El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) publicó este jueves la Resolución 200/2026, que autoriza a las entidades cubanas a aplicar tasas de depreciación y amortización superiores a las ordinarias cuando adquieran maquinarias y tecnología destinadas a la producción de alimentos y al procesamiento industrial.
La norma, firmada el 29 de agosto por el ministro Vladimir Regueiro Ale, fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 81 Ordinaria de 2026 —páginas 2 y 3— y entró en vigor en esa misma fecha.
El artículo único de la resolución establece que las entidades que adquieran este tipo de equipos podrán «aplicar tasas de depreciación y de amortización de los activos fijos tangibles e intangibles, superior a las establecidas en la legislación vigente», y que ese gasto adicional «se considera deducible a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Utilidades».
En la práctica, el mecanismo reduce la carga tributaria en los primeros años de vida del activo al permitir deducir su costo de forma más acelerada, lo que facilita la recuperación del capital invertido.
Las tasas ordinarias de depreciación y amortización vigentes en Cuba están fijadas por la Resolución 701 de septiembre de 2015.
La base legal de la nueva medida es la Ley 113 «Del Sistema Tributario» de 2012, cuya Disposición Final Segunda faculta al ministro de Finanzas y Precios a establecer tasas máximas de depreciación «cuando circunstancias económicas y sociales a su juicio así lo aconsejen».
La Resolución 200/2026 no deroga las normas preexistentes, sino que crea una excepción sectorial para el ámbito de la producción y el procesamiento de alimentos.
La medida se enmarca en el paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobado por el gobierno cubano en 2026 como respuesta a la profunda crisis que atraviesa la isla.
El propio texto de la resolución reconoce que «las Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas reconocen la necesidad de establecer un régimen de depreciación acelerada para la adquisición de maquinarias, tecnología de producción de alimentos y procesamiento industrial, que favorezca la recuperación de las inversiones».
El Primer Ministro Manuel Marrero Cruz había anunciado ante la Asamblea Nacional el 29 de julio que se aprobaría este régimen como parte de las medidas para incentivar la inversión en el sector alimentario, uno de los más críticos dado el alto nivel de dependencia del país respecto a las importaciones de alimentos.
A finales de septiembre, el gobierno reportaba que 158 de las 176 transformaciones —el 89%— ya estaban en marcha, siendo la Resolución 200/2026 una de las últimas en formalizarse mediante publicación en la Gaceta Oficial.
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