Jason Richman, cojefe de la Unidad de Seguridad Nacional de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, dejó su cargo el 25 de septiembre sin que se conocieran las razones de su salida, según informó Bloomberg sobre el caso contra Nicolás Maduro.
El fiscal federal de Manhattan, Jamie McDonald, notificó la partida de Richman al juez Alvin K. Hellerstein —quien preside la causa— mediante un escrito judicial en el que precisó que el abogado «ya no estará empleado por la Fiscalía de Estados Unidos a partir del 25 de septiembre de 2026».
Richman solicitó ser retirado formalmente del expediente y se negó a ofrecer declaraciones, según Bloomberg. Tampoco se informó sobre su próximo destino profesional.
Su salida ocurre a menos de nueve meses del inicio del juicio, fijado para el 1 de junio de 2027, y representa una pérdida significativa de experiencia para la acusación en uno de los procesos penales más vigilados de los últimos años.
Richman era considerado un activo clave del equipo fiscal por su trayectoria en casos de narcoterrorismo y seguridad nacional de alto perfil, entre ellos los del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio «Tony» Hernández, tramitados también en Nueva York.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas. La acusación original data de 2020 y fue actualizada tras la captura de Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026. Ambos se declararon no culpables en su primera comparecencia ante el juez Hellerstein.
La defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack —conocido por haber representado a Julian Assange en el caso WikiLeaks—, ha intentado frenar el proceso mediante alegaciones de inmunidad soberana, cuestionamientos sobre la legalidad de la captura y mociones de desestimación. El juez Hellerstein rechazó desestimar el caso en marzo de 2026, aunque la defensa volvió a plantear argumentos similares en septiembre.
Para el 17 de noviembre de 2026 está prevista una audiencia previa al juicio destinada a resolver esas mociones pendientes, incluidas las alegaciones de inmunidad soberana.
La partida de Richman abre varios interrogantes. La Fiscalía deberá designar a otro abogado con experiencia suficiente para asumir la supervisión del caso, aunque la curva de aprendizaje en una causa de esta complejidad es considerable. El equipo defensor podría intentar explotar el cambio como señal de debilidad o desorganización en la acusación.
Por su parte, Cilia Flores ha solicitado en reiteradas ocasiones libertad bajo fianza alegando problemas cardíacos y pérdida de peso. La Fiscalía se ha opuesto en cada ocasión, advirtiendo que podría pasar el resto de su vida en prisión si es condenada.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York tiene una larga tradición de manejar casos internacionales de alto perfil y suele absorber los cambios de personal sin que los procesos se derrumben. Sin embargo, analistas citados por Bloomberg advierten que la capacidad del equipo acusador para reorganizarse sin perder impulso será determinante para el desarrollo del juicio el próximo año.
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