El Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló este martes cargos formales contra cinco personas vinculadas a los servicios de inteligencia rusos, entre ellas dos ciudadanos cubanos: Oemis Romagoza Durruthy y Yaidel Delgado Suárez, alias «Viking», ambos de 35 años y actualmente prófugos.
La acusación, presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los señala como integrantes de una red de espionaje rusa que desde al menos 2024 ha operado para asesinar disidentes y sabotear infraestructura en países aliados de Ucrania, incluyendo territorio estadounidense.
Romagoza Durruthy, nacido en Camagüey y residente en Petrozavodsk (Rusia), donde dirige la academia de baile latino «Made in Cuba», es descrito en el expediente como coordinador de logística y ataques para la red.
En junio de 2024 organizó un ataque en Praga y en septiembre de ese mismo año coordinó otro en Lituania, reservando viajes y manteniendo comunicaciones con los ejecutores. En noviembre de 2025 obtuvo imágenes de la vivienda de un prominente disidente ruso en Estados Unidos, material que luego fue utilizado por un reclutado para realizar vigilancia en suelo americano.
Sobre Romagoza pesa además una orden de búsqueda internacional emitida por la Fiscalía de Lituania en enero de 2026, por terrorismo vinculado al intento de incendio de instalaciones de TVC Solutions en Šiauliai.
El juicio por ese caso comenzó en abril y los acusados no se declararon culpables. Obtuvo la ciudadanía rusa en 2022 tras casarse con una ciudadana de ese país, lo que hace prácticamente imposible su extradición.
Delgado Suárez, por su parte, es calificado en la acusación como «reclutador prolífico» que captó o intentó captar a múltiples personas dentro de Estados Unidos.
Junto al venezolano Ángel Eduardo Castro, de 22 años, ofreció a un residente estadounidense entre 1,000 y 1,500 dólares por vigilancia preoperacional y 40,000 dólares por «eliminar» o «hacer desaparecer» al disidente identificado como Víctima-1.
Cuando el reclutado rechazó ejecutar el crimen personalmente, Suárez le preguntó si conocía «a alguien que pueda hacer el trabajo» y advirtió que tenía «gente en México» dispuesta a llevarlo a cabo.
Los otros dos acusados son Yuri Khrameev, de 63 años, excoronel de los servicios de inteligencia rusos conocido como «Coronel Yuri», y su hijo Kirill Khrameev, de 27 años, oficial del Servicio Federal de Seguridad (FSB).
El año anterior, Yuri Khrameev ofreció a un ciudadano estadounidense 25,000 dólares para asesinar a un disidente en Lituania, a quien describió como alguien que «difundía suciedad sobre mi país».
Cuando el reclutado se negó, le propuso alternativas: «incendiar un almacén» o «lanzar una botella de gasolina a una subestación eléctrica», con el objetivo declarado de atacar «todos los países que ayudan a Ucrania».
Todos los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para financiar terrorismo. Suárez, Castro y Yuri Khrameev enfrentan además hasta 10 años adicionales por conspiración para cometer asesinato por encargo.
El caso se enmarca en una escalada documentada de operaciones encubiertas rusas que, tras la invasión de Ucrania en 2022, ha recurrido crecientemente al reclutamiento de latinoamericanos como «agentes desechables» para ejecutar sabotajes y asesinatos sin exponer directamente a oficiales de inteligencia.
El instructor de baile cubano ya era buscado por autoridades europeas antes de que Washington presentara estos cargos.
«Estos acusados supuestamente operaron como parte de una red global de asesinatos que llegó hasta Estados Unidos, intentando reclutar a ciudadanos estadounidenses y extranjeros para cometer crímenes por orden del Kremlin», declaró John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para Seguridad Nacional.
«Estas acciones representan una grave violación de nuestra soberanía y una amenaza para nuestra seguridad nacional», concluyó.
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