Florida declarará terroristas a varios grupos bajo una nueva ley estatal

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, activó el 1ro de julio las primeras designaciones de organizaciones terroristas bajo la nueva ley estatal HB 1471, que entró en vigor ese mismo día, anunciando su intención de etiquetar al Consejo sobre Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), la Hermandad Musulmana, Antifa y más de 90 organizaciones extranjeras con esa categoría.

El anuncio fue realizado en la Oficina de Procesamiento Estatal de Tampa del Fiscal General y representa el primer uso formal de una legislación que DeSantis había firmado el pasado 6 de abril como respuesta a un bloqueo judicial que frenó una orden ejecutiva previa.

«El pasado diciembre, firmé una Orden Ejecutiva para eliminar la influencia de las ideologías terroristas radicales y las organizaciones que las promueven en Florida. Este año, firmé legislación para fortalecer esas protecciones y otorgar a Florida herramientas estatutarias permanentes para combatir el terrorismo mientras se defienden los derechos constitucionales de nuestros ciudadanos», señaló DeSantis en X.

«Hoy, estamos designando oficialmente organizaciones terroristas bajo la ley de Florida. Además de CAIR y la Hermandad Musulmana, estamos agregando a Antifa a la lista, junto con más de 90 Organizaciones Terroristas Extranjeras, incluyendo cárteles», agregó.

Según NBC Miami, las designaciones no son inmediatas: aún deben ser ratificadas por los tres miembros del Gabinete de Florida, el Fiscal General James Uthmeier, el Director Financiero Blaise Ingoglia y el Comisionado de Agricultura Wilton Simpson. Los tres son republicanos y competirán en las elecciones de noviembre.

Entre las organizaciones extranjeras incluidas en la lista figuran el Tren de Aragua venezolano, el Cártel de Sinaloa, el Cartel del Golfo y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, todas ya reconocidas como organizaciones terroristas por el gobierno federal.

«Tenemos que trazar una línea muy firme aquí. Hemos visto cómo esto se ha ido extendiendo por todo el país durante muchos, muchos años», declaró DeSantis durante el acto.

El gobernador justificó la inclusión de Antifa -un movimiento político descentralizado sin estructura formal ni membresía- señalando que la designación se basa en conductas, no en ideología: «Aunque no me gustan las ideas de Antifa, son izquierdistas militantes. Son sus acciones y en lo que están involucrados lo que es muy destructivo».

La ley HB 1471 fue aprobada por la Legislatura controlada por los republicanos con votos de 80-25 en la Cámara y 25-11 en el Senado, y surge como respuesta legislativa al bloqueo que el juez federal Mark Walker impuso en marzo sobre una orden ejecutiva que DeSantis había firmado en diciembre de 2025 contra CAIR y la Hermandad Musulmana.

Esa orden ejecutiva fue frenada porque el juez determinó que DeSantis usurpaba la autoridad exclusiva del gobierno federal en materia de designaciones terroristas y violaba los derechos constitucionales de CAIR.

La nueva ley va más allá de las designaciones: prohíbe a los tribunales estatales aplicar leyes religiosas o extranjeras -con énfasis explícito en la sharía islámica-, exige la expulsión de estudiantes universitarios que «promuevan» organizaciones designadas y cancela becas y beneficios estatales a los expulsados.

CAIR anunció que llevará la designación a los tribunales, calificándola de «acción política peligrosa que busca estigmatizar a los musulmanes estadounidenses».

Scott McCoy, subdirector legal del Centro de Ley para la Pobreza del Sur (SPLC), que representa a CAIR, fue directo en su rechazo: «El gobernador DeSantis busca silenciar unilateralmente a una destacada organización sin fines de lucro de derechos civiles y castigar a quienes la apoyan».

Los demócratas en la Legislatura habían advertido durante el debate que la ley podría derivar en acusaciones inadvertidas contra estudiantes universitarios, y que una norma paralela -la HB 1473- bloquea el acceso a los documentos que explican cómo se llega a una designación terrorista, privando a los afectados del debido proceso.

Un juicio de fondo sobre la demanda original de CAIR contra la orden ejecutiva de DeSantis está programado para enero de 2027 ante el juez Walker.