monopolio sindical de la CTC y no reconoce el derecho de huelga ni sindicatos independientes.
El análisis concluye que eso deja el modelo incompleto: «hay empresario, pero no contrapoder laboral institucionalizado».
«El trabajador de una MIPYME necesita defender salario, descanso, seguridad y estabilidad frente a su empleador privado. Esa defensa no es 'oposición política', ni puede sustituirse con secciones sindicales de la CTC dentro de las MIPYMES, porque la CTC funciona esencialmente para articular al trabajador con la empresa estatal», argumenta el texto.
Las 176 medidas económicas aprobadas en junio de 2026 eliminaron el tope de 100 trabajadores por empresa, la restricción de una sola empresa por persona y abrieron nuevos rubros al sector privado, incluyendo banca y casas de cambio.
El marco institucional de representación, en cambio, no evolucionó al mismo ritmo.
«Si las MIPYMES van a consolidarse como actor estable del modelo económico reformado, la relación entre trabajadores y empresarios privados exige una representación laboral adecuada: un sindicato que no sea brazo de la dirección privada ni 'polea de transmisión del PCC', sino representante de la plantilla de la empresa privada», concluye el análisis del economista.
Vídeos relacionados:
Archivado en: