La administración Trump activó este viernes una nueva regla de carga pública que amplía los criterios bajo los cuales el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) puede negar la residencia permanente a inmigrantes que hayan recibido beneficios del gobierno, una medida que genera alarma en la comunidad latina pero que, para la mayoría de los cubanos, no representa el peligro que muchos temen.
A partir de este 18 de septiembre, los agentes de USCIS evaluarán «todos y cada uno» de los beneficios recibidos por quienes soliciten la green card, según comunicado oficial de la agencia.
La lista de ayudas que ahora entran en la evaluación es considerablemente más amplia que antes: cupones de alimentos (SNAP), Medicaid, vales de vivienda, asistencia financiera para estudios universitarios y otros programas sujetos a verificación de recursos.
Hasta ahora, la norma vigente desde 2022 solo tomaba en cuenta la asistencia pública en efectivo para gastos de manutención o la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno.
Se estima que unas 950,000 personas podrían renunciar a beneficios gubernamentales como consecuencia directa de esta política, según reportes de Telemundo.
La medida es una reactivación de una norma que Trump aplicó por primera vez en febrero de 2020 durante su primer mandato y que la administración Biden derogó.
El gobierno la justificó afirmando que «está reafirmando el requisito de autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a las políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente».
¿Afecta a los cubanos?
Para la mayoría de los cubanos que tramitan su residencia a través de la Ley de Ajuste Cubano (CAA), la respuesta es clara: esta regla no los afecta.
La CAA, aprobada por el Congreso en 1966, incluye una exención estatutaria de la causal de inadmisibilidad por carga pública. Al ser una ley del Congreso, ninguna norma administrativa del Ejecutivo puede eliminarla, y así quedó ratificado expresamente en el Registro Federal de julio de 2026.
El abogado de inmigración Willy Allen III lo explicó con contundencia: «Si yo soy cubano, me voy a coger a la Ley de Ajuste y he recibido alguna ayuda, me desentiendo. Tranquilidad. No importa. Nada que ver. Porque es una excepción. Y sigue siendo una excepción».
En términos prácticos, un cubano que haya recibido SNAP, Medicaid o subsidios de vivienda mientras esperaba ajustar su estatus bajo la CAA no puede ver negada su residencia por esa razón.
Quiénes sí deben preocuparse
La situación cambia para cubanos que no ajustan por la CAA: quienes tienen un formulario I-220A con el estatus aún sin resolver ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, o quienes solicitan la residencia por petición familiar, empleo u otras vías ordinarias, sí quedan sujetos a la nueva evaluación.
Para estos casos, USCIS analizará la «totalidad de las circunstancias» considerando cinco factores: edad, salud, situación familiar, bienes y recursos, y educación y habilidades.
Si un oficial determina que el solicitante es inadmisible únicamente por la probabilidad de convertirse en carga pública, se le ofrecerá pagar una fianza mediante el Formulario I-945, con un mínimo de $1,000, calculada según la asistencia que podría recibir en los próximos cinco años.
Willy Allen III advirtió que el alcance real de la norma aún es incierto: «Ese cambio es nuevo, entonces no puedo decir 100% cómo lo van a utilizar. Pero conociendo a este gobierno, yo sé que es probable que van a tratar de empujar esa regla al límite de negar los más casos posibles».
También están exentos de la regla, además de los beneficiarios de la CAA, los asilados, refugiados, solicitantes de Estatus de Protección Temporal (TPS), víctimas de trata y de delitos, y menores inmigrantes especiales.
La nueva norma aplica únicamente a solicitudes de ajuste de estatus presentadas a partir de este viernes; las radicadas antes de esa fecha se evalúan bajo los criterios anteriores de 2022, incluso si siguen pendientes de resolución.
Preguntas frecuentes sobre las nuevas reglas de carga pública y su impacto en inmigrantes cubanos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la nueva regla de carga pública de 2026?
La nueva regla de carga pública, activada por la administración Trump, amplía los criterios para negar la residencia permanente a inmigrantes que han usado beneficios públicos. Ahora se consideran ayudas como SNAP, Medicaid, y vales de vivienda, entre otros. Su objetivo es reforzar el principio de autosuficiencia económica entre los solicitantes de residencia permanente.
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¿Afecta esta regla a los cubanos que aplican a la Ley de Ajuste Cubano?
No, los cubanos que aplican a la Ley de Ajuste Cubano están exentos de esta regla de carga pública. La ley, aprobada por el Congreso, incluye una exención estatutaria que protege a sus beneficiarios, lo cual fue confirmado en el Registro Federal de julio de 2026.
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¿Qué deben considerar los cubanos que no aplican por la Ley de Ajuste Cubano?
Los cubanos que no aplican a través de la Ley de Ajuste Cubano sí quedan sujetos a la nueva evaluación de carga pública. Esto incluye a quienes solicitan residencia por petición familiar, empleo u otras vías ordinarias. USCIS evaluará factores como la edad, salud, situación familiar, bienes, recursos, educación y habilidades.
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¿Qué sucede si un oficial de USCIS determina que un solicitante es una carga pública?
Si se determina que un solicitante es inadmisible por carga pública, se le puede ofrecer la opción de pagar una fianza mediante el Formulario I-945. Esta fianza sirve como garantía financiera y tiene un mínimo de $1,000, calculada según la asistencia que el solicitante podría recibir en los próximos cinco años.
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