La división investigativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procesó más de 99 millones de registros electorales en el marco de una operación de vigilancia sin precedentes, según revelan 166 páginas de documentos internos divulgados por el grupo Democracy Forward, obtenidos mediante una demanda bajo la Ley de Libertad de Información.
La unidad Homeland Security Investigations (HSI) describió la iniciativa internamente como una «iniciativa nacional por fases» que abarcó adquisición de padrones electorales, análisis masivo de datos y operaciones de campo en varios estados.
Según un informe interno del 1 de junio, HSI ingirió 50,6 millones de registros de una base de datos del Departamento de Justicia, más otros 48,4 millones obtenidos por Heather Honey, consejera principal del secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, a través de «fuentes independientes de información» que los documentos no identifican.
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Esos datos podrían incluir listas públicas de votantes de California, Nueva Jersey, Pensilvania y Nevada que el Departamento de Seguridad Nacional analizó.
Para procesar los padrones, la agencia empleó la herramienta ELITE de la empresa Palantir, diseñada originalmente para localizar extranjeros sujetos a deportación.
Los investigadores no se limitaron a rastrear votantes individuales: adoptaron un «enfoque investigativo basado en redes», priorizando el análisis de organizaciones y facilitadores sobre casos concretos.
La mayor parte de los documentos ofrecen información sobre cómo HSI y otros componentes del DHS se centraron en intentar encontrar casos de fraude electoral en Nueva Jersey, Michigan, Pensilvania, Minnesota y Ohio, con el objetivo de procesarlos.
Revisaron decenas de grupos sin fines de lucro, aunque muchas de esas revisiones no arrojaron evidencia de irregularidades.
Los documentos también revelan que HSI contempló desplegar agentes encubiertos para infiltrarse en organizaciones sospechosas de facilitar el registro ilegal de no ciudadanos, con foco en Nueva Jersey y Pensilvania.
Un portavoz del DHS defendió la operación: «El DHS ha sido increíblemente transparente sobre la adquisición y el análisis de archivos de votantes de acceso público. El DHS y el DOJ están totalmente enfocados en procesar y deportar a los extranjeros que votan».
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, respondió con dureza: «Parece que el presidente y sus aliados quieren elegir a sus votantes, en lugar de que funcione como debe en una democracia, donde los votantes eligen a sus líderes».
En julio, Mullin anunció que su departamento había encontrado aproximadamente 250,000 personas no ciudadanas registradas para votar solo en California, Nueva Jersey, Pensilvania y Nevada, afirmaciones que los funcionarios de esos estados han cuestionado repetidamente, según CNN.
Una guía legal interna de ICE de diciembre de 2025 estableció que el voto ilegal puede acarrear deportación incluso sin condena penal. El documento precisó: «No existe requisito de que el extranjero supiera que votó ilegalmente, ni se requiere condena».
La operación se desarrolla en medio de una escalada de procesamientos antes de las elecciones de medio término de noviembre de 2026.
Entre los casos más recientes con conexión cubana figuran el arresto de Andrés García, residente permanente de 64 años en Kansas City acusado de participar en al menos 15 elecciones en 20 años, y el de Pedro Pablo Ruiz, residente permanente cubano de 68 años en Luisiana e imputado por presuntamente haber votado sin ser ciudadano estadounidense en las elecciones generales de 2024.
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