Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, apeló al Derecho Internacional para denunciar que «toda la población de un país» estaría siendo castigada por un objetivo político indefinido.
Entrevistado por Antonia Hylton para el programa The Assignment de la cadena MS NOW, el vicecanciller se refugió en un erotema o pregunta retórica para esquivar una realidad incómoda e incontestable: los cubanos no han sido despojados de sus derechos por una potencia extranjera, sino por un sistema político que les impide decidir libremente el destino de su país.
«Se está castigando a toda la población de un país por un objetivo político indefinido (…), tomar el control de una nación extranjera y de su riqueza. ¿Bajo qué lógica (…) es eso aceptable?», preguntó Fernández de Cossío.
El régimen cubano pregunta cuál es la lógica de presionar a un Estado extranjero, pero nunca responde cuál es la lógica de prohibir el pluralismo político, controlar los medios de comunicación, castigar el disenso y cerrar todos los caminos institucionales para que los ciudadanos puedan exigir cuentas al poder.
La Constitución cubana reconoce al Partido Comunista como la fuerza política superior de la sociedad y del Estado; es decir, convierte en norma jurídica la subordinación del país a una sola organización política.
Esa es la contradicción central del discurso oficial cubano: invoca soberanía hacia afuera mientras niega soberanía hacia adentro.
Habla de autodeterminación nacional, pero no permite que la nación se autodetermine en elecciones libres, con partidos independientes, prensa sin censura y ciudadanos protegidos frente al abuso del Estado.
La lógica del régimen no es la del Derecho Internacional, sino la de la permanencia. Permanecer aun cuando el país se vacía por la emigración. Permanecer aun cuando los hospitales colapsan, los apagones se normalizan y millones de cubanos sobreviven entre escasez, inflación y desesperanza. Permanecer incluso cuando toda forma de crítica pacífica es presentada como amenaza, delito o traición.
Organizaciones internacionales han documentado durante años la represión contra activistas, periodistas independientes, artistas, opositores y ciudadanos que expresan críticas al gobierno.
Human Rights Watch sostiene que las autoridades cubanas continúan reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública; Freedom House describe a Cuba como un sistema de partido único que prohíbe el pluralismo político, veta medios independientes y restringe libertades civiles básicas.
Tampoco se puede hablar de riqueza nacional sin hablar de quién la administra. GAESA, el conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas, ha sido señalado como actor dominante en sectores estratégicos de la economía cubana, incluidos turismo, divisas, comercio minorista y otros flujos clave de ingresos.
En un país donde los ciudadanos carecen de mecanismos reales para auditar al poder, esa concentración económica refuerza una estructura opaca y militarizada.
Por eso la declaración de Fernández de Cossío resulta tan reveladora. El régimen cubano se presenta como víctima de una agresión externa, pero evita hablar de las víctimas internas de su propio sistema: los presos políticos, los jóvenes expulsados al exilio, los periodistas censurados, las madres que protestan por comida y electricidad, los ciudadanos vigilados por opinar.
La pregunta, entonces, debe devolverse completa: ¿bajo qué lógica se considera aceptable que una élite política conserve el poder durante más de seis décadas, controle la información, administre la riqueza nacional sin transparencia y reprima a quienes reclaman libertades básicas?
Esa lógica existe. No es jurídica ni democrática. Es la lógica de un poder que convirtió al Estado en propiedad privada, al ciudadano en súbdito y a la nación en rehén.
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