El Gobierno cubano pretende destinar 200 megawatts (MW) de generación solar fotovoltaica exclusivamente al bombeo de agua en La Habana, con el objetivo de que durante los primeros meses de 2027 ese servicio deje de depender del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Según informó el diario oficial Granma, la estrategia busca reducir la vulnerabilidad energética del sistema hidráulico de la capital, donde los apagones afectan de manera directa el funcionamiento de pozos, estaciones de bombeo e impulsores, provocando una severa crisis de abastecimiento.
Mientras llegan los parques solares previstos para el próximo año, las autoridades recurrirán a la generación distribuida como solución inmediata. El plan contempla movilizar grupos electrógenos para respaldar inicialmente 29 fuentes de abasto e impulsores seleccionados.
Hasta el momento se han inspeccionado cerca de 70 instalaciones para determinar qué alternativa energética necesita cada una y qué infraestructura será necesaria para mantener el bombeo durante las interrupciones del SEN.
Miguel Díaz-Canel explicó que esa será la respuesta de corto plazo, mientras que la apuesta principal para 2027 estará en las fuentes renovables.
«Estarían arribando 200 megawatts de parques fotovoltaicos para dedicarlo solo al sistema de bombeo de agua», afirmó el gobernante durante el programa Criterio Compartido, de Radio Rebelde.
El proyecto incluiría además complejos solares y sistemas de acumulación de energía, con la intención de garantizar que las instalaciones hidráulicas puedan continuar funcionando cuando se produzcan apagones o déficits de generación.
La apuesta por el bombeo solar no comienza ahora. Cuba ha venido instalando sistemas fotovoltaicos asociados al abastecimiento de agua en distintas provincias, precisamente para reducir el consumo de combustible y la dependencia de una red eléctrica cada vez más inestable.
En Santiago de Cuba, por ejemplo, las autoridades habían informado desde 2025 sobre el uso de bombeo solar para aliviar la crisis de agua que afectaba a cientos de miles de personas.
En julio de este año, al inaugurarse un parque fotovoltaico con acumulación, se recordó que cerca de 400,000 habitantes de la provincia habían enfrentado dificultades con el suministro.
La expansión de esta tecnología ha ido acompañada también de incentivos económicos. La Resolución 180/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios mantiene exenciones del impuesto aduanero para la importación de sistemas solares fotovoltaicos, sus componentes y bombas fotovoltaicas, entre otros equipos vinculados a las fuentes renovables.
Pero la extensión de los sistemas solares ha venido acompañada de un problema creciente: los robos y actos vandálicos contra paneles, cables y baterías, incluidos equipos destinados específicamente al bombeo de agua.
En septiembre, tres personas fueron detenidas por el robo de 28 paneles solares en Los Arabos, Matanzas. Los equipos estaban destinados a un sistema de bombeo de agua y las autoridades dijeron haber recuperado 21.
En Holguín, la situación llegó a ser más violenta. En mayo, cuatro individuos golpearon, amordazaron y ataron al custodio de una estación de bombeo para sustraer los 32 paneles solares que alimentaban la instalación.
Dos meses después, otros cuatro paneles fueron robados de un punto de distribución de agua potable en Holguín, afectando el sistema que abastecía a vecinos de los edificios de 18 plantas.
También en Holguín, el robo de 180 metros de cable dejó fuera de servicio durante más de dos meses una estación de bombeo alimentada por paneles solares, lo que volvió a evidenciar la vulnerabilidad de estas instalaciones frente al vandalismo.
Por otra parte, en Las Tunas, los robos reiterados han llevado a las autoridades a probar incluso un método de identificación poco habitual. En Jobabo comenzaron a aplicar un gel de marcaje químico invisible a simple vista sobre paneles solares instalados en sistemas de bombeo.
La sustancia puede detectarse posteriormente con luz ultravioleta y queda adherida a la piel de quien entra en contacto con las superficies tratadas, lo que busca facilitar la identificación de posibles autores o manipuladores de equipos robados.
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