La alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, se sumó el lunes a un grupo de funcionarios constitucionales del condado que respaldan públicamente la Enmienda 3, la propuesta que elevaría la exención homestead del impuesto a la propiedad, pese a las advertencias de que su aprobación costaría al condado unos 445 millones de dólares en ingresos anuales.
Junto a Cordero-Stutz, la supervisora de elecciones Alina García, el recaudador de impuestos Dariel Fernández y el tasador de propiedades Tomás Regalado expresaron su apoyo a la medida.
Los cuatro son funcionarios electos cubanoamericanos que asumieron sus cargos en enero de 2025.
La Enmienda 3 elevaría la exención homestead —actualmente fijada en 50,000 dólares— a 150,000 dólares en 2027 y a 250,000 dólares en 2028, aplicable únicamente a impuestos no escolares.
El gobernador Ron DeSantis impulsó la propuesta, que la Legislatura de Florida aprobó en sesión especial en junio de este año con votos mayoritariamente republicanos.
García defendió el respaldo argumentando que la enmienda incluye salvaguardas para los servicios esenciales.
«Lo más importante es que dice que la seguridad pública siempre es lo primero, así que esto no afectará a la seguridad pública», afirmó. También llamó a la responsabilidad fiscal: «Tenemos que aprender a vivir con nuestros medios».
Cordero-Stutz adoptó una postura que la distancia de la Asociación de Alguaciles de Florida y de otras organizaciones policiales estatales, que se oponen a la medida por considerar que recortaría los presupuestos de seguridad.
Entre los críticos más visibles figura el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, quien cuestionó directamente a los votantes: «Este estado tiene casi 24 millones de personas. ¿Quieren menos seguridad? ¿Quieren menos protección?»
La portavoz de la campaña «Vote No on Amendment 3», Edie Ousley, fue más contundente: «La seguridad pública será la más afectada, los servicios y la infraestructura serán recortados. Esto es, simple y llanamente, un traslado de impuestos, no un alivio fiscal».
Según el análisis de la Asociación de Condados de Florida, Broward perdería más de 300 millones en el segundo año de vigencia de la medida. A escala estatal, las pérdidas proyectadas alcanzan los 3,600 millones en el año fiscal 2027-2028 y los 6,400 millones en 2028-2029.
El debate también tiene una cara directa para los inquilinos. Un análisis advierte de que los alquileres podrían subir si la enmienda se aprueba, ya que los propietarios de viviendas en alquiler verían aumentar su carga fiscal y podrían trasladar ese costo a los arrendatarios.
La Tax Foundation proyecta que el impuesto sobre casas de alquiler podría subir unos 1,081 dólares anuales en 2028. Esto cobra especial relevancia en Miami, donde la mediana del alquiler rondaba los 2,957 dólares mensuales en julio de este año.
Para los propietarios con homestead, en cambio, el ahorro estimado en Miami-Dade sería de unos 1,500 dólares anuales.
La enmienda llegará a las urnas el 3 de noviembre de 2026 y necesita el 60% de los votos para incorporarse a la Constitución de Florida.
Una encuesta de St. Pete Polls realizada a mediados de septiembre registró apenas un 44.9% de apoyo entre los votantes probables, con casi un 25% de indecisos, lo que sitúa a la propuesta por debajo del umbral necesario para su aprobación según los sondeos actuales.
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