El 12 de junio de 1901, Cuba enfrentó uno de los dilemas más difíciles de su historia republicana: ¿aprobar la Enmienda Platt o rechazarla?
La Asamblea Constituyente terminó aprobándola por 16 votos contra 11, mientras cuatro constituyentes se ausentaron. Entre quienes votaron a favor estuvieron Domingo Méndez Capote, Enrique Villuendas, Leopoldo Berriel, Pedro Betancourt, Manuel Sanguily, José N. Ferrer, Eliseo Giberga, José Miguel Gómez, Martín Morúa Delgado, Emilio Núñez, Gonzalo de Quesada, Joaquín Quilez, Pedro González Llorente, Alejandro Rodríguez, Diego Tamayo y otros.
Entre quienes votaron en contra estuvieron Alfredo Zayas, José Braulio Alemán, Salvador Cisneros Betancourt, Luis Fortún, Juan Gualberto Gómez, José Lacret, Rafael Portuondo, Rafael Manduley, Manuel R. Silva, Eudaldo Tamayo y José Fernández de Castro.
La historiografía nacionalista posterior convirtió muchas veces esta votación en un juicio moral: quienes aceptaron la Enmienda quedaron asociados a la claudicación, mientras quienes la rechazaron fueron elevados a la categoría de patriotas sin más matices. Pero la realidad fue mucho más compleja.
La Enmienda no era un acuerdo entre iguales. Estados Unidos había aprobado en marzo de 1901 las condiciones que debían regir sus futuras relaciones con Cuba y había dejado claro que la retirada de sus tropas estaba vinculada a la aceptación de esas condiciones. El secretario de Guerra Elihu Root sostuvo que el texto debía aceptarse sin modificaciones.
El dilema, por tanto, no era simplemente Enmienda sí o Enmienda no. Era también: ¿república con limitaciones de soberanía o prolongación de la ocupación militar?
Quienes votaron en contra tenían razones poderosas. La Enmienda otorgaba a Estados Unidos un derecho de intervención en Cuba y condicionaba aspectos fundamentales de la política exterior y las finanzas nacionales. Para los independentistas que habían combatido durante décadas por la soberanía, aceptar aquello significaba admitir una tutela extranjera incompatible con el ideal por el que habían luchado.
Pero quienes votaron a favor tampoco actuaron necesariamente por falta de patriotismo. Algunos explicaron que consideraban agotada la capacidad de resistencia cubana y temían que el rechazo significara prolongar indefinidamente la ocupación. Manuel Sanguily, por ejemplo, terminó votando afirmativamente después de haber combatido políticamente la Enmienda, argumentando que resistir en aquellas circunstancias podía resultar perjudicial para las aspiraciones cubanas.
Aquí aparece la cuestión que considero fundamental. ¿Podemos juzgar aquella decisión solamente desde el resultado final, o debemos comprender primero las alternativas reales que tenían delante aquellos hombres?
La Enmienda Platt fue, sin duda, una limitación de la soberanía cubana. Pero también es cierto que su aceptación permitió concluir el proceso constitucional y abrió el camino para que Estados Unidos transfiriera el gobierno y control de la Isla al nuevo gobierno cubano el 20 de mayo de 1902.
Por eso, más que repartir certificados de patriotismo o de traición, corresponde estudiar las circunstancias. Los que votaron en contra defendieron un principio: la soberanía no debía negociarse. Los que votaron a favor defendieron otra consideración: sin aceptar aquella condición, la independencia podía quedar aplazada.
Ambas posiciones tenían lógica. Ambas tenían riesgos. Ambas nacían de la misma preocupación: cómo convertir la victoria sobre España en una República cubana efectiva.
La Historia, por tanto, no debería borrar la contradicción. Debe conservarla. Porque aquel 12 de junio de 1901 Cuba no escogió entre libertad y libertad.
Escogió entre una independencia limitada por una tutela extranjera y la incertidumbre de continuar bajo ocupación. Y comprender ese dilema es mucho más útil que condenar a unos y glorificar a otros.
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