La administración Trump anunció el lunes lo que describió como «el mayor acuerdo petrolero de la historia del mundo»: el control mayoritario estadounidense sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, canalizadas a través de una empresa privada y sin costo alguno para el contribuyente.
Pero detrás de los titulares triunfalistas, el acuerdo publicado por la Casa Blanca acumula contradicciones, vacíos legales y preguntas sin respuesta que ningún documento oficial ha resuelto hasta ahora.
El pacto fue firmado por el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Guerra Pete Hegseth, y otorga a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones sobre 17 campos petroleros venezolanos.
A cambio, NABEP cedió al Departamento de Guerra un 35% de participación accionaria en su empresa matriz y al Departamento de Estado el derecho a comprar al costo de producción el 20% garantizado de toda su producción, más el derecho de primera opción sobre el 80% restante.
El gobierno de EE.UU. también obtuvo poder de veto sobre cualquier nombramiento en la junta directiva de NABEP, y la mayoría de esa junta deberá estar integrada por ciudadanos estadounidenses. El acuerdo se rige por la ley estadounidense y queda sujeto a la jurisdicción de los tribunales de ese país.
Sin embargo, una de las primeras grietas visibles es la duración misma del convenio: mientras la Casa Blanca habla de concesiones a 100 años y 200 mil millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años de operación —que serían destinados a financiar la reconstrucción y programas de desarrollo social—, la presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez afirmó públicamente que el acuerdo solo tiene una vigencia de 25 años.
El contrato completo no ha sido publicado, por lo que no existe forma de verificar cuál de las dos versiones es correcta.
Otra inconsistencia de fondo proviene del propio Pentágono. Según un portavoz citado por Reuters este martes, la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra no toma participaciones accionarias en empresas privadas, lo que pone en entredicho el mecanismo legal exacto mediante el cual Washington ostentaría ese 35% de NABEP.
La figura detrás de NABEP añade otra capa de opacidad al acuerdo. Alejandro Betancourt López, empresario venezolano de 46 años y propietario de la compañía, enfrenta causas abiertas por presunto blanqueo de capitales en España y Suiza.
NABEP fue fundada en abril de 2024 y en apenas dos años pasó de producir unos 18,000 barriles diarios a aproximadamente 200,000, un crecimiento que no ha sido explicado con detalle en ningún documento oficial.
La Casa Blanca proyecta que NABEP invertirá hasta $100,000 millones en infraestructura petrolera venezolana y pagará $200,000 millones en regalías e impuestos durante los primeros 25 años de operación.
La mayoría de los campos que operará la empresa estaban previamente en manos de firmas rusas y chinas, o de allegados al chavismo, según el comunicado oficial, que señaló que esos actores «saquearon los recursos de Venezuela en beneficio de adversarios como Cuba, Rusia y China».
Esa mención a Cuba no es retórica. Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, Venezuela interrumpió el envío de unos 35,000 barriles diarios de petróleo a la isla que recibía bajo acuerdos de trueque. El nuevo esquema consolida ese corte como permanente y lo enmarca en la reafirmación de la Doctrina Monroe.
La reacción política fue dividida. La congresista María Elvira Salazar criticó inicialmente el acuerdo al considerar que Delcy Rodríguez era «la persona equivocada para firmarlo» y advirtió que Venezuela «solo está ganando tiempo», aunque luego lo calificó de «un gran acuerdo para Estados Unidos y el pueblo venezolano», condicionando su apoyo a la celebración de elecciones libres.
En Caracas, sectores chavistas protestaron contra el pacto, mientras la oposición venezolana lo tildó de cesión predatoria de soberanía.
EE.UU. patrocina además conversaciones de reconciliación entre la Asamblea Nacional de 2015 y las autoridades interinas venezolanas, proceso que ya derivó en reformas judiciales y la liberación de cientos de presos políticos.
Nuevas reuniones están previstas para septiembre, lo que sugiere que el acuerdo petrolero es solo una pieza de una negociación política más amplia cuyos términos completos tampoco han sido divulgados.
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