«Monitores de disciplina» y desvío de paquetes: la estructura corrupta de las cárceles cubanas

Un expreso político liberado hace dos semanas reveló este domingo el entramado de corrupción, abuso y represión delegada que opera en los centros penitenciarios de la provincia de Granma, en el oriente de Cuba.

Según el testimonio de Fernando Bárzaga Mompié recogido por Martí Noticias, los mandos militares han construido un sistema paralelo de control en el que reclusos seleccionados —llamados «monitores de disciplina» o «promotores»— ejercen el poder real sobre el resto de la población penal.

Fernando Michael Bárzaga Mompié, de 44 años, miembro de Cuba Independiente y Democrática (CID), fue liberado el 16 de agosto en Manzanillo tras cumplir cinco años de condena por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Durante ese tiempo pasó por cuatro prisiones de Granma, entre ellas Veguita #1 y La Demajagua.

De acuerdo con su relato, cada monitor opera junto a un grupo de seis a ocho aliados —denominado «piquete»— que controla destacamentos y galeras enteras. Son ellos quienes deciden si un recluso puede ir al médico, recibir alimentos o hacer una llamada telefónica, y quienes exigen el cumplimiento arbitrario del reglamento penitenciario, un documento que, según Bárzaga, se oculta deliberadamente a los internos.

«Ese preso es quien reparte el alimento, es quien dice si vas o no vas al médico. Son los que gobiernan. Cualquier cosa que suceda es un enfrentamiento de preso a preso. La policía se quitó todo eso de encima», declaró el exprisionero.

La represión física contra reclusos incómodos también recae sobre estos monitores, que actúan como ejecutores por encargo de la guarnición y la Seguridad del Estado a cambio de impunidad y privilegios.

Este patrón coincide con lo documentado por Cubalex en agosto de 2024, que identificó la figura del recluso «disciplina» como un mecanismo de hostigamiento sistemático contra presos políticos, con una retribución de 250 pesos cubanos.

El testimonio de Bárzaga expone además un desvío organizado de recursos. Los mandos militares se apropian de alimentos, calzado, ropa y paquetes que las familias entregan para sus parientes presos, ya sea durante las requisas o antes de que lleguen a manos de los reclusos.

Con los insumos de la prisión, los oficiales elaboran productos para uso propio, crían cerdos y ganado, y destinan a internos al cultivo de arroz sin remuneración alguna. La cosecha no mejora la dieta penal: se vende de forma particular.

Los beneficios penitenciarios tampoco escapan a la lógica mercantil. Las visitas conyugales y la asignación a regímenes de menor severidad se negocian al mejor postor, según el expreso.

Cuando algún recluso intenta denunciar estos abusos, el sistema cierra filas. Bárzaga lo vivió en carne propia en La Demajagua: «El capitán Francisco del Toro me robó descaradamente una gorra nueva que me había traído mi tía, y yo lo acusé con Fiscalía Militar. Seguí los pasos del protocolo de ellos, y lo que recibí fue la amenaza de la misma fiscal, que me aconsejó terminar ese proceso para que no me sucediera algo peor. Me dijo que ella no me aseguraba que yo iba a estar bien ahí después de que comenzara un proceso por mi denuncia».

El patrón descrito se enmarca en una crisis carcelaria más amplia. En su informe del primer semestre de 2026, Cubalex documentó 762 incidentes contra personas privadas de libertad, incluyendo golpizas y agresiones sexuales bajo órdenes de la Seguridad del Estado.

En abril de este año, la organización Justicia 11J contabilizaba 775 presos políticos en Cuba, de ellos 338 condenados por las protestas del 11J, muchos de ellos recluidos en la misma provincia de Granma que describe Bárzaga.