
El Subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, condenó este viernes la sentencia dictada por un tribunal cubano contra la creadora de contenido Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente, calificando la condena como un acto de cobardía del régimen.
«La cobardía del régimen cubano no conoce límites. Una vez más huyen atemorizados y censuran a cualquiera que exprese puntos de vista diferentes a los de su fallida revolución», escribió Segura en su cuenta oficial de X.
El funcionario, designado por el presidente Donald Trump y confirmado por el Senado en agosto de 2026, exigió la liberación de todas las personas injustamente detenidas, incluyendo al pastor evangélico conocido como «El Pregonero».
El jueves, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este declaró culpables a Anna Bensi y a su madre del delito de «actos contra la intimidad personal y familiar», imponiéndoles dos años de limitación de libertad a cada una.
El caso se originó en marzo de 2026, cuando un suboficial del MININT acudió a la vivienda de Bensi y su madre a entregar una citación de la Seguridad del Estado. Madre e hija grabaron el encuentro y lo difundieron en redes sociales, lo que desencadenó el proceso judicial en su contra.
Anna Bensi, de 21 años y residente en Alamar, La Habana, reaccionó con entereza al conocer el veredicto: «No somos criminales», había declarado antes de entrar a la sala. Tras conocer la condena, afirmó: «Dios tiene el control».
La jornada del juicio estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad. El pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora, «Pregonero de Cristo», fue detenido cuando se dirigía al tribunal para apoyar a las acusadas, al igual que el activista cristiano David Espinosa Martínez. Otros activistas denunciaron vigilancia y restricciones para salir de sus viviendas.
El proceso fue presidido por la jueza Zamira Marrero Morgado, señalada por activistas por haber integrado tribunales que juzgaron a manifestantes del 11-J. A pesar del operativo, Bensi llegó al tribunal entre aplausos de familiares y simpatizantes.
Segura también reclamó la liberación del pastor «El Pregonero», quien intentó acompañar a las acusadas al tribunal y fue arrestado antes de llegar. «Todos los injustamente detenidos necesitan ser liberados», subrayó el funcionario.
La condena generó una amplia ola de repudio internacional. La Embajada de EE.UU. en Cuba publicó el día del juicio el mensaje «Pensar diferente no es un crimen».
Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez exigieron la libertad incondicional de ambas mujeres. Salazar describió el proceso como «un acto desesperado de una dictadura moribunda», mientras que Giménez advirtió que quienes repriman al pueblo cubano «no quedarán impunes».
La organización Cubalex había argumentado desde el inicio que grabar la actuación de agentes policiales en el ejercicio de sus funciones constituye un ejercicio legítimo de derechos ciudadanos, posición que el tribunal ignoró al dictar su fallo.
Anna Bensi reveló además que el agente querellante había exigido inicialmente una disculpa pública en video «para recuperar su moral», una condición que ella rechazó y que, según activistas, evidencia el carácter político de la persecución en su contra.
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