El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció este lunes que presentó demandas para revocar la ciudadanía estadounidense de 40 personas naturalizadas, entre ellas dos cubanos, en la mayor ofensiva de desnaturalización anunciada hasta ahora por la actual administración de Donald Trump.
Las acciones fueron presentadas ante distintos tribunales federales entre el 21 de agosto y el 2 de octubre de 2026. El DOJ sostiene que los demandados obtuvieron la ciudadanía de manera ilegal o mediante el ocultamiento de información relevante y declaraciones falsas durante sus procesos de naturalización.
Los dos cubanos incluidos son Javier Marrero Pando, de 60 años y residente en Athens, Georgia, y Lázaro Eduardo Trujillo Vitón, de 40 años, cuyo caso fue presentado en el Distrito de Columbia.
El caso de Marrero Pando está relacionado con una condena por sodomía agravada. Según el Departamento de Justicia, en junio de 2022 se declaró culpable de ese delito contra un hombre con necesidades especiales y recibió una sentencia de cadena perpetua, con suspensión de la pena excepto 15 años de prisión.
Durante ese proceso penal admitió que en mayo de 2020 obligó a la víctima a realizar actos sexuales contra su voluntad. Sin embargo, cuando fue entrevistado para su naturalización en octubre de ese mismo año, respondió bajo juramento que nunca había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestado, según la demanda.
El gobierno presentó contra él tres argumentos para solicitar la revocación de su ciudadanía: obtención ilegal de la naturalización, falta del requisito de buena conducta moral y declaraciones falsas durante el proceso.
En el caso de Trujillo Vitón, el DOJ sostiene que ocultó durante su proceso de naturalización su participación en una conspiración para defraudar al sistema de salud y la presentación de reclamaciones fraudulentas a Medicare, hechos por los que posteriormente fue condenado.
Según la demanda, la conducta comenzó antes de que obtuviera la ciudadanía y continuó durante el proceso de naturalización. El gobierno argumenta que ocultó deliberadamente esos hechos y proporcionó declaraciones falsas que habrían afectado su elegibilidad para convertirse en ciudadano estadounidense.
Entre los 40 casos aparece también Johyce Martínez, de 52 años y natural de Venezuela. Las autoridades aseguran que entró a Estados Unidos en 2006 utilizando un registro de nacimiento cubano fraudulento, obtuvo posteriormente la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano y mantuvo esa identidad cuando se naturalizó en 2013.
El anuncio profundiza una campaña de desnaturalización que el gobierno de Trump ha intensificado durante 2026. NBC News había informado que las autoridades buscaban identificar entre 100 y 200 posibles casos mensuales, una cifra muy superior a los niveles habituales de años anteriores.
Los casos contra Marrero Pando y Trujillo Vitón tampoco son los primeros que involucran a cubanos. En junio, el DOJ presentó acciones contra otras dos cubanas vinculadas a casos de fraude. Ese mismo año, un tribunal federal revocó la ciudadanía de Mirelys Cabrera Díaz, condenada por fraude a Medicare.
«El anuncio de hoy marca el mayor esfuerzo de desnaturalización en la historia moderna», afirmó el fiscal general Todd Blanche, quien aseguró que el Departamento de Justicia continuará utilizando este procedimiento contra personas que, según el gobierno, ocultaron información que habría impedido su naturalización.
La legislación estadounidense permite revocar una naturalización si un tribunal determina que fue obtenida ilegalmente, mediante ocultamiento de un hecho material o una declaración falsa deliberada. La presentación de una demanda no implica por sí sola la pérdida de la ciudadanía.
Si los tribunales finalmente ordenan la desnaturalización, los afectados perderían la ciudadanía estadounidense y, dependiendo de su situación migratoria y de las circunstancias por las que obtuvieron previamente la residencia, podrían quedar sujetos a posteriores procedimientos migratorios, incluida la deportación.
El Departamento de Justicia subrayó que las afirmaciones incluidas en las demandas son alegaciones y que todavía no existe una determinación de responsabilidad civil en estos procesos.
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