El Departamento de Estado advirtió este miércoles que la administración Trump seguirá usando «todas las facultades de sanciones disponibles» para impulsar reformas en Cuba, respaldar las aspiraciones de libertad del pueblo cubano y responsabilizar a quienes amenacen la seguridad nacional estadounidense.
Una nota de prensa en el sitio web del Departamento manifestó así la voluntad del presidente Donald Trump de utilizar todas las herramientas a su alcance tras la publicación de nuevas regulaciones de sanciones contra Cuba por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Las nuevas Cuba Sanctions Regulations (CSR), firmadas por el director de OFAC, Bradley T. Smith, entraron en vigor este miércoles e implementan la Orden Ejecutiva 14404 que Trump suscribió el 1 de mayo de 2026 bajo el título «Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos», invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
El portavoz del Departamento de Estado, Thomas «Tommy» Pigott, precisó en el comunicado que el Tesoro también enmendó las históricas Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR), vigentes desde 1963, para «cerrar vacíos legales que el régimen cubano ha explotado durante mucho tiempo para evadir sanciones, enriquecer a sus élites y financiar actividades subversivas y militares peligrosas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos».
Entre las medidas más relevantes que entraron en vigor este miércoles figura la prohibición a los bancos bajo jurisdicción estadounidense de procesar transacciones llamadas «U-Turn», operaciones en las que Cuba o un nacional cubano tiene interés y que se originan y terminan fuera de EE.UU.
Las nuevas regulaciones también ordenan el bloqueo de cuentas bancarias de emprendedores privados cubanos independientes, cuyos fondos deben ser reportados a la OFAC, una medida que por primera vez afecta directamente al sector privado emergente de la isla.
Además, se amplía la prohibición de transacciones con entidades de la Lista Restringida de Cuba (CRL) para incluir operaciones indirectas, se elimina la licencia general para asistir u organizar conferencias profesionales en Cuba —con un plazo de 30 días para quienes ya se encontraban en la isla— y se restringen los viajes educativos, que ahora deben realizarse bajo los auspicios de una organización sujeta a jurisdicción estadounidense.
Las CSR también crean un marco para bloquear activos de personas extranjeras que operen en sectores estratégicos cubanos como energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad, y establecen que las instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas con personas bloqueadas bajo la EO 14404 podrían ser igualmente sancionadas.
Washington ha arreciado la presión contra el régimen de La Habana con sucesivas rondas de sanciones, desde que Trump declaró una emergencia nacional el 29 de enero de 2026, al considerar las políticas y acciones del gobierno de Cuba «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.
La escalada ha incluido medidas contra la inteligencia cubana, el Minfar, las Brigadas de Respuesta Rápida y otros organismos represivos; el conglomerado empresarial operado por las fuerzas armadas, GAESA; instituciones y entidades estatales de los sectores energético, financiero, de la metalurgia y la minería; y figuras de la jerarquía y altos funcionarios del régimen, como el mandatario Miguel Díaz-Canel.
La reacción del régimen ha sido de rechazo frontal. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó las sanciones de «castigo colectivo» contra la población cubana y acusó a Washington de bloquear intercambios académicos y limitar los negocios privados en la isla.
El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga declaró el martes que el endurecimiento de las sanciones dificulta atraer capital extranjero y obstaculiza las 176 reformas económicas anunciadas por el gobierno en junio último.
El secretario de Estado Marco Rubio había calificado previamente las medidas de 2026 como «las sanciones más fuertes de la historia» en la relación bilateral y advirtió que podrían venir medidas aún más severas contra el régimen.
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