Una investigación encubierta de cuatro años en Florida terminó con 10 personas acusadas de integrar una presunta red de pesca comercial ilegal que habría vendido miles de libras de peces de arrecife y hasta tortugas marinas protegidas.
La Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida (FWC) informó este lunes sobre los resultados de Operation Stolen Waters – Poached for Profit (Operación Aguas Robadas – Cazados por Lucro), una investigación iniciada en 2022 sobre una organización que presuntamente operaba en el Golfo de América.
Según el balance más reciente difundido por la FWC en sus redes sociales, los investigadores documentaron más de 26,000 libras de peces de arrecife recolectados ilegalmente y 178,107 dólares en ventas ilícitas.
La organización habría capturado principalmente pargo rojo y mero en cantidades comerciales, pero fuera del sistema legal de cuotas individuales de pesca, conocido como Individual Fishing Quota (IFQ), que obliga a registrar determinadas capturas y ventas.
Para ocultar la actividad, los involucrados presuntamente recurrían a descargas nocturnas, ventas desde viviendas privadas y transferencias de pescado directamente en el agua, con el objetivo de evitar los controles y mantener las operaciones fuera del sistema oficial de reporte.
El caso tomó un giro todavía más grave cuando los agentes descubrieron que tres de los investigados habrían capturado tortugas marinas protegidas en varias ocasiones.
Según la FWC, los sospechosos llegaron a vender a investigadores encubiertos cinco tortugas marinas: tres adultas y dos crías. Los animales fueron posteriormente liberados sin daños.
Las tortugas marinas están protegidas por la ley y su captura, posesión o acoso están prohibidos. La FWC aseguró que las ventas permitieron a los agentes documentar directamente las presuntas violaciones.
La investigación comenzó en mayo de 2022, después de que las autoridades recibieran denuncias relacionadas con la pesca furtiva de especies de arrecife.
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la FWC y la Fiscalía General de Florida, uno de los sospechosos se acercó inicialmente a investigadores encubiertos para ofrecerles pescado capturado ilegalmente.
A partir de ahí, los agentes documentaron durante años supuestas ventas clandestinas y maniobras para superar los límites permitidos de captura de pargo rojo y mero.
Las autoridades presentaron cargos contra 10 personas por delitos que, según cada caso, incluyen actividad delictiva organizada (racketeering), conspiración, posesión o venta ilegal de tortugas marinas, uso ilegal de dispositivos de comunicación y fraude.
Los acusados enfrentan distintos cargos y mantienen la presunción de inocencia mientras sus casos avanzan en los tribunales.
La Fiscalía de Florida señaló que, de ser declarados culpables de todos los cargos que enfrentan actualmente, algunos de los acusados podrían recibir penas máximas de entre 65 y 75 años de prisión, dependiendo de los delitos atribuidos individualmente.
«Quienes abusen de nuestras aguas y nuestra vida silvestre descubrirán cuán estrictas son nuestras leyes», afirmó el fiscal general de Florida, James Uthmeier, al anunciar los cargos.
Rodney Barreto, presidente de la FWC, sostuvo por su parte que las normas existen para proteger tanto los recursos marinos como a los pescadores que operan legalmente, y destacó el trabajo realizado por los investigadores encubiertos durante los últimos cuatro años.
La operación se conoce pocas semanas después de otro caso relacionado con el cumplimiento de las regulaciones pesqueras en Florida.
En septiembre, un hombre fue arrestado tras ser descubierto con cuatro langostas por debajo del tamaño legal permitido, en otro procedimiento de las autoridades de conservación del estado.
Este tipo de arrestos no es infrecuente en Florida. En agosto de 2025, un hombre fue detenido en los Cayos con 53 langostas antes del inicio oficial de la temporada, y semanas antes otro caso de pesca ilegal dejó varios detenidos por capturar animales sin cumplir las normas de buceo.
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