La caída de una dictadura no es el final de una tragedia. Es apenas el comienzo de una tarea gigantesca: reconstruir un país destruido en sus instituciones, su economía, sus valores cívicos y, sobre todo, en la confianza de sus ciudadanos. Por eso debemos hablar desde ahora de lo que ocurrirá al día siguiente.
Un gobierno de transición no puede llegar al poder sin un plan. Tampoco puede convertirse en una prolongación del viejo poder bajo nuevos nombres. Su misión debe estar claramente definida: restablecer la República, garantizar el orden, recuperar las libertades y preparar unas elecciones verdaderamente libres.
La primera prioridad será evitar el caos. Cuba no puede permitirse un vacío de autoridad. Hospitales, centrales eléctricas, transporte, bancos, comunicaciones, distribución de alimentos y medicamentos, puertos y aeropuertos tendrán que continuar funcionando. La población necesitará seguridad y respuestas inmediatas.
Pero mantener funcionando el Estado no significa conservar intacto el aparato represivo. Habrá que distinguir entre las instituciones necesarias para que un país funcione y aquellas estructuras creadas específicamente para controlar, intimidar y perseguir a la ciudadanía.
La policía deberá estar al servicio de la ley y no de un partido. Las Fuerzas Armadas deberán garantizar la soberanía nacional y mantenerse fuera de la lucha política. Las organizaciones represivas tendrán que ser desmanteladas.
Y aquí aparece uno de los mayores desafíos: ¿qué hacer con quienes formaron parte del aparato represivo? No puede existir una justicia colectiva. No todos los funcionarios son criminales ni todos los militares son responsables de los abusos cometidos por el régimen. Pero tampoco puede concederse una amnistía general que convierta décadas de atropellos en hechos sin consecuencias.
La solución tendrá que ser individual. Quien no haya cometido delitos debe poder continuar su vida. Quien haya cometido abusos graves deberá responder ante tribunales independientes. Y quienes hayan ordenado asesinatos, torturas, desapariciones o persecuciones políticas no pueden esconderse detrás del uniforme, del cargo o de la obediencia debida. No se trata de venganza. Se trata de justicia.
Otro asunto explosivo será la propiedad. Durante décadas, el Estado cubano confiscó empresas, viviendas, tierras y negocios. Muchas propiedades cambiaron de manos varias veces. Algunas familias fueron expulsadas del país y otras permanecieron en Cuba. Resolver ese problema será una de las tareas jurídicas más complejas de la transición.
No puede hacerse mediante revancha política ni mediante confiscaciones indiscriminadas. Habrá que crear tribunales independientes, revisar títulos y documentos, reconocer derechos adquiridos legítimamente y establecer mecanismos de compensación cuando la restitución resulte imposible.
La economía será otro campo minado. El país necesitará producir rápidamente. Habrá que recuperar la agricultura, la industria, el turismo, la infraestructura energética y el comercio. Será indispensable abrir espacio a la empresa privada, garantizar la propiedad y crear reglas claras para la inversión nacional y extranjera.
Pero tampoco debemos cometer el error de entregar el país al primer capital que aparezca. Cuba necesitará una economía de mercado con instituciones fuertes, reglas transparentes y responsabilidad social. La reconstrucción económica tendrá que beneficiar al ciudadano común, no crear una nueva clase privilegiada.
Y habrá una cuestión que no podrá ser ignorada: el exilio cubano. Millones de cubanos viven fuera de la isla. Muchos conservaron propiedades, empresas, conocimientos y vínculos familiares. Otros poseen experiencia profesional y capital que podrían resultar fundamentales para la reconstrucción.
El exilio no puede ser tratado como un visitante extranjero. Pero tampoco puede pretender gobernar Cuba desde Miami, Madrid o cualquier otro lugar. Cuba tendrá que ser reconstruida por los cubanos de dentro y de fuera, bajo las mismas leyes y con los mismos derechos.
La relación con Estados Unidos será igualmente inevitable. Washington tendrá un papel importante, pero Cuba no debe sustituir una dependencia por otra. La nueva República deberá mantener relaciones normales con Estados Unidos, América Latina, Europa y el resto del mundo, defendiendo siempre su soberanía.
Ni colonia, ni satélite. República.
Y por encima de todo estará la reconstrucción política. Habrá que legalizar partidos, garantizar la libertad de prensa, reconocer la libertad sindical y religiosa, proteger el derecho de asociación y establecer una auténtica separación de poderes.
La transición tendrá que preparar elecciones libres, pero antes deberá crear las condiciones para que esas elecciones sean realmente elecciones y no simplemente una ceremonia para legitimar a los nuevos poderosos.
También habrá que revisar la legislación heredada de la dictadura. No basta con cambiar los nombres de las instituciones si permanecen intactas las leyes utilizadas para silenciar al ciudadano. Y habrá que comenzar una tarea todavía más profunda: reconstruir la cultura democrática.
Durante décadas se enseñó que el Estado estaba por encima del ciudadano, que la patria pertenecía al partido y que disentir equivalía a traicionar. La nueva Cuba tendrá que enseñar exactamente lo contrario: El Estado existe para servir al ciudadano. El gobierno no es dueño de la nación. El presidente no es dueño del país. Y ningún partido puede estar por encima de la República.
La transición tampoco podrá vivir eternamente de la confrontación con el pasado. Tendrá que mirar hacia adelante. Pero mirar hacia adelante no significa olvidar.
Una nación puede perdonar sin renunciar a la verdad. Puede reconciliarse sin borrar la memoria. Puede cerrar heridas sin declarar que nunca existieron.
Verdad, justicia y reconciliación. Ese debería ser el camino.
Por eso el gobierno de transición debe tener límites muy claros: un mandato temporal, objetivos concretos y la obligación de entregar el poder a quienes resulten elegidos libremente por los ciudadanos. Su éxito no deberá medirse por cuánto tiempo permanezca en el poder, sino por la rapidez con que consiga hacer innecesaria su existencia.
Porque la verdadera transición no será el día en que desaparezcan los dirigentes de la dictadura. Será el día en que un cubano pueda entrar en una urna, votar libremente, regresar a su casa y tener la absoluta certeza de que nadie podrá perseguirlo por haber elegido diferente.
Ese día comenzará realmente una nueva República. Y esa República tendrá que aprender de la tragedia. Porque si después de todo lo sufrido Cuba vuelve a entregar su libertad a un hombre, a un partido o a una ideología, entonces habremos cambiado de gobernantes sin haber cambiado nuestra historia.
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