EE.UU. busca a pareja prófuga acusada de fraude millonario con préstamos a nombre de más de 100 cubanos

Las autoridades de Estados Unidos buscan a una pareja acusada de participar en un esquema millonario de fraude con préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), que involucró solicitudes fraudulentas relacionadas con más de 100 inmigrantes cubanos.

El caso fue destacado este lunes por el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, durante un acto en Kansas City encabezado por el vicepresidente J.D. Vance, en el que la administración de Donald Trump anunció una nueva ofensiva contra el fraude cometido con fondos federales durante la pandemia.

Según CBS News, un gran jurado federal del Distrito Norte de Iowa acusó a Adrián Rafael Pupo Pérez y Helen Yaima Leyva Santiesteban de 47 cargos por fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración.

Ambos permanecen prófugos, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

«Esta pareja ha huido del país [...] y permanece prófuga, pero estamos trabajando arduamente para traerla de regreso», afirmó Blanche al presentar el caso como uno de los ejemplos de fraude perseguidos por las autoridades federales.

Los fiscales sostienen que Pupo Pérez, Leyva Santiesteban y más de 100 personas participaron en un esquema que involucró aproximadamente 470 solicitudes fraudulentas del PPP, presentadas a nombre de personas ubicadas en distintos lugares de Estados Unidos, informó CBS News.

La trama buscaba obtener más de 4,5 millones de dólares en fondos públicos y aproximadamente 2,4 millones llegaron a ser desembolsados, según la misma fuente.

Durante su intervención, Blanche puso el foco específicamente en los inmigrantes cubanos vinculados al esquema.

El fiscal general explicó que se presentaron o intentaron obtener préstamos fraudulentos «en nombre de más de cien inmigrantes de Cuba». Según detalló, en las solicitudes se afirmaba falsamente que esas personas trabajaban por cuenta propia y que cada una había obtenido aproximadamente 100,000 dólares en ingresos brutos durante 2019, antes de la pandemia.

En realidad, indicó Blanche, no eran trabajadores por cuenta propia, sino que trabajaban en una planta procesadora de carne del norte de Iowa o desempeñaban otros empleos en esa región.

El caso tiene antecedentes ya reportados. Uno de los procesados dentro de la misma causa federal fue el cubano Yovany Ciero, exsargento de las Fuerzas Armadas de Cuba y trabajador de una planta procesadora de carne en Algona, Iowa.

Ciero fue declarado culpable en mayo de 2025 de tres cargos de fraude electrónico, 23 de lavado de dinero, uno por realizar una transacción monetaria con bienes derivados de una actividad ilícita y otro de conspiración para lavar dinero.

El Departamento de Justicia explicó entonces que Ciero era uno de seis intermediarios o «bundlers» del esquema. Su función consistía en reclutar personas, obtener sus datos personales para las solicitudes fraudulentas y entregar esa información a quienes presentaban las peticiones ante las entidades financieras participantes en el PPP.

Las autoridades señalaron que Ciero y más de un centenar de inmigrantes cubanos obtuvieron préstamos fraudulentos alegando que trabajaban por cuenta propia y ganaban alrededor de 100,000 dólares anuales, aunque en realidad laboraban en la planta procesadora de carne u otros empleos.

Ciero fue sentenciado en diciembre de 2025 a cuatro años de prisión federal y al pago de 212,293 dólares en restitución. El Departamento de Justicia indicó entonces que era el quinto extrabajador de plantas procesadoras de carne de Iowa sentenciado por su participación en la trama.

La investigación volvió al primer plano este lunes como parte de una ofensiva más amplia del gobierno federal contra los fraudes relacionados con los programas de ayuda establecidos durante la pandemia.

Según CBS News, la operación anunciada por las autoridades comprende casos contra más de 160 acusados relacionados con aproximadamente 245 millones de dólares en pérdidas previstas para los contribuyentes.

Vance anunció además la suspensión de unos 870,000 prestatarios de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), que quedarán impedidos de acceder a determinados préstamos y programas federales por sospechas relacionadas con fraude.

Blanche utilizó el caso de Iowa para ilustrar el alcance de las investigaciones y advirtió que el Departamento de Justicia continuará persiguiendo a quienes hayan defraudado programas federales, incluidos aquellos que abandonaron Estados Unidos para evitar a las autoridades.