El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de “asesinato” la operación militar ordenada por Donald Trump en aguas del Caribe contra una embarcación proveniente de Venezuela que, según Washington, transportaba drogas y estaba operada por el grupo criminal Tren de Aragua.
“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter).
La operación militar de EE.UU. en el Caribe
El martes, Trump confirmó en su red Truth Social que un barco con drogas proveniente de Venezuela fue hundido por fuerzas del Comando Sur, dejando un saldo de 11 muertos. El mandatario describió la acción como un ataque “quirúrgico” contra narcoterroristas vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la versión oficial y la definió como una acción contra una organización “narco-terrorista” designada por Washington. Desde el Congreso, los cubanoamericanos Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart celebraron la operación, enmarcada en la política de “cero tolerancia” de la administración Trump.
Sin embargo, la reacción en Caracas fue diametralmente opuesta. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, acusó a Washington de manipular las pruebas y sostuvo que el video difundido por Trump había sido creado con inteligencia artificial para justificar una “agresión encubierta”.
Petro rompe el silencio regional
En medio de la escalada de acusaciones entre Washington y Caracas, la voz de Petro se convirtió en la primera reacción de un jefe de Estado de la región.
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Su tuit cuestionó directamente la legitimidad del operativo y planteó una lectura distinta: los muertos no serían “narcoterroristas”, sino jóvenes pobres usados como mano de obra en las redes del narcotráfico.
La postura del mandatario colombiano no es casual. Petro ha sido crítico del modelo de guerra contra las drogas impulsado desde Estados Unidos y ha defendido la necesidad de una estrategia basada en salud pública, desarrollo alternativo y persecución financiera a los grandes carteles.
“Los que transportan drogas no son los grandes narcos”, subrayó, al contraponer la política de captura y judicialización aplicada en Colombia con la acción letal de EE.UU. en aguas internacionales.
Debate sobre legitimidad y estándares internacionales
El mensaje de Petro abre un debate incómodo sobre la legalidad de la operación estadounidense.
Aunque Trump enmarcó el ataque dentro de la lucha contra el terrorismo —al haber designado previamente al Tren de Aragua y al Cártel de los Soles como organizaciones terroristas extranjeras—, en la práctica se trató de una acción militar letal contra un barco de narcotraficantes en aguas internacionales.
Según estándares internacionales, la lucha contra el narcotráfico suele enmarcarse en operaciones policiales y de justicia penal, no militares. Convenciones como la de Viena de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes establecen mecanismos de cooperación judicial, extradición y decomiso, pero no autorizan el uso de fuerza letal contra embarcaciones civiles.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH), que regula los conflictos armados, tampoco aplica en este caso, ya que no existe una guerra declarada entre Estados Unidos y Venezuela ni un conflicto armado internacional reconocido.
El único marco legal que podría invocar Washington es el de la lucha contra el terrorismo, al considerar al Tren de Aragua como una organización terrorista designada. Sin embargo, juristas advierten que esa calificación unilateral no sustituye los principios básicos del derecho internacional, que exigen proporcionalidad, distinción entre combatientes y civiles, y respeto a la vida humana.
¿Un precedente peligroso?
Para expertos en seguridad, la acción militar ordenada por Trump plantea un dilema: si la guerra contra el narcotráfico se libra con bombardeos en alta mar, la frontera entre justicia penal y acción bélica se vuelve difusa.
El uso de bombardeos contra embarcaciones de droga marca un cambio drástico respecto a las operaciones antidrogas tradicionales. Si transportar estupefacientes se asimila a un acto terrorista y eso habilita una acción militar, la frontera entre justicia penal y guerra se vuelve difusa, con el riesgo de una escalada de violencia en la región.
Las palabras de Petro se insertan en esa preocupación: quienes mueren en estas operaciones no suelen ser los jefes de los carteles, sino jóvenes de comunidades empobrecidas que sirven como tripulantes.
El incidente en el Caribe no solo profundiza la tensión entre Washington y Caracas, sino que también abre un debate regional sobre los límites de la “guerra contra las drogas” y el riesgo de que la lucha antidrogas se convierta en un campo de batalla con costos humanos imprevisibles.
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