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Luis Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, denunció este jueves que dos agentes de la Seguridad del Estado amanecieron apostados frente a su vivienda, impidiéndole salir a la calle. La denuncia la realizó a través de su cuenta de Facebook, acompañada de una fotografía de un patrullero blanco —un Hyundai Grand i10 identificado con el número 800 y girofaro azul— estacionado frente a su puerta.
«ASÍ AMANECÍ 2 AGENTE EN MÍ PUERTA HOY NO PUEDES SALIR ASI VIVIMOS LOS QUE EXIGIMOS LIBERTAD Y VIDA DIGNA», escribió Wilber Aguilar Bravo en su publicación, que cerró con un llamado directo: «LIBERTAD PARA MÍ HIJO WALNIER».
No se trata de un episodio aislado. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha documentado al menos seis actos represivos contra este padre solo durante 2026, incluyendo una citación a interrogatorio el 19 de marzo —junto a su esposa Rosario Rivera Román y su otro hijo Wagner— y una nueva citación de la Seguridad del Estado el 13 de junio.
En enero de 2026, Wilber Aguilar Bravo ya había denunciado que agentes le impedían salir de su casa para buscar alimentos destinados a su hijo en prisión.
El OCDH ha señalado que «en Cuba la represión no se limita a quienes permanecen en prisión por motivos políticos», en referencia al patrón sistemático de hostigamiento que sufren los familiares de presos del 11J.
Walnier Luis Aguilar Rivera fue condenado a 23 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, cuando tenía 21 años.
Su padre ha denunciado reiteradamente que el tribunal ignoró la discapacidad intelectual del joven, diagnosticado con retraso mental producto de una lesión cerebral.
«Su hijo tiene un retraso mental producto de una lesión y no se consideró esta condición en el juicio», ha afirmado Wilber Aguilar Bravo en múltiples ocasiones.
Desde su condena, Walnier ha sido trasladado en tres ocasiones a cárceles cada vez más alejadas de su familia: primero al Combinado del Este en La Habana, luego a la prisión de Agüica en Matanzas en noviembre de 2025, y finalmente a la prisión «Nieves Morejón» en Guayos, Sancti Spíritus, en enero de 2026, a más de 300 kilómetros de su hogar.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado estos traslados forzosos como método de castigo para aislar al preso y quebrar la resistencia de su familia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la familia en 2025 por las amenazas y represalias sufridas. La Embajada de Estados Unidos en Cuba también denunció públicamente los abusos contra Walnier en noviembre de 2025 y exigió su liberación inmediata.
El caso de Walnier se enmarca en la represión masiva desatada tras el 11J, las mayores protestas populares en Cuba en décadas.
Más de 700 personas permanecen encarceladas por su participación en aquellas manifestaciones, y el informe semestral de Cubalex de marzo de 2026 registró 246 eventos violatorios con 540 incidentes represivos en la isla, incluyendo casos contra familiares de presos políticos como el de Wilber Aguilar Bravo.
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