Vladimir Putin firmó el 17 de septiembre un decreto que transfiere a «administración temporal» los activos rusos de cinco grandes empresas occidentales: la suiza Nestlé y cuatro compañías francesas —Auchan, Lemana Pro (antes Leroy Merlin), FM Logistic y Bati Logistics—, en la mayor oleada de expropiaciones desde el inicio de la guerra en Ucrania, según informó CNN.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, justificó la medida el viernes calificando a las afectadas de «empresas europeas de países no amistosos… que actualmente participan activamente en hostilidades contra nosotros».
Todos los activos —16 entidades jurídicas rusas en total— quedaron bajo el control de L.E.V. Management, una sociedad creada específicamente por el Estado ruso para este propósito, cuyo director general fue nombrado apenas una semana antes de que se firmara el decreto.
El alcance de las confiscaciones es considerable: Nestlé opera seis plantas de producción en Rusia con más de 7,000 empleados y ventas anuales en el país de unos 335 millones de dólares; Auchan tiene 241 establecimientos —entre ellos 62 supermercados masivos— y una plantilla de 33,000 personas; Lemana Pro cuenta con 112 megatiendas y 11 centros logísticos; FM Logistic aporta tres almacenes automatizados; y Bati Logistics suma activos físicos de menor escala.
El esquema ruso no contempla indemnizaciones a valor de mercado. El precedente más citado es el de Renault, que en mayo de 2022 recibió un rublo simbólico por activos valuados en 2,200 millones de euros. Según estimaciones de la firma moscovita NSP, el valor acumulado de propiedad extranjera confiscada mediante este mecanismo ya supera los 50,000 millones de dólares.
El marco legal que ampara estas expropiaciones —incluyendo el Decreto Presidencial N.º 299— permite además suspender el control sobre marcas y patentes, de modo que Rusia puede seguir comercializando productos como KitKat o Nescafé con sus marcas originales sin autorización de las matrices.
Las operaciones se canalizan a través de Promsvyazbank, banco vinculado al Ministerio de Defensa, lo que bloquea cualquier intento de las casas matrices europeas de congelar cuentas o declarar bancarrotas preventivas.
La medida se inscribe en una escalada sostenida de expropiaciones que arrancó con la invasión de Ucrania en 2022.
En julio de 2023, el Kremlin ya había aplicado el mismo mecanismo contra la filial rusa de Danone y contra Carlsberg, que controlaba la cervecera Baltika. Solo en el primer semestre de 2026, Rusia incautó activos por valor de 10,160 millones de dólares en 15 casos distintos, según la firma analítica AK&M.
Las expropiaciones se producen en paralelo a una escalada de guerra híbrida rusa contra Europa: el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos documentó 144 incidentes en 13 países entre agosto de 2024 y febrero de 2026, incluyendo sabotajes, ciberataques y operaciones de desinformación.
Francia, que concentra cuatro de las cinco empresas afectadas, reaccionó con un comunicado conjunto de sus ministerios de Exteriores y Economía calificando la medida de «sin justificación» y exigiendo a Moscú que la revierta.
Nestlé, por su parte, declaró que evaluaba sus opciones y se comprometía a «tomar todas las medidas necesarias para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de las operaciones comerciales en beneficio de todas las partes interesadas, especialmente de sus empleados». Sus acciones cayeron un 2% en la bolsa de Zúrich.
La investigadora Alexandra Prokopenko, del Centro Carnegie Rusia-Eurasia en Berlín, advirtió en un artículo publicado en The New York Times que la Fiscalía General rusa «ha impulsado enérgicamente una serie de nacionalizaciones y reabierto acuerdos de privatización de la década de 1990 con el argumento de que violaban la soberanía económica del país», una redistribución de activos sin precedentes desde el colapso de la Unión Soviética.
En la lista de posibles próximas víctimas figuran los bancos Raiffeisen y UniCredit, las petroleras BP y TotalEnergies, y las estadounidenses PepsiCo y Mondelez International.
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