La demanda de 992 cubanos con formulario I-220A sigue avanzando en una corte federal de Miami, pero todavía no existe una decisión que permita considerar ese documento como un parole ni que abra automáticamente el camino hacia la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.
Desde que la jueza federal Jacqueline Becerra rechazó el pasado 10 de septiembre el intento del Gobierno de Estados Unidos de desestimar el caso, se han producido varios movimientos importantes que permiten saber qué viene ahora en el litigio Bello-Rubio v. Noem.
Uno de los principales ocurrió el 18 de septiembre, cuando los abogados de los 992 demandantes presentaron una segunda versión enmendada de la demanda.
Becerra había ordenado realizar esa modificación para abordar de manera expresa una cuestión que puede resultar fundamental: bajo qué autoridad de la ley migratoria fueron detenidos originalmente estos cubanos antes de ser liberados con una I-220A.
La discusión es importante porque los demandantes cuestionan la manera en que fueron procesados y liberados por las autoridades migratorias y buscan que esas circunstancias puedan ser reconocidas jurídicamente como un parole.
El Gobierno sostiene, por el contrario, que una I-220A no equivale a un parole y que este último beneficio migratorio debe concederse de manera individual.
La nueva versión de la demanda ya consta como presentada ante el tribunal, aunque su contenido íntegro no está disponible gratuitamente en las bases públicas consultadas.
La jueza estudia unir varios casos sobre I-220A
Otro movimiento importante puede afectar a la manera en que continúa esta batalla judicial.
Becerra pidió a las partes que se pronunciaran sobre la posibilidad de unir Bello-Rubio con otros tres litigios relacionados con cubanos que recibieron I-220A: Morejon, Echazabal-Verdecia y Cabrera Mollinedo.
Los abogados de los demandantes presentaron su respuesta el 15 de septiembre y el Gobierno hizo lo mismo el día 18. Ahora corresponde a la jueza decidir qué hacer.
La posible unión de los casos no significa que los demandantes hayan ganado ni que exista ya una decisión favorable para los cubanos con I-220A. Se trata de una cuestión procesal que podría permitir que litigios con problemas jurídicos relacionados sean examinados de manera conjunta.
El Gobierno tendrá hasta el 9 de octubre
También ha cambiado el calendario del caso.
Después de la audiencia del 10 de septiembre, Becerra había pedido al Gobierno responder sobre otras dos cuestiones importantes: el intento de los abogados de convertir el proceso en una demanda colectiva y la solicitud de determinadas protecciones para los demandantes mientras continúa el litigio.
El Gobierno pidió más tiempo para responder. Los abogados de los demandantes no se opusieron a la solicitud y Becerra concedió la prórroga.
La nueva fecha límite es el 9 de octubre de 2026. Esa fecha será uno de los próximos momentos importantes del proceso.
La discusión sobre la demanda colectiva tiene especial interés porque el caso comenzó con 992 demandantes, pero sus abogados buscan que una eventual decisión pueda alcanzar a un grupo mucho mayor de cubanos procesados bajo circunstancias similares.
Becerra todavía no ha aprobado esa petición.
¿Qué significa todo esto para los cubanos con I-220A?
Por ahora, la situación migratoria de los cubanos con I-220A no ha cambiado como consecuencia de este caso.
La decisión del 10 de septiembre fue importante porque Becerra rechazó el intento del Gobierno de cerrar el litigio y permitió que continuara.
Pero la jueza todavía no ha determinado que una I-220A sea equivalente a un parole, no ha concedido residencia permanente a los 992 demandantes y tampoco ha decidido que todos los cubanos con ese documento queden incluidos en el proceso.
La batalla jurídica continúa precisamente para resolver algunas de esas cuestiones.
Como informó anteriormente CiberCuba, los abogados que impulsan el caso han pedido cautela y han advertido que incluso una eventual decisión favorable no significaría automáticamente residencia permanente para todos los afectados.
Cada persona tendría que cumplir además los restantes requisitos establecidos por la legislación migratoria.
Una batalla que va más allá de los 992 demandantes
El caso ha generado enorme interés porque la discusión puede tener consecuencias más allá de las personas que aparecen directamente en la demanda.
Los impulsores del litigio han estimado que entre 500,000 y 600,000 cubanos podrían encontrarse en Estados Unidos en una situación migratoria similar.
Además, Bello-Rubio no es el único proceso judicial relacionado con las I-220A que se desarrolla actualmente en Florida.
Otros litigios están planteando cuestiones similares sobre la manera en que las autoridades migratorias procesaron y liberaron a cubanos llegados a la frontera.
Precisamente por esa razón Becerra ha planteado la posibilidad de unir varios de esos casos.
¿Qué viene ahora?
El siguiente momento que habrá que observar será el 9 de octubre, cuando vence el nuevo plazo concedido al Gobierno para presentar sus argumentos sobre cuestiones pendientes.
También habrá que esperar la decisión de Becerra sobre la posible unión de los cuatro litigios.
Después, el tribunal deberá seguir examinando las peticiones de los demandantes y los argumentos del Gobierno antes de llegar al problema que está en el centro de toda esta batalla.
Para miles de cubanos con I-220A, la pregunta sigue siendo la misma: si las circunstancias en las que fueron detenidos y posteriormente liberados pueden llegar a ser reconocidas como un parole que les permita solicitar la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.
Por ahora, esa pregunta sigue sin respuesta.
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