El excongresista cubanoamericano David Rivera recibió este viernes una condena de 10 años de prisión federal tras ser hallado culpable de operar como agente no registrado del régimen venezolano, en el marco de una campaña secreta de cabildeo de 50 millones de dólares a favor de Caracas durante el primer mandato de Donald Trump.
La jueza federal Melissa Damian no dejó lugar a dudas sobre su valoración del caso: «Fue una cuestión de avaricia y traición», declaró al dictar sentencia en Miami, señalando que la evidencia demostró de manera abrumadora que Rivera actuó como agente del gobierno venezolano.
Antes de conocer su condena, Rivera protagonizó un emotivo llamado a la clemencia. Entre lágrimas, alegó un diagnóstico de cáncer con una expectativa estadística de entre siete y 10 años de vida. «No merezco morir en prisión», suplicó ante la jueza. «Mis hijos no merecen quedarse sin padre», añadió llorando.
Damian no cedió. Con una sala repleta de cubanoamericanos, la magistrada le lanzó una pregunta directa: «Esta sala está llena de cubanoamericanos que saben lo que significa intentar escapar de un régimen comunista. ¿Cómo cree que se sentirían si usted hubiera recibido ese dinero del régimen cubano?»
Rivera, de 61 años, había sido declarado culpable en mayo por un jurado federal en todos los cargos: conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), lavado de dinero y cuatro cargos de transacciones con bienes derivados de actividad criminal.
Según la fiscalía, Rivera fue reclutado por la entonces canciller venezolana Delcy Rodríguez —hoy presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro— para usar sus contactos republicanos y lograr que la primera administración Trump abandonara las sanciones contra Caracas.
Para ocultar el esquema, Rivera y su coacusada, la consultora política Esther Nuhfer, crearon un grupo de chat cifrado llamado «MIA» junto al magnate venezolano de los medios Raúl Gorrín.
Los participantes usaban apodos en clave: a Maduro lo llamaban «el conductor de autobús»; al representante Pete Sessions, «Sombrero»; a Rodríguez, «la dama de rojo»; a los pagos, «La Luz»; y al secretario de Estado Marco Rubio —viejo amigo y excompañero de vivienda de Rivera en Tallahassee— lo apodaban «Miss Clairol», juego de palabras con su apellido en español.
El fiscal federal adjunto Roger Cruz fue contundente al pedir una condena severa: «Estados Unidos y el público fueron las verdaderas víctimas de este fraude. Él se valió de su posición de confianza, y la traicionó de manera constante y reiterada».
La defensa argumentó que Rivera no tenía obligación legal de registrarse bajo FARA, dado que el contrato de tres meses con PDV USA —filial estadounidense de PDVSA— tenía como objetivo atraer a ExxonMobil de regreso a Venezuela, una actividad comercial generalmente exenta de esa normativa.
«David Rivera no merece morir en prisión por no haber presentado el registro FARA», sostuvo el abogado defensor Ed Shohat.
El caso reveló además el uso personal de los fondos: Rivera destinó aproximadamente 600,000 dólares del contrato a financiar su fallida campaña a la legislatura estatal de Florida en 2018 y a gastos personales, mientras Nuhfer empleó unos 455,000 dólares en la compra de una residencia en Key Colony Beach. Nuhfer fue condenada a cinco años de prisión en agosto pasado.
La paradoja política del caso no pasó inadvertida: Rivera, hijo de exiliados cubanos y quien se presentó durante décadas como férreo opositor a los regímenes comunistas de América Latina, terminó condenado por servir al chavismo.
Rubio testificó durante el juicio de siete semanas que desconocía los vínculos de su amigo con Caracas y que se sintió traicionado.
Los abogados de Rivera planean apelar la sentencia y en junio solicitaron un indulto presidencial. El excongresista enfrenta además cargos federales adicionales en Washington en un caso relacionado de cabildeo extranjero, con audiencia prevista para el 26 de octubre.
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