Expertos de la ONU: EE.UU. ha expulsado al menos a 23 mil migrantes a terceros países

Estados Unidos ha enviado al menos a 23,000 nacionales de terceros países a 29 países y territorios, dentro de una política de deportaciones que expertos independientes de derechos humanos advirtieron puede exponer a los migrantes y solicitantes de asilo a tortura, persecución y otras graves violaciones.

La cifra fue divulgada este lunes por Noticias ONU y forma parte de un pronunciamiento de expertos independientes de derechos humanos que alertó de que la denominada política de «externalización migratoria» de Washington involucra ya a más de 35 países y territorios.

«Los daños causados por este esquema del Gobierno de Estados Unidos ya no son hipotéticos», afirmaron los expertos, quienes señalaron riesgos de tortura y malos tratos, desapariciones forzadas y violaciones del principio de no devolución.

Ese principio, conocido como non-refoulement (principio de no devolución), impide enviar a una persona a un país donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros daños graves.

Los expertos aseguraron que la política alcanza tanto a solicitantes de asilo como a migrantes en distintas etapas de sus procesos migratorios y cuestionaron la falta de transparencia de muchos de estos acuerdos.

Entre los riesgos señalados figuran además la detención arbitraria o incomunicada, falta de asistencia jurídica, negación del debido proceso, separación familiar, trata de personas, discriminación y falta de acceso a vivienda, atención sanitaria y otros servicios básicos.

También expresaron especial preocupación por niños, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, personas LGBT, defensores de derechos humanos y apátridas.

Otro de los puntos señalados es que algunos acuerdos permiten que el país receptor mantenga al migrante solo de forma temporal y posteriormente lo envíe a otro Estado, creando una posible cadena de expulsiones que podría terminar devolviendo a la persona al país del que huyó.

«Los Estados no pueden desentenderse contractualmente de sus obligaciones jurídicas internacionales», afirmaron.

Los expertos pidieron a los países involucrados suspender estos acuerdos, restablecer procedimientos de asilo justos y eficaces y garantizar supervisión independiente y rendición de cuentas.

El traslado de migrantes a terceros países se ha convertido durante 2026 en uno de los puntos más controvertidos de la política migratoria de la administración de Donald Trump.

En abril, por ejemplo, se conoció que más de 13,000 migrantes que residían legalmente en Estados Unidos y esperaban una decisión sobre sus solicitudes de asilo habían recibido órdenes para ser enviados a terceros países, según datos de Mobile Pathways. En ese caso se trataba de órdenes de deportación, no de traslados ya ejecutados. 

El impacto de esta política también ha alcanzado a ciudadanos cubanos. Human Rights Watch documentó que entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a 18,453 nacionales de terceros países, de los cuales 12,977 fueron enviados a México. Los cubanos constituyeron el grupo más numeroso, con 4.353 personas. 

En agosto, cuatro cubanos se negaron a desembarcar en Liberia durante el primer vuelo ejecutado bajo un acuerdo entre Washington y ese país africano. El grupo, en el que también viajaban un brasileño y una camerunesa, fue posteriormente trasladado a Guinea Ecuatorial. 

Pocos días después, cuatro cubanos y dos ciudadanos afganos llegaron a Guyana en el primer grupo enviado bajo otro acuerdo de deportación a terceros países. Según la información divulgada entonces, ninguno tenía antecedentes penales y su permanencia tendría carácter temporal. 

La política también enfrenta litigios en tribunales estadounidenses. El 18 de septiembre, la jueza federal Regina M. Rodríguez ordenó a la administración Trump devolver a Estados Unidos al hondureño Bryan Omar Sánchez, quien había sido enviado a la República Centroafricana el 29 de julio pese a tener una solicitud de asilo pendiente y protección bajo la Convención contra la Tortura. 

Los expertos independientes insistieron en que tanto el Estado que realiza el traslado como el país receptor mantienen obligaciones bajo el derecho internacional y que los acuerdos bilaterales no eliminan esas responsabilidades.

«Los derechos humanos deben situarse en el centro de la gobernanza migratoria y no ser sacrificados en aras de la disuasión», concluyeron.

Las políticas migratorias de la administración estadounidense siguen generando controversia a nivel internacional. Sigue todos los desarrollos en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.