Carles Puigdemont, una de las figuras más conocidas y controvertidas de la política española de la última década, puede regresar por ahora a España sin ser detenido por la causa judicial relacionada con el proceso independentista catalán de 2017.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejó sin efecto, con carácter inmediato, las órdenes nacionales de busca, captura y detención que pesaban sobre el expresidente de Cataluña, así como sobre los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig.
La decisión llega después de que el Tribunal Constitucional estimara el recurso de amparo de la exconsejera catalana Dolors Bassa contra la negativa del Supremo a aplicarle la Ley de Amnistía por el delito de malversación de caudales públicos.
El Tribunal Constitucional confirmó oficialmente el 6 de octubre que había dado la razón a Bassa en ese litigio, una decisión que puede tener consecuencias directas sobre otros dirigentes independentistas cuya situación jurídica deriva de los mismos hechos.
Pero existe una precisión importante: Puigdemont todavía no ha recibido una aplicación definitiva de la amnistía en su propia causa.
Llarena dejó las órdenes de detención sin efecto hasta que se dicte una nueva resolución judicial, mientras analiza íntegramente el fallo del Constitucional y determina cómo debe aplicarse al caso del expresidente catalán.
¿Quién es Carles Puigdemont?
Carles Puigdemont fue presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2016 y 2017 y se convirtió en el principal rostro institucional del movimiento que intentó separar a Cataluña de España durante aquellos años.
Actualmente continúa siendo una figura central de Junts per Catalunya, formación independentista que ha tenido un peso importante en la política nacional española y que fue decisiva para que Pedro Sánchez consiguiera los votos necesarios para su investidura como presidente del Gobierno en 2023.
Para entender por qué Puigdemont llevaba casi nueve años fuera de España hay que regresar a la crisis política de 2017.
El referéndum de independencia de 2017
El Gobierno catalán presidido por Puigdemont impulsó el 1 de octubre de 2017 un referéndum sobre la independencia de Cataluña pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español.
Tras la votación, Puigdemont defendió que el resultado otorgaba un mandato para constituir una república catalana. CiberCuba informó entonces de que el dirigente independentista llegó a asumir públicamente el mandato para convertir Cataluña en un Estado independiente, aunque inicialmente pidió suspender sus efectos para intentar abrir una negociación.
El conflicto continuó escalando y el Parlamento catalán aprobó el 27 de octubre de 2017 una declaración unilateral de independencia.
El Gobierno español, entonces presidido por Mariano Rajoy, respondió aplicando el artículo 155 de la Constitución, destituyendo al Ejecutivo catalán y convocando elecciones autonómicas.
¿Por qué Puigdemont se marchó a Bélgica?
Pocos días después de la declaración de independencia, la Fiscalía presentó querellas contra Puigdemont y otros miembros de su Gobierno por delitos que entonces incluían rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Puigdemont salió de España rumbo a Bélgica a finales de octubre de 2017 junto con varios antiguos miembros de su Ejecutivo.
CiberCuba informó en aquel momento de que el expresidente catalán se había instalado en Bélgica tras las acciones de la Fiscalía española.
Desde entonces, Puigdemont ha desarrollado buena parte de su actividad política desde fuera de España, principalmente desde Bélgica, y no fue juzgado junto a otros líderes del proceso independentista porque no se encontraba a disposición del Tribunal Supremo.
Otros dirigentes del ‘procés’ sí fueron juzgados
En octubre de 2019, el Tribunal Supremo condenó a varios dirigentes independentistas que permanecieron en España.
Oriol Junqueras recibió una pena de 13 años de prisión y otros antiguos miembros del Gobierno catalán, como Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, fueron condenados a 12 años, en aquellos casos por sedición en concurso con malversación.
La legislación española cambió posteriormente y el delito de sedición fue eliminado del Código Penal, mientras también se modificó la regulación de la malversación.
Para Puigdemont, el principal obstáculo penal que continuaba sustentando la orden de detención terminó siendo precisamente la acusación por malversación de fondos públicos.
La Ley de Amnistía cambió el escenario
Después de las elecciones generales de 2023, el PSOE necesitaba el apoyo parlamentario de Junts para conseguir la investidura de Pedro Sánchez.
Uno de los elementos centrales del acuerdo político alcanzado posteriormente fue la aprobación de una Ley de Amnistía destinada a extinguir responsabilidades relacionadas con el proceso independentista catalán.
La Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía entró en vigor en junio de 2024.
Sin embargo, su aplicación a determinados delitos de malversación provocó una batalla judicial.
El juez Llarena y posteriormente la Sala Penal del Supremo entendieron que la malversación atribuida a Puigdemont quedaba fuera de la amnistía y mantuvieron su orden nacional de detención.
El propio Tribunal Supremo explicó entonces que consideraba que concurrían excepciones contempladas en la ley relacionadas con el beneficio patrimonial y con los intereses financieros de la Unión Europea.
¿Qué acaba de cambiar?
El giro se produjo este 6 de octubre de 2026.
El Tribunal Constitucional estimó el recurso presentado por Dolors Bassa contra las resoluciones que le habían negado la aplicación de la amnistía al delito de malversación.
Aunque la resolución se refiere directamente a Bassa, Llarena consideró que la cuestión jurídica discutida puede afectar igualmente al fundamento utilizado para mantener las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig.
Por ello decidió dejarlas sin efecto de manera inmediata.
En términos prácticos, mientras esa decisión continúe vigente, Puigdemont puede entrar en territorio español sin que la Policía ejecute contra él la orden de detención relacionada con esta causa.
Eso no significa todavía que el caso esté cerrado
La diferencia es importante.
El juez no ha declarado todavía extinguida definitivamente la responsabilidad penal de Puigdemont ni ha dictado una resolución final aplicándole personalmente la amnistía.
La retirada de la orden permanecerá vigente hasta una nueva decisión judicial, una vez que el Supremo pueda analizar en detalle el razonamiento completo del Tribunal Constitucional.
Por tanto, el cambio permite actualmente el regreso de Puigdemont sin ser detenido por el proceso de 2017, pero todavía queda pendiente la resolución jurídica definitiva sobre su situación.
Una decisión que llega en plena campaña electoral española
El momento añade además una fuerte dimensión política al caso.
España celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 29 de noviembre, después de que el presidente Pedro Sánchez decidiera disolver el Congreso y el Senado.
El Real Decreto 806/2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado confirmó oficialmente la fecha de los comicios.
CiberCuba informó esta semana sobre el adelanto de las elecciones españolas al 29 de noviembre.
Puigdemont no ha confirmado de momento cuándo regresará a España. Su eventual retorno, después de casi nueve años residiendo fuera del país, se produce además en un escenario en el que Junts vuelve a tener un papel relevante en el debate político nacional.
Por qué este asunto también interesa a los cubanos
Las elecciones españolas tienen este año una relevancia particular para la comunidad cubana.
Numerosos cubanos poseen ciudadanía española y otros la han adquirido recientemente a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos.
CiberCuba publicó una guía para los ciudadanos españoles residentes en Cuba que quieran participar en las elecciones del 29 de noviembre.
La posible vuelta de Puigdemont introduce así otro elemento de peso en una campaña electoral española que ya estaba marcada por la vivienda, la inmigración, la relación entre el Gobierno central y los partidos independentistas y el futuro de la mayoría parlamentaria surgida después de las elecciones de 2023.
Por ahora, la consecuencia inmediata es mucho más concreta: por primera vez en años, Carles Puigdemont puede regresar a España sin ser detenido por la causa del procés, aunque el capítulo judicial de la amnistía todavía no está definitivamente cerrado.
Vídeos relacionados:
Archivado en: