Una veintena de personas acusadas de votar ilegalmente en Florida, según DeSantis

El gobernador de Florida Ron DeSantis y el fiscal general del estado James Uthmeier anunciaron este jueves el arresto y procesamiento de 20 personas acusadas de fraude electoral en una operación estatal de integridad electoral que abarca varios condados y apunta, entre otros delitos, al voto ilegal en las elecciones generales de 2024.

De los 20 acusados, 16 son extranjeros que supuestamente se registraron como votantes declarando falsamente ser ciudadanos estadounidenses y luego emitieron su voto.

Los cuatro restantes son convictos que votaron mientras cumplían libertad condicional, lo que también los inhabilitaba para participar en las urnas.

«Florida no permitirá que nadie robe el voto de los estadounidenses en las urnas», declaró Uthmeier. «Estos acusados juraron ser electores calificados, votaron en nuestras elecciones y luego confirmaron que nunca fueron elegibles para votar. Gracias a nuestros fiscales estatales, el FDLE, el Departamento de Estado de Florida y el USCIS, están siendo responsabilizados».

Los acusados provienen de múltiples condados y tienen nacionalidades diversas: mexicana, jamaicana, chilena, bahameña, británica, indonesia y canadiense, entre otras. Varios firmaron formularios de reconocimiento de ciudadanía admitiendo que no son ciudadanos estadounidenses, pero lo hicieron después de haber votado.

Entre los casos documentados figura el de Selvin Uton Whilby, de 74 años, nacional jamaicano residente en Tampa, quien se registró en 2008 afirmando falsamente ser ciudadano y votó por correo tanto en las primarias como en las elecciones generales de 2024, con un historial de voto que se remonta a ese mismo año de registro.

También aparece Cyntia Vanessa Canales, de 62 años, nacional chilena residente en Ocala, quien se registró en dos ocasiones —en 2012 y en 2022— declarando haber nacido en Florida y votó en persona en octubre de 2024.

Las investigaciones se iniciaron a partir de referencias del Departamento de Estado de Florida y supervisores electorales de los condados, tras revisiones del estatus migratorio en bases de datos federales. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fue clave para confirmar que los acusados no eran ciudadanos.

DeSantis subrayó que su administración tiene «tolerancia cero con el fraude electoral» y anunció la creación de la Asociación de Funcionarios Electorales Estatales y Locales, con la que busca que otros estados repliquen el modelo de Florida.

Con estos 20 nuevos casos, Florida supera las 100 procesaciones por fraude electoral desde que se creó la Oficina de Crímenes Electorales en 2022, con más del 50% de ellas iniciadas desde que Uthmeier asumió el cargo.

La operación se enmarca en una ofensiva nacional de cara a las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026. Solo en septiembre, el Departamento de Justicia federal presentó cargos contra al menos 16 personas por voto ilegal en varios estados, y cuatro inmigrantes más fueron acusados en Pensilvania.

Según Reuters, la administración Trump ha procesado a unas 20 personas solo este mes bajo la ley federal que prohíbe el voto de extranjeros, lo que equivale al 13% de todas las acusaciones bajo ese estatuto en tres décadas.

Florida también tiene antecedentes recientes en este ámbito: en junio de 2026, un cubano con orden de deportación admitió haber votado ilegalmente en una elección federal, y en agosto un colombiano fue sentenciado a tres años de prisión federal por robar la identidad de un ciudadano y votar durante más de dos décadas.

A partir del 1 de enero de 2027 entrará en vigor la Ley SAVE de Florida, firmada por DeSantis en abril de 2026, que exigirá prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante, una medida que ya enfrenta impugnaciones judiciales de grupos de derechos civiles.