José Luis Gómez Calderón, técnico de la orquesta Yumurí y sus Hermanos, denunció ante CubaNet que fue amenazado con cárcel y con la separación de sus tres hijos si no abandona el local que ocupa desde que su vivienda se derrumbó el 13 de julio.
Gómez cuida solo a sus hijos —Paola Coralí, de 11 años; Daniela, de 10; y Messi, de nueve— desde 2022, cuando la madre dejó el hogar. Tras el derrumbe, recorrió las oficinas de Vivienda, el Gobierno municipal y la Fiscalía en Obispo sin obtener más que promesas aplazadas, mientras él y los tres menores dormían en la calle durante casi tres semanas.
Ante el abandono institucional, decidió instalarse en un local vacío ubicado en la calle Cuba #604, en La Habana Vieja. En un primer momento, representantes del Gobierno municipal y de Vivienda le permitieron quedarse provisionalmente y también alojaron allí a otras personas sin hogar.
Sin embargo, con el tiempo, esas familias se marcharon por falta de recursos para acondicionar el espacio. Gómez permaneció y, con sus propios ingresos, habilitó un baño, instaló agua y separó el área donde duermen los niños.
Hace pocos días, un presunto funcionario que se identificó como representante de la Fiscalía, acompañado del jefe del sector, le exigió desalojar el inmueble bajo una doble amenaza: la cárcel para él y el traslado de los menores a una casa de amparo filial.
«Si no salgo, me van a meter preso, y a los niños los van a meter para un centro de amparo filial», relató Gómez.
La única alternativa que le ofrecieron fue mudarse a la casa de su madre, la abuela de los niños, pero ella no está dispuesta a recibir a los pequeños en su hogar.
La dueña de la vivienda a donde supuestamente deben trasladarse no acepta a los niños porque nunca vivieron allí ni están registrados como convivientes. Abogados consultados por el padre confirmaron que la ley le da la razón a la propietaria: solo los hijos y convivientes registrados tienen derecho a residir en el inmueble.
Frente a esa situación sin salida, Gómez se niega a marcharse del local ocupado sin que le ofrezcan una solución concreta. «Yo voy a defender el derecho de mis hijos», dijo.
«Si ellos no me han dado ninguna razón a mí para dónde voy a ir. ¿Para dónde voy con mis hijos? Si estoy aquí es porque no tengo casa. Estoy viviendo aquí con estas malas condiciones, porque no tengo dónde estar con mis hijos», declaró el padre cubano.
En septiembre, una madre en Holguín fue arrestada por ocupar un local estatal abandonado con sus cuatro hijos menores, bajo el delito de usurpación tipificado en el artículo 421 del Código Penal, que prevé penas de seis meses a dos años en su forma básica y de dos a cinco años en modalidad agravada.
El drama de Gómez refleja una crisis habitacional de proporciones alarmantes. Al cierre de 2025, La Habana registraba 185,348 inmuebles en mal estado, de los cuales 46,158 requerían reforma capital, y en la ciudad colapsan aproximadamente 1,000 edificaciones al año.
El déficit nacional de vivienda supera las 929,000 unidades, según datos reconocidos por el propio gobierno cubano.
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