Miguel Díaz-Canel reaccionó este miércoles al nuevo paquete de sanciones de Estados Unidos contra Cuba y utilizó las restricciones impuestas al sector privado de la isla para cuestionar el argumento de Washington de que su política de presión está dirigida fundamentalmente contra el aparato estatal.
En un hilo de dos publicaciones en X, el gobernante cubano afirmó que las nuevas medidas «le quitan las máscaras a quienes dicen que solo son contra el Gobierno cubano y sus empresas».
«Esas acciones contra el sector privado cubano demuestran claramente que su única intención es provocar el máximo sufrimiento a nuestro pueblo y limitar la puesta en marcha de las transformaciones económicas y sociales», añadió.
La reacción llega después de que Estados Unidos anunciara el martes un nuevo endurecimiento de sus sanciones contra Cuba, con medidas que entraron en vigor este miércoles y que también alcanzan determinadas operaciones del sector privado.
Entre los cambios figura la eliminación de la autorización que desde 2024 permitía a emprendedores privados cubanos abrir, mantener y utilizar cuentas bancarias en Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dispuso además el bloqueo de las cuentas afectadas por la eliminación de esa autorización, cuyos fondos solo podrán desbloquearse mediante una licencia específica.
El paquete también elimina autorizaciones para determinadas transacciones financieras vinculadas a Cuba, amplía restricciones relacionadas con entidades cubanas restringidas y retira la licencia general para organizar ciertas conferencias profesionales en la isla.
Las medidas se enmarcan en la implementación de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026. La orden amplió las herramientas de Washington para sancionar a personas y entidades relacionadas con el Gobierno cubano y autoriza medidas contra instituciones financieras extranjeras que faciliten determinadas operaciones con personas sancionadas.
Washington justificó esas medidas alegando amenazas del Gobierno cubano a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, así como corrupción y graves violaciones de derechos humanos.
Las críticas que ahora formula Díaz-Canel por el impacto de las sanciones sobre los emprendedores cubanos contrasta con las restricciones y controles que el propio Gobierno mantiene sobre el sector privado dentro de la isla.
Aunque La Habana ha flexibilizado algunas normas durante 2026, el Decreto 160, aprobado en julio, mantiene actividades prohibidas o condicionadas para empresas privadas, mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia. La normativa sustituyó el listado anterior de 125 actividades vedadas por un sistema diferenciado de restricciones según el tipo de actor económico.
Además, en agosto, las propias autoridades cubanas desplegaron operativos contra negocios privados. En Centro Habana, por ejemplo, una jornada de fiscalización a 232 actores económicos terminó con 363 multas, 15 cierres, 11 ventas forzosas y dos licencias retiradas. En Villa Clara, el Gobierno provincial estableció precios máximos para productos como huevos, aceite, leche en polvo y azúcar, y posteriormente se reportaron ventas forzosas y cierres de establecimientos por distintas infracciones.
El sector tampoco dispone de una organización empresarial independiente equivalente a una cámara que represente específicamente sus intereses. Un análisis del economista Pedro Monreal cuestionó incluso cómo se seleccionan y qué mandato tienen los llamados «representantes» del sector privado que participan en reuniones con Díaz-Canel.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha introducido este año medidas que amplían el margen de actuación de los negocios privados, entre ellas la eliminación del límite de 100 trabajadores y la posibilidad de que una persona participe en varias empresas. También flexibilizó regulaciones sobre comercio mayorista y abrió la posibilidad de importar y exportar directamente, aunque esta última facultad está sujeta a requisitos y autorizaciones.
Otras reacciones
La reacción de Díaz-Canel se suma a la del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien acusó a Washington de obstaculizar las transformaciones económicas y sostuvo que las nuevas medidas «atacan de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo».
Rodríguez también cuestionó declaraciones recientes del secretario de Estado Marco Rubio, quien había afirmado en Fox News que «Cuba ya cayó» y descrito a la isla como un Estado fallido.
«Hace menos de 24 horas, el Secretario de Estado dijo que Cuba ya ha caído, y resulta que ahora necesita aplicar medidas adicionales», respondió el canciller.
La administración Trump sostiene que su política busca aumentar la presión sobre el gobierno cubano y quienes contribuyen a sostenerlo. La Orden Ejecutiva 14404 establece sanciones contra funcionarios, entidades y personas vinculadas al aparato estatal, casos de corrupción, graves abusos de derechos humanos o apoyo material al gobierno.
La Habana, por su parte, sostiene que las sanciones estadounidenses dificultan la implementación de su programa económico. El gobierno cubano asegura haber puesto en marcha 158 de las 176 medidas económicas y sociales anunciadas en junio, aunque el primer ministro Manuel Marrero Cruz ha reconocido que todavía falta que esas medidas se traduzcan en resultados concretos en áreas como producción, precios y empleo.
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