
El equipo legal de Nicolás Maduro presentó ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York una moción para desestimar los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo que enfrenta en EE.UU., argumentando inmunidad soberana como presidente en funciones y la ilegalidad de su captura, según dio a conocer Reuters.
La citada agencia señala que el caso pondrá a prueba «la resistencia de los tribunales estadounidenses a aplicar el derecho internacional en causas penales», un terreno históricamente adverso a este tipo de argumentos.
La estrategia de la defensa
El abogado principal de Maduro, Barry Pollack, construye su estrategia sobre dos pilares: la doctrina de inmunidad personal ratione personae y la supuesta ilegalidad de la operación que llevó a su cliente a una celda en Brooklyn.
Dicha doctrina, reconocida por la Corte Internacional de Justicia, protege a los jefes de Estado en ejercicio de la jurisdicción penal extranjera mientras permanecen en el cargo, tanto por actos oficiales como privados.
Sin embargo, el argumento choca con un obstáculo jurídico de peso: Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde 2019, lo que debilita considerablemente su reclamación ante los tribunales estadounidenses.
El precedente Noriega
El antecedente más relevante en el derecho estadounidense es el caso United States v. Noriega, en el que el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito rechazó la inmunidad del exdictador panameño Manuel Noriega con un argumento idéntico al que hoy enfrenta Maduro: Washington nunca lo reconoció como gobernante legítimo.
Analistas de la organización Due Process of Law Foundation describen el caso como un choque entre la norma consuetudinaria internacional de inmunidad personal y la política estadounidense de no reconocimiento.
En cuanto al argumento de la ilegalidad de la captura, los tribunales estadounidenses también han rechazado históricamente que presuntas violaciones del derecho internacional obliguen a desestimar una acusación penal.
Preso desde enero
Maduro fue capturado en Caracas el 3 de enero de 2026 durante la operación militar estadounidense «Resolución Absoluta» y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece junto a su esposa Cilia Flores.
En su primera comparecencia ante el juez federal Alvin Hellerstein, Maduro se declaró no culpable y se definió como «prisionero de guerra», insistiendo en que fue «secuestrado».
Ambos enfrentan cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, con posible pena de cadena perpetua.
Esta no es la primera maniobra legal de la defensa.
En febrero, Pollack presentó una moción alegando violaciones al debido proceso por el bloqueo de fondos para costear la representación legal, un escollo que se resolvió en abril cuando el Departamento del Tesoro autorizó al gobierno venezolano a pagar los honorarios de los abogados.
Mensajes desde la celda
Mientras su defensa libra la batalla judicial, Maduro ha mantenido comunicación con el exterior desde Brooklyn.
El martes publicó sus primeras fotografías conocidas desde el interior de la prisión —tomadas el 25 de junio— en las que aparece sonriente, con un conjunto deportivo gris y haciendo el signo de la «V» de victoria.
«Quiero que sepan que estamos firmes», escribió en el mensaje que acompañó las imágenes.
En agosto también envió un mensaje desde prisión en favor del diálogo: «Saludamos todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos».
Guardó silencio, sin embargo, sobre el acuerdo petrolero anunciado por la administración Trump con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, que otorga a Estados Unidos control mayoritario sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas venezolanas.
Si las mociones de desestimación no prosperan, el juicio oral contra Maduro y Flores está fijado por ahora para el 1 de junio de 2027 ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
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