Vladimir Putin firmó un decreto que faculta al Estado ruso para asumir el control temporal de infraestructura crítica privada cuando sus propietarios no logren protegerla de los ataques con drones ucranianos o se nieguen a reconstruirla tras los bombardeos, según informó la agencia Associated Press.
La medida, anunciada el lunes, es la señal más clara hasta ahora de que la guerra está golpeando de lleno la economía rusa.
El decreto abarca sectores estratégicos: energía y combustible, electricidad, industria, comunicaciones, transporte, logística y servicios públicos. Su alcance potencial es enorme, desde refinerías de petróleo repetidamente bombardeadas hasta gigantes del comercio electrónico como Wildberries y Ozon, cuyos almacenes han sido blanco sistemático de la aviación no tripulada ucraniana.
El Kremlin intentó restar dramatismo a la medida. El viceprimer ministro Denis Manturov aclaró que no se trata de una nacionalización ni de un cambio de propiedad, sino de una «participación del Estado en la gestión de una compañía para resolver problemas concretos de seguridad».
Asimismo, subrayó que «este mecanismo no implica un uso generalizado: se tomarán decisiones selectivas y cuidadosamente consideradas al más alto nivel».
Sin embargo, el portavoz presidencial Dmitry Peskov dejó entrever la verdadera presión detrás del decreto al afirmar este martes que «a menudo los propietarios de empresas no prestan suficiente atención a tomar medidas para garantizar la seguridad, la seguridad antidrones».
El analista político ruso Abbas Gallyamov, exredactor de discursos de Putin, lo interpretó como un ultimátum encubierto.
En su cuenta de Telegram explicó que los dueños de refinerías golpeadas entre tres y cinco veces se niegan a invertir en reparaciones ante el riesgo de nuevos ataques: «¿Por qué gastar miles de millones si mañana van a volver a atacarlas?». Su conclusión fue directa: el gobierno les está diciendo «si no financian la restauración de las refinerías, se las quitaremos».
La presión sobre la economía rusa es real y creciente. Los ataques ucranianos a refinerías rusas han reducido drásticamente los ingresos por hidrocarburos, que cayeron 45,4% en el primer trimestre de 2026. El déficit federal ya superó en ese mismo período la meta anual completa.
En la madrugada de este martes, fuerzas ucranianas volvieron a atacar la refinería Afipsky, en la región de Krasnodar —que ya había sido golpeada en junio y julio—, causando un incendio. Esa misma noche, la refinería de Novoshakhtinsk, en Rostov, quedó con sus operaciones paralizadas tras otro ataque.
El decreto se inscribe en una tendencia acelerada de renacionalización que en el primer semestre de 2026 alcanzó niveles sin precedentes: según la agencia AK&M, el Estado ruso incautó activos por valor de 10.160 millones de dólares en 15 casos, cifra que representa el 42,2% de todo el mercado de fusiones y adquisiciones del período y equivale casi a lo registrado en todo 2025. La mayor operación fue el traspaso del holding agroindustrial Rusagro, valorado en 7.700 millones de dólares.
El propio Putin reconoció días atrás ante la televisión estatal que Moscú «debe y va a mejorar el sistema de defensa antiaérea y reforzar sus capacidades», y llamó a «agilizar la coordinación entre defensa, fuerzas del orden y organismos civiles en todos los niveles».
Con el nuevo decreto, esa coordinación podría traducirse en que el Estado tome directamente las riendas de empresas privadas que, ante la implacable campaña de drones ucranianos, prefieren no arriesgar su capital en reparaciones que podrían destruirse de nuevo al día siguiente.
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