La influencer cubana Anna Sofía Benítez Silvente, de apenas 21 años y conocida como Anna Bensi, se pronunció de forma enérgica en la mañana de este jueves antes de entrar al tribunal donde el régimen tiene previsto juzgarla junto a su madre.
«No es justo, no es justo, ninguno de nosotros somos unos criminales».
Las declaraciones fueron captadas por el activista Alfredito Fominaya frente al Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, en Cojímar.
Un teléfono no es un arma
Anna Bensi fue directa al explicar por qué considera injusto el proceso que afronta junto a su madre, Caridad Silvente.
«Solamente estamos expresando a través de una pantalla, que no es un arma, es un teléfono, lo que pensamos», dijo.
«No estamos de acuerdo con el sistema político de nuestro país, no estamos de acuerdo con cómo se manejan los asuntos internos de nuestro país, están mal, y eso no es delito», añadió.
Al ser preguntada por la solución, respondió sin titubear: «Que Cuba sea libre. En el cambio. Queremos un cambio».
Días antes, la joven ya había anticipado su postura: «No voy a callarme», y aseguró que volvería a grabar el video que originó todo el proceso.
El origen del caso
El proceso comenzó en marzo de 2026, cuando Anna Bensi y su madre grabaron y publicaron en redes la visita de un suboficial del Ministerio del Interior (MININT), identificado como Yoel Leodán Rabaza Ramos, que llegó vestido de civil a su domicilio en Alamar portando una citación de la Seguridad del Estado.
Las autoridades las acusaron de «actos contra la intimidad personal y familiar» bajo el artículo 393 del Código Penal cubano, figura que prevé penas de dos a cinco años de prisión.
Desde el 25 de marzo, madre e hija permanecen bajo reclusión domiciliaria con prohibición de salir del país.
El expediente fue archivado inicialmente después de que el abogado defensor Roberto Ortega Ortiz señalara que la figura penal requería querella directa.
El agente Rabaza Ramos presentó personalmente la querella y el proceso fue reactivado.
Una jueza con historial en el 11-J
El proceso está presidido por la jueza Zamira Marrero Morgado, señalada por activistas por su vinculación a los juicios del 11-J.
Marrero Morgado integró el tribunal que resolvió uno de los procesos contra 129 manifestantes del 11-J, en el que se solicitaron penas de hasta 30 años por sedición.
La defensa intentó sin éxito que la jueza anulara el proceso.
Operativo represivo y sala cerrada
El régimen ha desplegado este jueves un amplio operativo para impedir que activistas y periodistas se acercaran al tribunal.
El activista cristiano David Espinosa Martínez, de 38 años, fue detenido y trasladado presuntamente a La Lisa para impedirle asistir.
Los jóvenes del colectivo Fuera de la Caja fueron sitiados en sus domicilios, y periodistas como Yoani Sánchez y Camila Costa están bajo vigilancia. No se permitió el acceso del público a la sala.
La activista Carolina Barrero, líder de Ciudadanía y Libertad, resumió el operativo con una frase: «Acompañar no es un delito. Informar tampoco».
Paralelamente, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) salió a defender el proceso en redes sociales bajo la cuenta «Héroes de azul en Cuba», argumentando que «las redes sociales no son un territorio sin ley», y que «no se juzga el acto de grabar, sino la difusión no consentida de la imagen».
En las últimas horas, el caso desató una ola de apoyo que reunió a artistas, influencers y organizaciones religiosas en respaldo a madre e hija.
La cantante cubana La Diosa llamó a inundar las redes: «Tú, aunque tengas tres seguidores, es importante que hables de esto».
La Convención Bautista de Cuba Occidental declaró: «No podemos, no queremos y no vamos a dejarlas solas».
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