El gobierno de Santiago de Cuba reconoce que la escasez obliga a seleccionar quién recibe asistencia alimentaria, en un proceso que coloca a los consejos populares la responsabilidad de determinar mensualmente qué personas califican como vulnerables.
El periódico oficial Sierra Maestra publicó este sábado las explicaciones de Diamaris Perdomo Hechavarría, especialista principal de Prevención y Trabajo Social de la Dirección Provincial de Trabajo, sobre los criterios utilizados para identificar a quienes pueden acceder a la ayuda estatal en alimentos prevista hasta diciembre.
La propia funcionaria resumió la lógica del mecanismo al explicar que, ante la necesidad de "repartir lo poco entre muchos", los recursos deben dirigirse hacia quienes no cuentan con suficiente respaldo.
Sostuvo que la situación económica no convierte automáticamente a una persona en vulnerable y cada caso debe ser evaluado de manera individual.
Entre los perfiles contemplados figuran las personas ya asistenciadas por la Dirección de Trabajo, embarazadas, adultos mayores, niños de cero a cinco años, menores con enfermedades oncológicas o problemas de peso y talla, así como madres jefas de núcleo con tres o más hijos menores de 17 años.
La relación también incluye a personas en situación de calle, familias de reclusos y universitarios cuya situación económica familiar les impide asumir sus estudios.
Sobre estos últimos, Perdomo señaló que el Estado tiene la responsabilidad de evitar que queden desamparados cuando la solvencia de sus familias no sea suficiente.
La clasificación, sin embargo, no es automática ni permanente. "Es cierto que las condiciones son difíciles, pero no todos son vulnerables", afirmó la funcionaria, quien explicó que una persona puede permanecer bajo esa condición durante tres o seis meses o salir de ella si cambian sus circunstancias económicas.
La evaluación corresponde a los consejos populares. Allí, grupos de Políticas Sociales integrados por representantes de los ministerios de Educación, Salud, Trabajo, Cultura, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) y trabajadores sociales analizan cada caso, emiten sus criterios y aprueban mediante acuerdo el listado de personas que recibirán la asistencia.
La relación debe actualizarse mensualmente, de modo que una familia considerada vulnerable puede dejar de recibir la ayuda si mejora su situación económica, mientras otra puede incorporarse si sus condiciones empeoran.
La funcionaria también dejó claro que tener un adulto mayor dentro del núcleo familiar no garantiza el acceso a la asistencia. Los trabajadores sociales deben determinar si existen familiares, incluidos los hijos, capaces de asumir su manutención. "Todos no clasifican. Hay que insistir también en la responsabilidad de las familias", señaló.
La Dirección de Comercio de Santiago de Cuba informó que las personas incluidas en estos perfiles tendrían algún aseguramiento de alimentos, entre ellos arroz y azúcar, hasta diciembre.
Este proceso se inscribe en una redefinición del modelo de protección social aprobada por la Asamblea Nacional en junio, dentro del paquete de 176 medidas económicas y sociales.
A finales de julio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz informó que 876,522 personas habían sido identificadas en situación de mayor vulnerabilidad en todo el país.
En la provincia de Holguín, la tercera más poblada de Cuba, las autoridades reconocieron recientemente que uno de cada 10 habitantes, -90,148 personas-, se encuentran en esa categoría.
Voces críticas advierten que la magnitud real del problema desborda con creces los registros oficiales. Según una investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicada en agosto, la pobreza extrema afecta 94 % de la población cubana.
El jurista René Fidel González García, residente en Santiago de Cuba, rechazó que la cifra oficial sea un dato abstracto. En su opinión, 876,522 personas "no son una cifra fría, son personas viviendo, personas soportando condiciones que son simplemente inadmisibles".
La historiadora Ivette García González fue aún más directa: "Los vulnerables en Cuba ya no son segmentos, no son minoría. Es la mayoría de la gente, el ciudadano común".
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