Donald Trump anunció en mítines de campaña su intención de impulsar la llamada «No Invasion of Our Country Act», una propuesta que, según el presidente, haría imposible que cualquier sucesor volviera a abrir la frontera a la inmigración ilegal.
Sin embargo, al día de hoy esa iniciativa no existe como proyecto legislativo registrado en el Congreso.
Trump presentó la idea por primera vez el 9 de septiembre de 2026, durante la convención republicana de mitad de mandato celebrada en Dallas, Texas.
«Haremos legalmente imposible que cualquier futuro presidente destruya nuestro país teniendo el derecho de volver a abrir la frontera. Aprobaremos la Ley de No Invasión de Nuestro País», declaró ante miles de asistentes en el American Airlines Center.
La propuesta fue reiterada el 2 de octubre de 2026 en un mitin en Mobile, Alabama, con una formulación más precisa: «Aprobaremos la Ley de No Invasión de Nuestro País, que prohibirá que cualquier futuro presidente vuelva a abrir nuestras fronteras a los inmigrantes ilegales».
La política fronteriza de Trump y sus implicaciones legales siguen generando debate. Para mantenerte al tanto de todos los cambios en Inmigración en EE.UU., sigue nuestra cobertura actualizada.
Ambos actos forman parte de la campaña republicana de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026.
¿Existe ya un proyecto de ley?
La respuesta es no. Búsquedas en Congress.gov no arrojan ningún texto legislativo, número de proyecto ni patrocinadores formales asociados a ese nombre. La «No Invasion of Our Country Act» es, por ahora, una promesa política anunciada en mítines, no una iniciativa formalmente introducida en el Congreso.
Sí existe un proyecto relacionado pero distinto: el H.R. 9773, denominado «Permanent Trump Secure Border Act», presentado por el representante Chip Roy (republicano de Texas) el 20 de julio de 2026 y aprobado por el Comité Judicial de la Cámara por 16 votos contra 14. Ese proyecto tampoco ha avanzado al pleno ni ha sido promulgado como ley.
Trump vinculó la propuesta a otras prioridades legislativas que planea impulsar tras las elecciones de noviembre, como el SAVE America Act, que exigiría identificación de votante y prueba de ciudadanía.
Qué límites tendría una ley así
Desde el punto de vista constitucional, el Congreso sí tiene autoridad principal sobre inmigración y puede aprobar normas que limiten la discreción del Ejecutivo. Pero ninguna ley ordinaria puede impedir que un futuro Congreso la derogue o modifique: esa es la regla básica del sistema legislativo estadounidense.
Además, el presidente de turno conservaría siempre cierta discreción residual: prioridades de deportación, uso de recursos, concesión de parole o permisos de trabajo seguirían siendo facultades ejecutivas que una ley no puede eliminar por completo.
Los tribunales, por su parte, podrían invalidar disposiciones que vulneren la Constitución, como ya ocurrió en abril de 2026, cuando un tribunal federal de apelaciones bloqueó el intento de suspender el acceso al asilo en la frontera sur.
Para que la ley fuera más difícil de revertir se necesitarían mayorías de dos tercios en ambas cámaras, algo prácticamente inviable con el equilibrio de fuerzas actual en el Congreso.
El contexto: la política fronteriza más restrictiva en décadas
La propuesta busca trasladar a legislación permanente las restricciones que hoy descansan en órdenes ejecutivas, vulnerables a ser revertidas por un sucesor.
La administración Trump lleva 15 meses consecutivos sin liberar migrantes detenidos en la frontera, las aprehensiones en el suroeste cayeron un 94% respecto al promedio mensual de la administración Biden, e ICE realizó 49,571 arrestos solo en julio de 2026.
En junio de 2026, Trump firmó la Secure America Act, un paquete de aproximadamente 70,000 millones de dólares para reforzar las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional, aprobado por el Senado con 52 votos contra 47.
En Mobile, Trump advirtió que si los demócratas ganaban las elecciones legislativas intentarían «abrir de nuevo» las fronteras y conceder amnistía a 25 millones de inmigrantes indocumentados, cifra que no ha sido verificada de forma independiente.
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