Asistimos hoy, 1 de octubre de 2026, al desenlace de un libreto repetido ante el Tribunal Municipal de La Habana del Este: el juicio penal contra la joven creadora de contenidos Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente.
Su presunto delito, según el andamiaje legal del régimen: «actos contra la intimidad personal y familiar».
Todo por haber encendido un teléfono móvil en la entrada de su hogar en Alamar y registrar la estampa de un suboficial vestido de civil, en chancletas y de porte informal, que acudió a entregar una citación sin las formalidades requeridas.
Para la ciudadanía, grabar es un escudo de transparencia, para el poder, una afrenta punible.
La historia adquiere una simetría siniestra cuando se contrasta con lo padecido por la historiadora y académica Alina Bárbara López Hernández en el punto de control de la PNR en la carretera Matanzas-La Habana, en abril de 2024.
Allí, los roles se invirtieron de forma perversa. No fue el ciudadano quien documentó el atropello, sino los propios agentes del orden que, tras golpear, someter y confinar a la profesora en una patrulla hermética convertida en horno, sacaron a relucir un teléfono celular, filmaron su desesperación, el legítimo insulto de una ciudadana violentada, y vertieron el metraje en el perfil apócrifo Atenea Matancera para orquestar un linchamiento moral, tildándola con adjetivos denigrantes para demeritar su estatura intelectual.
Según declaración de la profesora Alina Bárbara a CiberCuba, «el chofer del patrullero me grabó cuando yo estaba encerrada, ahogándome y me grabaron sin mi consentimiento y no sólo eso, sino que lo subieron para una página de la Seguridad del Estado, Atenea Matancera, donde fui objeto de críticas, de burlas, donde fui tildada de 'chusma tan fina que se hace'».
«Yo denuncié por el mismo artículo que hoy juzgan a Anna Bensi y a su mamá, en la Fiscalía Militar de Matanzas. La respuesta fue desaparecer el video, que existe porque mi hija lo guardó», subrayó la académica.
«Te das cuenta del doble rasero que existe ¿verdad?», sentenció.
Dos grabaciones, dos «justicias»
El contraste entre ambos episodios desnuda la absoluta asimetría jurídica que impera en los tribunales cubanos, evidenciando cómo una misma herramienta tecnológica sirve para exculpar al Estado y sepultar al ciudadano.
La diferencia fundamental reside en la naturaleza del acto documentado. Mientras la defensa de Anna Bensi sostiene firmemente que registrar una actuación pública de un agente del Estado es un derecho de transparencia elemental frente a la arbitrariedad, la Fiscalía asume que la intimidad del represor prevalece sobre la seguridad del reprimido.
En el espejo de Alina Bárbara, en cambio, la intimidad de la víctima fue pisoteada por el propio Estado con el fin deliberado de destruir su reputación.
Al filmar a Alina Bárbara López Hernández sin su consentimiento dentro de un vehículo oficial y difundir el material en plataformas propagandísticas, los agentes del Ministerio del Interior (MININT) incurrieron en severas transgresiones de la propia legislación cubana y de los pactos internacionales:
1- Vulneración del derecho a la propia imagen e intimidad
De acuerdo con la propia Constitución de la República de Cuba (Artículo 48), se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.
La policía vulneró este precepto constitucional al mercantilizar y divulgar la vulnerabilidad de una ciudadana arrestada.
2- Desviación de poder y uso indebido de funciones
Los oficiales emplearon recursos del Estado y prerrogativas de su cargo no para preservar el orden, sino para generar material de propaganda destinado a la guerra psicológica contra una civil en custodia.
3- Violación del debido proceso y custodia protectora
Quien se encuentra bajo arresto está bajo la responsabilidad y el deber de cuidado del Estado.
Utilizar ese estado de confinamiento para exponer mediáticamente a la detenida constituye un trato cruel, inhumano y degradante.
La ley del represor: «tu móvil es delito; el mío, impunidad»
Asistimos, pues, a una época donde el derecho penal en Cuba ha sido transformado en un prisma de doble fondo, estrecho y punitivo para el ciudadano que intenta documentar su realidad; ancho y protector para el funcionario que abusa de sus prerrogativas.
El proceso penal que hoy acerca a Anna Bensi y a su madre en La Habana del Este, a la memoria del ultraje a la profesora Alina Bárbara López Hernández hace dos años, certifica que en Cuba la verdad incomoda y se castiga como delito, mientras que la infamia estatal se consagra como ley.
El periodismo libre no puede hacer menos que asentar en sus crónicas esta verdad incuestionable: cuando la justicia se vuelve selectiva, los tribunales dejan de ser templos del derecho para convertirse en meras notarías del escarmiento político obligando al periodismo libre a registrar estas paradojas para que la infamia oficial no termine consagrada como ley.
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