Semanas después de que comerciantes de Doral comenzaran a alertar sobre locales vacíos y fuertes pérdidas de ingresos, el temor a los operativos migratorios continúa alterando el consumo y el funcionamiento de pequeños negocios en Miami-Dade, con un doble impacto: clientes que prefieren quedarse en casa y trabajadores que abandonan sus empleos por miedo a ser detenidos.
Los testimonios recogidos por CBS News Miami y Univision 23 muestran que restaurantes, puestos de comida y otros pequeños comercios continúan sintiendo los efectos de la intensificación de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Reportes desde Homestead y otras zonas del condado describen además menos movimiento comercial cuando se difunden noticias sobre presencia de agentes migratorios.
Las cifras disponibles son, por ahora, estimaciones de los propios comerciantes y no estadísticas oficiales sobre la actividad económica de Miami-Dade. Aun así, algunos testimonios ilustran la magnitud del golpe que aseguran estar sufriendo.
Katia Ríos, de Pipo Burgers, afirmó que las ventas del negocio cayeron alrededor de un 70 %.
«La gente tiene miedo de salir. Nos está afectando», declaró al describir cómo pasan horas con pocos clientes.
Hace más de una semana, comerciantes de Doral ya alertaban sobre fuertes caídas en las ventas y renuncias de empleados asociadas al temor provocado por los operativos migratorios.
Otro ejemplo es el de Miguel Ángel Flores, propietario de un food truck. Según su testimonio a Univision, antes de la intensificación de los operativos vendía entre 150 y 200 piezas de comida al día; ahora asegura que en ocasiones vende apenas unas 30.
«Ando con temor de salir a la calle, pero tengo que salir a trabajar», dijo Flores. Su caída de ventas, como las reportadas por otros propietarios, corresponde a su propia estimación y no a datos auditados o recopilados por una agencia pública.
La situación tampoco se limita a los clientes. Algunos pequeños negocios han perdido trabajadores que, aun teniendo permisos de trabajo o solicitudes de asilo pendientes, temen ser detenidos durante un encuentro con las autoridades migratorias.
Angélica Yépez, copropietaria de un restaurante, dijo a CBS News Miami que llegó a quedarse con un solo empleado después de que seis trabajadores abandonaran sus puestos por temor a una detención, pese a haber solicitado asilo político.
Univision documentó casos similares: propietarios dijeron haber perdido en pocos días a buena parte de su plantilla, mientras otros establecimientos han visto descender la cantidad de clientes. Incluso una escuela de karate reportó que su matrícula cayó aproximadamente a la mitad en tres semanas.
El impacto se percibe especialmente en negocios que dependen del tránsito cotidiano de clientes —restaurantes, food trucks, cafeterías y servicios personales—. En Doral, análisis del comercio local también señalan entre los sectores expuestos a salones de belleza, pequeños comercios y negocios de servicios, aunque no existen cifras oficiales que permitan determinar cuánto han disminuido específicamente sus ingresos.
El fenómeno tampoco termina en los límites de Doral. En Homestead, CBS News Miami recogió desde julio testimonios de trabajadores de restaurantes que aseguraban que la presencia o los rumores de operativos de ICE estaban reduciendo considerablemente la llegada de clientes.
«Nuestro negocio se ha visto afectado porque menos personas están saliendo a comer», explicó entonces Marta Rodea, empleada de Lucky Meat Cafeteria.
Otra trabajadora recordó que el 4 de julio el establecimiento estuvo prácticamente vacío después de circular información sobre presencia de ICE en una zona cercana.
Un reporte publicado este fin de semana describió situaciones parecidas en otras comunidades de Miami-Dade: residentes que reducen sus salidas, cambian sus rutinas o evitan acudir al trabajo y los comercios.
En Little Haiti también se han observado cambios de comportamiento después de la pérdida de determinadas protecciones migratorias.
Christi Fraga: Doral no puede detener a ICE
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, ha reconocido que el temor está teniendo consecuencias en la economía local, pero insiste en que una ciudad no tiene autoridad para impedir la actuación de una agencia federal.
«Esta es una ley federal. No podemos impedir que los agentes federales de ICE entren en las ciudades y realicen sus operativos, estemos de acuerdo o no con la forma en que se están llevando a cabo», declaró a CBS News Miami.
Fraga ha cuestionado, no obstante, casos de personas que buscaban protección en Estados Unidos y posteriormente quedaron expuestas a deportación. En una entrevista anterior planteó expresamente el caso de cubanos que escaparon de la isla.
«Cómo se va a devolver a una persona a Cuba. Incluso Cuba no está aceptando algunas y están terminando en África. ¿Qué está pasando?», cuestionó la alcaldesa, quien también mencionó a solicitantes de asilo haitianos que temen regresar a su país.
Fraga también ha reconocido que existen abusos dentro del sistema migratorio y sostuvo que Estados Unidos tiene derecho a actuar contra personas que representen una amenaza. Su cuestionamiento se ha centrado especialmente en el alcance de las medidas sobre inmigrantes con procesos pendientes o que aseguran haber buscado refugio de gobiernos como el cubano.
Crece la presión por el acuerdo 287(g)
El deterioro del clima entre residentes y comerciantes ha aumentado además la presión para que Doral rompa su acuerdo 287(g) con ICE, que concede determinadas facultades de colaboración migratoria a agencias policiales locales.
El 22 de septiembre, exlegisladores y activistas se concentraron frente al Ayuntamiento para exigir la rescisión del convenio. Entre ellos estuvo el exrepresentante federal Joe García y el alcalde de South Miami, Javier Fernández, cuya ciudad no suscribió un acuerdo equivalente.
Fraga ha dicho posteriormente que firmó el acuerdo bajo presión de las autoridades estatales de Florida, después de recibir advertencias sobre posibles consecuencias para funcionarios y departamentos policiales que no colaboraran.
También sostiene que la Policía de Doral no participa en las redadas federales ni comparte información de sus residentes con ICE.
La alcaldesa no ha anunciado todavía la ruptura del convenio y dijo que esperaba una determinación del fiscal general de Florida antes de decidir sus próximos pasos.
El Gobierno defiende los operativos
La administración Trump mantiene que las operaciones forman parte del cumplimiento de las leyes migratorias y de la estrategia prometida por el presidente durante su campaña.
El 11 de septiembre, el responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió la actuación de ICE al ser preguntado por el temor generado en Doral.
«Quienes apoyaron al presidente Trump votaron por él para que hiciera cumplir las leyes de inmigración y asegurara la frontera», afirmó Homan.
El Gobierno sostiene que las autoridades federales tienen potestad para detener y deportar a personas que carezcan de derecho legal a permanecer en Estados Unidos.
La administración ha defendido además una ampliación de la capacidad de detención y deportación como parte central de su política migratoria.
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