Florida designa como terroristas más de 90 grupos, entre ellos Tren de Aragua y CAIR: la medida está en tribunales

Ron DeSantis y el Gabinete de Florida aprobaron las designaciones bajo el nuevo mecanismo estatal © Flickr / Gage Skidmore
Ron DeSantis y el Gabinete de Florida aprobaron las designaciones bajo el nuevo mecanismo estatal Foto © Flickr / Gage Skidmore

El gobernador Ron DeSantis y el Gabinete de Florida aprobaron este martes la designación como organizaciones terroristas de más de 90 grupos, entre ellos el Tren de Aragua, el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), la Hermandad Musulmana y Antifa, en una decisión que ya enfrenta una batalla judicial. 

La votación se produjo bajo el mecanismo creado por la ley estatal HB 1471, que entró en vigor el 1 de julio y permite a Florida establecer sus propias designaciones.

Según CBS Miami, el gobernador y los miembros del Gabinete aprobaron las designaciones con escasa discusión y sin recibir testimonios públicos. 

La lista incluye más de 90 organizaciones que ya están clasificadas como organizaciones terroristas extranjeras por el Gobierno federal y, además de las mencionadas, también figuran el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, otros grupos criminales mexicanos y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El caso del Tren de Aragua es distinto al de CAIR: la organización criminal venezolana ya figura en la lista federal de organizaciones terroristas extranjeras, mientras que CAIR, una organización estadounidense que se define como defensora de los derechos civiles de los musulmanes, no está incluida en esa lista federal. 

La decisión de Florida ya está siendo impugnada. CAIR y CAIR-Florida presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida, en Tallahassee, argumentando que el mecanismo vulnera la Primera Enmienda y la cláusula de debido proceso de la Decimocuarta Enmienda. 

Los abogados de CAIR anunciaron además que solicitarían una medida cautelar preliminar para intentar impedir que la designación entre en vigor.

La organización rechaza que participe en actividades terroristas y sostiene que la medida amenaza sus labores de defensa y representación comunitaria. 

De acuerdo con NBC Miami, las organizaciones afectadas cuentan además con mecanismos para recurrir las designaciones, mientras continúa el litigio federal sobre la constitucionalidad del nuevo esquema.

Las designaciones aprobadas esta semana están previstas para entrar en vigor el 5 de noviembre, salvo que una decisión judicial altere ese calendario. 

El conflicto entre Florida y CAIR viene de meses atrás. En diciembre de 2025, DeSantis ya había firmado una orden ejecutiva que calificaba a CAIR y a la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas.

Sin embargo, en marzo de este año, el juez federal Mark Walker dictó una orden preliminar que bloqueó partes de aquella medida al considerar que afectaban derechos constitucionales de CAIR. 

La respuesta del estado llegó por la vía legislativa. En abril, DeSantis firmó la HB 1471, que creó un procedimiento estatal específico para identificar y designar organizaciones terroristas, sujeto a la aprobación del gobernador y del Gabinete.

Al activarse la ley en julio, DeSantis anunció su intención de incluir a CAIR, la Hermandad Musulmana, Antifa y más de 90 organizaciones extranjeras. 

Entre estas últimas figuraban desde entonces el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, todas ya reconocidas a nivel federal.

El procedimiento quedó definido con mayor precisión en septiembre, cuando Florida aprobó un reglamento para crear su propia lista independiente.

Las reglas establecen que el jefe de Seguridad Interior del estado debe presentar por escrito cada propuesta, la organización afectada dispone de siete días para objetar y la designación entra en vigor 30 días después de su publicación. 

La normativa también precisa que la mera pertenencia a una organización designada o la prestación de asistencia jurídica no bastan por sí solas para iniciar un proceso penal. 

La HB 1471 contempla además consecuencias para determinadas entidades e instituciones vinculadas a organizaciones designadas.

Entre otras disposiciones, limita el uso de fondos públicos en programas que las promuevan y establece sanciones en el sistema universitario estatal para conductas que la ley define como apoyo o promoción de estos grupos.

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