Una decisión de un juez federal de Miami ha abierto un importante debate jurídico sobre quién tiene autoridad para castigar el voto de personas que no son ciudadanos estadounidenses, pero el fallo no significa que los residentes permanentes ni otros extranjeros puedan comenzar a votar legalmente en Estados Unidos.
El juez de distrito David S. Leibowitz, del Distrito Sur de Florida, desestimó el proceso penal federal contra Chelsea Michelle Ann Cox, una ciudadana jamaicana acusada de haber votado en las elecciones presidenciales de 2020 pese a no tener ciudadanía estadounidense.
En una resolución de 31 páginas dictada el 1 de octubre, Leibowitz concluyó que el Congreso excedió su autoridad constitucional al aprobar la sección 611 del Título 18 del Código de Estados Unidos, la norma federal utilizada para procesar a Cox.
La resolución completa en United States v. Cox sostiene que la facultad general para establecer los requisitos que debe cumplir una persona para votar pertenece a los estados y no al Congreso federal.
Sin embargo, el alcance de la decisión es mucho más limitado de lo que puede sugerir un titular: el juez resolvió la constitucionalidad de la ley tal como fue aplicada en el caso de Cox y no anuló automáticamente la norma para todo Estados Unidos.
¿Qué ley declaró inconstitucional el juez?
El caso gira alrededor de 18 U.S.C. § 611, una norma federal incorporada al Código Penal en 1996.
La versión vigente publicada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos establece, con determinadas excepciones, que es ilegal que una persona extranjera vote en una elección destinada total o parcialmente a elegir presidente, vicepresidente, senador o miembro de la Cámara de Representantes.
La violación puede ser castigada con una multa, hasta un año de prisión o ambas sanciones.
Cox fue acusada de un delito menor bajo esa disposición por haber emitido supuestamente un voto en Broward County el 29 de octubre de 2020 sabiendo que no era ciudadana estadounidense.
¿Por qué dijo el juez que la ley es inconstitucional?
El razonamiento de Leibowitz no consiste en reconocer a los extranjeros un nuevo derecho al voto.
La cuestión discutida fue otra: si el Congreso tiene poder constitucional para decidir directamente quién reúne las condiciones para votar en una elección federal.
El juez interpretó que la Constitución estadounidense deja en manos de los estados la definición general de las cualificaciones de los electores, aunque el Congreso sí tiene amplias facultades para regular aspectos como el tiempo, el lugar y la forma en que se realizan las elecciones federales.
Según la resolución, la sección 611 no se limita a regular cómo se celebra una elección, sino que establece directamente una condición sobre quién puede votar.
Por ese motivo, Leibowitz concluyó que el Congreso había invadido una facultad reservada a los estados.
¿Entonces los no ciudadanos pueden votar?
No.
Ese es probablemente el punto más importante para residentes permanentes, incluidos miles de cubanos con green card.
La decisión no obliga a Florida ni a ningún otro estado a permitir que los extranjeros voten.
Florida exige expresamente que una persona sea ciudadana de Estados Unidos para registrarse como elector.
El artículo 97.041 de los Estatutos de Florida exige ciudadanía estadounidense, al menos 18 años de edad, residencia legal en Florida y registro electoral válido.
Además, la legislación estatal mantiene sanciones penales independientes.
El artículo 104.15 de los Estatutos de Florida establece que quien vote voluntariamente sabiendo que no es un elector cualificado comete un delito grave de tercer grado.
El propio Leibowitz subrayó en su decisión que Florida puede prohibir y castigar exactamente la conducta de la que fue acusada Cox.
El fallo tampoco elimina la ley federal en todo el país
Otra distinción importante es que la resolución proviene de un tribunal federal de primera instancia.
Eso significa que la decisión resuelve el proceso contra Cox, pero no obliga automáticamente a otros jueces federales de Florida, Missouri, Texas, Nueva York o cualquier otro estado a adoptar la misma interpretación.
La sección 611 continúa apareciendo en el Código de Estados Unidos y el Departamento de Justicia continúa presentando casos bajo esa norma.
El Gobierno federal ya inició el proceso para recurrir el fallo de Leibowitz, por lo que el asunto deberá pasar al Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito.
Una corte de apelaciones podría confirmar la decisión, modificarla o revocarla.
Otro juez de Miami ya llegó a una conclusión diferente
La controversia judicial resulta aún más relevante porque no todos los jueces que han examinado el argumento han llegado a la misma conclusión.
El 9 de septiembre, la jueza federal Jacqueline Becerra, también en Miami, rechazó una solicitud para desestimar el caso contra Wilner Renaud, un ciudadano haitiano acusado de votar en las elecciones federales de 2022.
Renaud había planteado igualmente que el Congreso carecía de autoridad constitucional para aprobar la prohibición federal.
Becerra permitió que el proceso continuara.
La existencia de decisiones distintas incluso dentro del mismo distrito judicial muestra que la constitucionalidad de esta ley está lejos de estar definitivamente resuelta.
¿Qué tiene que ver esto con el cubano arrestado en Missouri?
El debate adquiere interés inmediato para la comunidad cubana después del arresto de Andrés García, un cubano de 64 años con residencia permanente legal en Estados Unidos.
Según la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Missouri, García nació en Cuba, emigró a Estados Unidos durante su infancia y obtuvo la residencia permanente en 2009.
Las autoridades sostienen que se había registrado para votar años antes y que habría participado en al menos 15 elecciones durante aproximadamente dos décadas.
La Fiscalía también afirma que sabía que no era ciudadano estadounidense.
García conserva la presunción de inocencia y los cargos deben ser probados ante un tribunal.
¿Puede el fallo de Miami tumbar el caso del cubano?
No automáticamente.
El caso de García se tramita en Missouri, dentro de un tribunal federal diferente y bajo otro circuito de apelaciones.
El juez que lleve su proceso no está obligado a seguir la interpretación de Leibowitz.
Su defensa podría citar la decisión de Miami como argumento persuasivo si decide cuestionar la constitucionalidad de la misma norma federal, pero el tribunal de Missouri puede rechazar ese razonamiento.
Por eso sería incorrecto afirmar que el arresto del cubano quedó invalidado por el fallo de Florida.
La Administración Trump ha aumentado estos procesos
La disputa judicial se produce en medio de una intensificación de las investigaciones federales sobre posibles votos de personas sin ciudadanía.
El Departamento de Justicia anunció esta semana cargos relacionados con delitos electorales contra 16 extranjeros en diferentes estados.
Entre las acusaciones figuran votos en elecciones federales, registros electorales presuntamente fraudulentos, declaraciones falsas de ciudadanía y falsedades durante procesos de naturalización.
El Departamento de Justicia sostiene que estas investigaciones buscan proteger la integridad de las elecciones.
Los acusados mantienen en todos los casos su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria.
Ser residente permanente no da derecho a votar
Para los cubanos con residencia permanente legal, la conclusión práctica no ha cambiado.
Tener una green card no equivale a ser ciudadano estadounidense.
Un residente permanente puede vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero no adquiere por ese hecho el derecho a votar en elecciones federales.
En Florida, tampoco puede registrarse ni votar en elecciones estatales mientras no obtenga la ciudadanía.
El fallo de Leibowitz discute cuál gobierno —el federal o el estatal— tiene autoridad constitucional para establecer y hacer cumplir determinados requisitos electorales. No convierte a los residentes permanentes en electores.
Qué cambia realmente después del fallo
Por ahora, la consecuencia directa es muy concreta: la acusación federal bajo la sección 611 contra Chelsea Cox fue desestimada.
La decisión también ofrece un nuevo argumento jurídico a otros extranjeros que enfrentan cargos bajo esa misma ley.
Pero no elimina las prohibiciones estatales, no obliga a otros jueces a desestimar casos similares y no concede un derecho general al voto a las personas que carecen de ciudadanía.
La siguiente batalla importante será en los tribunales de apelaciones.
Hasta que una corte superior establezca una regla vinculante —o eventualmente la Corte Suprema se pronuncie— la constitucionalidad de la ley federal seguirá siendo objeto de disputa judicial.
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