La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos revocó el viernes el asilo concedido a una ciudadana venezolana opositora al chavismo, en un fallo con carácter de precedente vinculante.
La BIA determinó que la captura y salida del poder de Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026, supone un cambio en las condiciones de Venezuela que debe ponderarse al evaluar las solicitudes de asilo basadas en persecución política.
El caso se originó cuando el Departamento de Seguridad Nacional apeló la decisión de un juez de inmigración que, el 22 de abril de 2026, había concedido el asilo a la solicitante tras reconocer que tenía un temor fundado de persecución futura por su militancia opositora.
La mujer llegó a EE.UU. en julio de 2014 con visa de estudiante y declaró que ella y su esposo participaron en grupos pro-democráticos en Venezuela, donde fueron amenazados e intimidados por simpatizantes del régimen y por un funcionario de la Universidad de Carabobo.
Según el fallo, «la pretensión de la solicitante se basa en su opinión política de oposición al gobierno de Maduro» y reconoce que su esposo fue agredido físicamente. Además, en octubre de 2025 las autoridades venezolanas anularon su pasaporte mientras ella ya se encontraba en territorio estadounidense.
El panel de tres jueces de la BIA anuló la decisión de primera instancia y devolvió el expediente para un nuevo análisis, argumentando que el juez original no evaluó con suficiente profundidad el impacto del cambio político sobre el riesgo particular de la solicitante.
El fallo reconoce que un relevo en el liderazgo nacional no elimina automáticamente el temor fundado de persecución, pero establece que «la salida del poder del jefe de un gobierno nacional es un acontecimiento muy significativo y no un mero evento más sobre un trasfondo político estático».
Este punto es central en el debate jurídico: aunque Maduro está preso en EE.UU., el chavismo no desapareció.
Delcy Rodríguez gobierna Venezuela como presidenta encargada desde el 5 de enero de 2026, su hermano Jorge Rodríguez preside la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello —ministro del Interior— controla los aparatos de seguridad e inteligencia del Estado.
La Misión de la ONU señaló que Cabello «dirige el centro del aparato represor del Estado» venezolano y sigue amenazando públicamente a opositores, lo que alimenta el argumento de quienes sostienen que el riesgo de persecución persiste.
La abogada de la solicitante, Rosa M. Medina, argumentó precisamente que «el aparato estructural de persecución y tortura del Estado venezolano permanece intacto» y que las redes militares, de inteligencia y paramilitares siguen bajo control de leales al chavismo.
El juez de primera instancia había concluido que «la esencia del gobierno de Maduro permanece» y que «el régimen de Maduro no ha desaparecido», pero la BIA calificó esas afirmaciones de conclusivas y carentes de análisis fáctico suficiente sobre el riesgo concreto que enfrenta la solicitante en el nuevo escenario político.
La BIA también citó como evidencia de cambio de condiciones la reapertura de la Embajada de EE.UU. en Caracas el 30 de marzo de 2026, el histórico acuerdo petrolero anunciado el 31 de agosto y las conversaciones entre el gobierno venezolano y la Asamblea Nacional de 2015 —la última elegida democráticamente— hacia una transición electoral.
El fallo también ordena al juez de instancia resolver si la solicitud de asilo fue presentada dentro del plazo de un año exigido por ley, cuestión que el juez original no abordó.
El precedente podría afectar a decenas de miles de venezolanos con solicitudes de asilo pendientes en EE.UU. basadas en persecución política bajo el régimen chavista, en un momento en que la administración Trump mantiene una política migratoria de máxima presión y ha reanudado la revisión de asilos políticos concedidos previamente.
Vídeos relacionados:
Archivado en: