Una investigación de Associated Press publicada este miércoles concluye que el Gobierno venezolano desoyó advertencias de científicos e ingenieros antes de levantar grandes complejos residenciales en la franja costera de La Guaira, una zona de alto riesgo sísmico donde al menos 14 torres de apartamentos colapsaron el 24 de junio de 2026 durante dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5.
La agencia entrevistó a decenas de ingenieros, sismólogos y exfuncionarios para reconstruir la cadena de decisiones que llevó a construir exactamente el tipo de edificaciones más vulnerables en uno de los terrenos más peligrosos del país.
El suelo de la costa de La Guaira es un limo suelto acumulado durante siglos por inundaciones y deslaves, un material que amplifica las ondas sísmicas en lugar de amortiguarlas. Además, la falla de San Sebastián corre frente a la costa y pasa directamente por debajo del estado. Los expertos consultados por AP advirtieron que torres de entre 10 y 20 pisos pueden oscilar a la misma frecuencia que las ondas sísmicas —fenómeno de resonancia—, multiplicando el estrés sobre las columnas hasta el colapso.
Carlos Valdés, jefe del departamento de sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue categórico: «Estaban desafiando a la naturaleza», dijo sobre los funcionarios que tomaron la decisión de construir allí.
El origen de esas decisiones se remonta a 2010 y 2011. Tras las lluvias torrenciales que desplazaron a más de 100 000 personas en Venezuela, el Gobierno de Hugo Chávez lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela para reubicar a los damnificados. La urgencia política y la escasez de terrenos empujaron a construir rápidamente en la franja costera, ignorando las restricciones de uso del suelo que habían sido diseñadas precisamente para proteger esa zona.
Esas restricciones habían sido elaboradas por Carlos Genatios, ingeniero y exministro de Ciencia que encabezó el plan de reconstrucción tras la catástrofe de 1999, cuando inundaciones y deslaves mataron a decenas de miles de personas en La Guaira. Genatios declaró a AP que los científicos habían alertado con claridad: «Hay áreas, parcelas de tierra, que no debían haberse utilizado porque son propensas a inundaciones durante grandes crecidas; en esos lugares se deben colocar estructuras muy livianas, parques, canchas deportivas o instalaciones similares que no causen grandes daños y, sobre todo, no resulten en muertes».
Entre los proyectos más afectados figura el Urbanismo Hugo Chávez Frías en Playa Grande, inaugurado en 2012 con cooperación de la empresa turca Summa. El complejo, que albergaba a unas 3400 familias en aproximadamente 190 edificaciones, vio colapsar cerca del 80 % de sus estructuras. Reportes periodísticos documentaron que los edificios fueron levantados con materiales ligeros —telgopor, aluminio y láminas delgadas— sin cimentación adecuada y sin vigas ni columnas capaces de soportar el peso estructural, y que nunca cumplieron las normas sísmicas venezolanas.
Las torres OPP en Caraballeda, incluidos los complejos OPP 26 y OPP 27, también figuran entre los edificios que se derrumbaron. Los venezolanos que arriesgaron su vida para rescatar sobrevivientes entre los escombros describieron escenas de pisos aplastados unos sobre otros, incendios provocados por la explosión de tanques de gas y cientos de personas atrapadas en su interior.
El Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no ha respondido públicamente a las preguntas sobre por qué tantos edificios colapsaron ni por qué murieron tantas personas, según AP. Tres meses después de los sismos, las preguntas y los reclamos de los sobrevivientes permanecen sin respuesta oficial.
El balance oficial ascendía a 6509 fallecidos al 24 de agosto. En los primeros días después de los sismos, la ONU llegó a estimar más de 50 000 desaparecidos. La investigación de AP es la primera reconstrucción periodística exhaustiva de la cadena de decisiones que convirtió una zona de riesgo conocido en una trampa mortal para miles de familias venezolanas.
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