Los Derechos Humanos en Cuba hoy

Hablar hoy de derechos humanos en Cuba significa hablar de una crisis que abarca prácticamente todas las dimensiones de la vida nacional: los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, la terrible situación penitenciaria, el acceso a los alimentos, la salud, la vivienda, el agua, la electricidad y, en definitiva, del derecho de millones de cubanos a vivir con dignidad.

Cuba continúa siendo un Estado comunista de partido único. No existen elecciones  libres y competitivas entre diferentes partidos y el sistema judicial carece de independencia. Freedom House clasifica a Cuba en 2026 como un país “No Libre” y le concede solamente 9 puntos de 100 posibles: cero de 40 en derechos políticos y 9 de 60 en libertades civiles. La propia organización señala que el Estado proscribe el pluralismo político, impide la existencia de medios de comunicación verdaderamente independientes y restringe severamente las libertades fundamentales. 

En Cuba siguen siendo severamente restringidos derechos elementales: la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión, manifestación pacífica y organización política independiente. Se detiene, procesa, encarcela y tortura a ciudadanos por participar en protestas, expresar críticas, documentar abusos o publicar en las redes sociales.

El problema no consiste solamente en cómo actúa la policía política. Existe además todo un entramado legislativo que facilita la criminalización del disenso. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido que varios artículos del código penal son utilizados contra expresiones y actividades pacíficas protegidas por el derecho internacional. 

Las consecuencias son visibles. Según Prisoners Defenders, al cierre de agosto de 2026 había 1.339 prisioneros políticos y de conciencia en Cuba. De ellos, 155 eran mujeres y 38 habían sido detenidos cuando todavía eran menores de edad. Desde julio de 2021 hasta agosto de 2026, esta organización ha documentado 2.167 personas que han formado parte de sus listas de presos políticos. Entre los actualmente registrados, 463 presentan patologías médicas graves y 54 trastornos graves de salud mental. 

Pero la violación de derechos humanos en Cuba no termina en los derechos políticos. La nación atraviesa una crisis económica, social y humanitaria extraordinariamente profunda. El noveno estudio sobre derechos sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, basado en 1.318 entrevistas realizadas en 79 municipios de todas las provincias entre junio y julio de 2026, estimó que el 94 por ciento de la población se encontraba en condiciones de pobreza extrema, según la metodología empleada por la organización. El 68 por ciento de los entrevistados declaró ingresos familiares inferiores a 20.000 pesos mensuales. 

Esto se traduce en hambre, pérdida acelerada del poder adquisitivo, desnutrición entre sectores vulnerables, deterioro de la salud pública, escasez de medicamentos, graves problemas de transporte, viviendas en condiciones críticas, deficiencias en los acueductos y el alcantarillado y acumulaciones de basura que han convertido zonas enteras de numerosas ciudades en focos de insalubridad.

El sistema eléctrico constituye uno de los ejemplos más dramáticos. Cuba ha sufrido durante 2026 ocho colapsos nacionales del sistema electroenergético y apagones que en algunos territorios superan ampliamente las veinte horas. Muchos pueblos pasan hasta 3 días sin electricidad. El deterioro de las centrales eléctricas, la insuficiente inversión y mantenimiento y la escasez de combustible forman parte del problema. 

El régimen cubano culpa a Estados Unidos de la grave crisis que vive la Mayor de las Antillas, pero los hechos demuestran la falsedad de tales acusaciones. Estados Unidos continúa exportando bienes hacia Cuba. Los datos muestran 674 millones de dólares en exportaciones de bienes entre enero y julio de 2026. Solo en alimentos y productos agrícolas, durante el primer semestre las ventas ascendieron a aproximadamente 219 millones de dólares. También se han autorizado exportaciones de combustible destinadas al sector privado cubano. Por tanto, la relación económica entre ambos países es bastante más compleja que la afirmación de que existe un aislamiento comercial absoluto. 

De la vecina nación llega a la Isla la mayor cantidad de remesas enviadas desde el exterior. Washington también es quien más ayuda humanitaria está destinando a las personas más vulnerables en Cuba.

Las sanciones estadounidenses van dirigidas al régimen represivo y tienen como fin la liberación de los presos políticos y la transición democrática.

En medio de esta dramática situación, cuando ciudadanos desesperados protestan por los apagones, el agua, los alimentos, los salarios o cualquier otra injusticia, aparece nuevamente la dimensión represiva de la crisis.

Cubalex documentó solamente durante agosto 94 protestas públicas, principalmente motivadas por apagones prolongados, y 280 eventos represivos que comprendieron centenares de incidentes de hostigamiento. Prisoners Defenders ha documentado igualmente casos de ciudadanos encarcelados después de reclamar agua y electricidad. Incluyendo menores de edad.

Pero existe una realidad todavía más terrible: las cárceles. Las cifras exactas de la población penitenciaria cubana son difíciles de verificar porque el Estado no publica información transparente y no permite supervisión independiente. Prisoners Defenders utiliza como referencia una cifra aproximada de 90.000 personas privadas de libertad, procedente de estimaciones penitenciarias internacionales. En abril de este año publicó además un estudio sobre la alimentación en las prisiones basado en fotografías y testimonios directos. Su estimación de las raciones documentadas fue estremecedora: apenas entre 250 y 353 calorías diarias en los casos analizados, una fracción de las necesidades normales de un adulto. 

La organización advierte que no se trata de mediciones de laboratorio de todas las prisiones, sino de una estimación técnica realizada a partir de las raciones documentadas. Personalmente fui testigo hasta octubre de 2025 de la terrible tragedia del sistema penitenciario del régimen comunista y víctima directa de golpizas y torturas físicas y psicológicas.

Las denuncias describen hambre, desnutrición severa, alimentos escasos y descompuestos, falta de medicamentos, escasez de agua potable, hacinamiento, aislamiento, violencia, golpizas, enfermedades contagiosas como la tuberculosis y la escabiosis, plagas de chinches y otros insectos, roedores y ausencia de atención médica adecuada.

Cubalex ha aportado cifras todavía más preocupantes. Entre febrero de 2024 y junio de 2026 documentó 115 muertes vinculadas a establecimientos penitenciarios. En aproximadamente 80 casos —cerca del 70 por ciento— identificó negligencia o negación de atención médica. Dentro de ese universo documentó al menos 21 muertes relacionadas con desnutrición severa o inanición y 12 vinculadas con tuberculosis. Siete personas fueron excarceladas o recibieron licencia extrapenal cuando su deterioro era ya irreversible y murieron horas o días después. Pero los números son mayores. Siempre son muchos más casos que los que se logra documentar. Es muy difícil obtener información a tiempo de todas las prisiones.

Hay historias que explican mejor las estadísticas. Cubalex informó del caso de un preso de 34 años en Las Tunas que, según la información recibida por la organización, medía aproximadamente 1,78 metros y pesaba solamente 32 kilogramos cuando su estado era ya crítico. Es una imagen brutal de hasta dónde puede llegar la desnutrición penitenciaria. Hemos visto y hay, presos políticos en estado de desnutrición severa.

Desde 2021 a la fecha han muerto en prisión o recién excarcelados en estado crítico, una decena de prisioneros políticos.

He denunciado reiteradamente otro grave problema: la corrupción penitenciaria. Las prisiones terminan funcionando como feudos donde abundan mercados ilegales, privilegios, extorsiones y arbitrariedades. Cuando falta transparencia, supervisión judicial efectiva y acceso independiente a las cárceles, las posibilidades de abuso y corrupción se multiplican. Los oficiales corruptos se convierten en peligros instrumentos de represión. La policía política los tiene en sus manos.

Los familiares de los presos, principalmente radicados en el exterior, financian en gran medida al sistema penitenciario del régimen cubano. Alimentan a los presos, pagan las luces, pintura y hasta los materiales con que se  reparan las rejas en las cárceles. Los carceleros venden todo tipo de beneficios a quien los pueda comprar.

El resultado es que la prisión no solamente castiga a quien está encarcelado. También aterroriza a quien está afuera. Cuando la población conoce el hambre, las enfermedad, la violencia y la indefensión existentes detrás de los muros y tejas, la posibilidad de terminar allí se convierte en un poderoso mecanismo de intimidación social.

Sin embargo, las protestas continúan. Continúan porque el miedo tiene límites cuando una familia no tiene electricidad durante horas interminables, cuando no encuentra medicamentos, cuando un anciano no puede alimentarse adecuadamente, cuando no llega el agua o cuando el salario no alcanza para casi nada.

A todo ello se suma el crecimiento de la preocupación social por la delincuencia, las drogas, los robos violentos, los asesinatos y la inseguridad ciudadana. En un país que atraviesa una crisis económica tan profunda, la seguridad de las personas debería constituir una prioridad esencial del Estado. Ningún gobierno puede justificar que se dediquen enormes recursos a la represión por motivos políticos mientras la ciudadanía reclama mayor protección frente a la violencia y el delito.

La conclusión es sencilla y profundamente preocupante. La crisis cubana no es solamente económica. Es una crisis integral de derechos humanos, de las libertades fundamentales de la persona, de alimentación, salud, vivienda, agua y electricidad. Y es también una terrible crisis penitenciaria.

Los cubanos necesitamos y deseamos que todos los derechos reconocidos universalmente puedan ejercerse realmente: libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, libertad sindical, libertad de reunión y manifestación, pluralismo político, debido proceso, independencia judicial y elecciones auténticamente libres.

Y necesitamos algo inmediato e impostergable: la liberación de todas las personas encarceladas arbitrariamente por ejercer pacíficamente esos derechos fundamentales.

Porque el primer derecho de un pueblo es poder hablar sin miedo, organizarse sin miedo, reclamar sin miedo y decidir libremente su propio futuro. Y para salir de la grave crisis que vive Cuba, para recuperar tantos derechos conculcados, necesitamos de la solidaridad creciente de Alemania, la Unión Europea y de todo en mundo libre y civilizado.